Allanan la Agencia Nacional de Discapacidad, la droguería involucrada y domicilios de funcionarios; audios comprometen a Karina Milei, Lule y Martín Menem. ¿El José López de Milei?
En horas de la madrugada del viernes 22 de agosto de 2025 se desencadenó un megaoperativo judicial en torno al escandaloso entramado de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una trama que ya sacude los cimientos del gobierno libertario de Javier Milei. El juez federal Sebastián Casanello, en conjunto con el fiscal Franco Picardi, dispuso catorce allanamientos simultáneos en la sede de la agencia, la droguería Suizo Argentina y domicilios vinculados a los principales implicados, tras la filtración de audios donde el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, revela detalles comprometedores sobre la operatoria de retornos, sobornos y favoritismos en la compra de medicamentos. El episodio más impactante ocurrió en una propiedad de Nordelta vinculada a la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina. Emmanuel Kovalivker fue interceptado mientras intentaba abandonar el lugar en un vehículo portando 200 mil dólares distribuidos en sobres, junto con documentación sensible para la investigación. El dinero y el teléfono celular del empresario fueron incautados por la policía, pese a que no existía una orden de captura en su contra. Algunas fuentes periodísticas incluso señalaron que la suma superaba los 240 mil dólares, lo que muestra la magnitud de la maniobra y la urgencia del intento de fuga.
Los audios que originaron la investigación, atribuidos a Spagnuolo y difundidos esta semana, dan cuenta de un mecanismo sistemático de coimas. Según esas grabaciones, los laboratorios que proveían medicamentos a la agencia debían aportar un retorno del ocho por ciento, del cual una parte iba a parar a la droguería Suizo Argentina, y desde allí era canalizado “a la Presidencia”. En la división de ese dinero, siempre de acuerdo con la versión de Spagnuolo, Karina Milei —hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia— se quedaba con un tres por ciento, mientras que el resto era distribuido entre Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. El monto mensual que describen los audios rondaba entre quinientos mil y ochocientos mil dólares. Si se calcula esa cifra en un período de veinte meses, el total acumulado oscilaría entre diez y dieciséis millones de dólares. La periodista Ivy Cángaro, al analizar el caso, lo comparó directamente con el escándalo de José López, el ex secretario de Obras Públicas sorprendido con bolsos repletos de dólares en un convento: “López, que está preso, choreó la mitad”.
En medio de la conmoción pública y las filtraciones, el gobierno decidió remover a Spagnuolo de su cargo y nombrar a Alejandro Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, fue escueto y contundente: “Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”. La Casa Rosada, en cambio, mantuvo un silencio llamativo y tardó en ofrecer explicaciones claras, mientras se multiplicaban los pedidos de la oposición para que el propio presidente y su hermana Karina den respuestas públicas. La situación se agravó por la condición de prófugo de Diego Spagnuolo, que no fue localizado durante los procedimientos y cuyo teléfono permanece apagado o fuera de servicio. Su ausencia alimenta especulaciones: algunos creen que recibió protección de sectores del propio oficialismo para evitar su detención, otros sostienen que se encuentra aislado y en plena fuga. Lo cierto es que su eventual testimonio podría comprometer directamente al círculo más cercano de Milei.
El escándalo representa un golpe político de enorme magnitud. Los audios no sólo delinean un sistema de corrupción alrededor de la compra de medicamentos para personas con discapacidad —una de las áreas más sensibles del Estado—, sino que además apuntan de manera directa al corazón del poder: Karina Milei, mano derecha y hermana del presidente, y los hermanos Menem, aliados estratégicos en la construcción política del oficialismo. Según informes difundidos por distintos medios, Spagnuolo visitó al menos treinta y cuatro veces la residencia presidencial de Olivos, en varias oportunidades en soledad con el propio Milei y en otras junto al economista Darío Epstein y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Este nivel de cercanía refuerza la percepción de que el entramado de retornos no era desconocido por las máximas autoridades.
La magnitud económica y la penetración del sistema de retornos en el ámbito de la salud sugieren que este no es un caso aislado, sino la muestra de un mecanismo más amplio de corrupción institucionalizada. Los porcentajes que se describen —ocho por ciento en total, tres para la secretaria general, uno para los operadores y el resto repartido— evidencian un método estructurado y aceitado. La participación de una droguería de peso como Suizo Argentina, con conexiones políticas y contratos millonarios, confirma que existen franjas privilegiadas de proveedores que acceden al Estado en condiciones especiales, incluso por fuera de los mecanismos regulares de licitación.
El impacto social es particularmente fuerte porque la corrupción aparece vinculada al universo de la discapacidad. Los recursos que deberían estar destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad —medicamentos, tratamientos, insumos— habrían sido utilizados como fuente de enriquecimiento ilícito para funcionarios y empresarios. Las asociaciones de familiares y organizaciones de derechos de las personas con discapacidad expresaron su repudio, reclamaron transparencia y pidieron ser parte de la investigación como querellantes. “Si se confirma lo que muestran los audios, se trata de un robo directo a los más indefensos”, señaló un comunicado de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
La comparación histórica con el caso López es inevitable, pero el contexto es distinto. En este caso, la trama surge en un gobierno que llegó al poder con un discurso de “anticasta” y de supuesta pureza ética. Que el entorno más íntimo del presidente aparezca involucrado en un mecanismo tan burdo de retornos cuestiona de raíz esa narrativa. Algunos analistas señalan que este escándalo podría ser para Milei lo que “Ciccone” fue para Amado Boudou o “los cuadernos” para el kirchnerismo: un punto de inflexión en la credibilidad pública. La oposición ya reclama la conformación de una comisión investigadora en el Congreso, mientras que referentes internacionales observan con atención la reacción institucional de la Argentina.
De aquí en adelante se abren varios escenarios posibles. Uno es el avance rápido de la investigación judicial, con imputaciones formales y medidas procesales contra funcionarios en ejercicio. Otro es la responsabilización política sin consecuencias penales inmediatas, lo que podría derivar en renuncias o desplazamientos forzados en la cúpula oficialista. También existe la posibilidad de un blindaje mediático y político que intente minimizar la crisis, aunque el hallazgo físico de sobres con dólares y las pruebas documentales dificultan esa estrategia. El destino de Spagnuolo es un factor clave: si aparece y declara, el caso puede escalar de manera explosiva; si permanece oculto, la sospecha de complicidad oficial se volverá más fuerte. En cualquier caso, la credibilidad del gobierno ya está dañada.
El escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad expone con crudeza cómo la corrupción puede incrustarse en las áreas más sensibles del Estado. Lejos de ser un caso aislado, muestra un sistema que parece haber funcionado con regularidad y altos montos. La exposición de audios, la incautación de dinero y la fuga de un funcionario estrechamente vinculado al presidente conforman una trama que será difícil de desactivar o relativizar. El país asiste a una encrucijada: o se permite que la justicia avance hasta las últimas consecuencias, o se convalida una vez más la impunidad de los poderosos. Lo que ocurra en las próximas semanas será decisivo no sólo para el futuro inmediato del gobierno de Milei, sino también para la salud institucional de la Argentina.
