La ministra de Seguridad exige identificar a los “funcionarios responsables”, mientras el ministro de Salud es respaldado por el gobierno en medio del escándalo sanitario que ya alcanzó las 96 muertes confirmadas.
Una feroz disputa política se ha desatado en el seno del gobierno libertario, tras confirmarse que al menos 96 personas murieron en Argentina por la administración de fentanilo clínico contaminado con bacterias multirresistentes. El foco actual está en dilucidar responsabilidades: Patricia Bullrich reclama investigar la cadena de custodia y a los funcionarios responsables, mientras el gobierno cierra filas en defensa de Mario Lugones, su ministro de Salud.
El escándalo del fentanilo contaminado es ya considerado como uno de los mayores desastres sanitarios recientes del país. Desde abril de 2025 se reportaron los primeros casos en hospitales como el Italiano de La Plata, con contaminaciones atribuidas a bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Las autoridades confirmaron un saldo mortal de 96 fallecidos, aunque la cifra podría aumentar conforme avanzan las investigaciones en ciudades como Bahía Blanca y Rosario. La crisis estalló luego de que la ANMAT identificara deficiencias graves en los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo, responsables de la producción del fentanilo contaminado. A pesar de ello, la suspensión de actividades llegó recién en febrero de 2025, cuando ya se habían distribuido decenas de miles de dosis en distintas provincias.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la primera en salir al cruce. Apuntó a los organismos de control —entre ellos ANMAT— y a los funcionarios que permitieron el ingreso del fentanilo adulterado, señalando que hubo un fracaso total en la cadena de custodia. En comparaciones duras, advirtió que “así como en su momento la efedrina tuvo desvíos masivos, con el fentanilo se repitió la falta de control para que entrara al país”. Por su parte, el ministro Mario Lugones, apuntado indirectamente por Bullrich y otros sectores, recibió respaldo explícito del gobierno. El jefe de Gabinete afirmó que no presentó su renuncia y que no tuvo responsabilidad directa en la contaminación.
El conflicto no es solo sanitario; también hay fuertes tensiones dentro del gabinete libertario. El ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, acusó directamente a la ANMAT y, por extensión, al Ministerio de Salud por demorar la respuesta ante las primeras alertas. En paralelo, el Ejecutivo presionó al juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, para que ordene la detención de Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio investigado, llegando incluso a amenazar con recusarlo si no avanzaba en esa dirección.
El Poder Judicial no ha quedado al margen. El juez Kreplak ya ordenó la detención de diez personas vinculadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, entre ellas García Furfaro, sus hermanos y su madre, así como directivos técnicos de ambos laboratorios. Los peritajes del Cuerpo Médico Forense e Instituto Malbrán confirmaron la relación entre las contaminaciones y las muertes, determinando un nexo causal en al menos doce casos, a partir de un estudio de historias clínicas. La ANMAT, por su parte, enfrenta investigación por su demora en actuar tras detectar irregularidades en diciembre de 2024, cuando había registros de fallas graves en la producción.
Las familias de las víctimas se movilizan y exigen transparencia. Daniel Oviedo, uno de los familiares, expresó: “Ya me sacaron lo más preciado de mi vida… Solo quiero justicia y responsables”. La oposición y sectores profesionales también cuestionan las políticas de desregulación y los recortes presupuestarios que, en su opinión, dañaron la eficacia del sistema de salud pública. En el Congreso, se aprobó un pedido de informes y se evalúa crear una comisión investigadora para esclarecer el rol de funcionarios involucrados, con la presión explícita de Bullrich para que se determine quiénes fueron los responsables políticos.
Más allá del dolor inmediato, el caso abre reflexiones de fondo. Existen fallas estructurales y regulatorias: este episodio expone lagunas graves en la supervisión de bienes críticos como anestésicos potentes. Los controles tardíos y laxos permitieron que el producto contaminado circulara libremente durante meses. También está en juego la responsabilidad política: el choque entre Bullrich y Lugones revela una tensión central entre seguridad pública y salud, entre la necesidad de represión del delito y la de regulación sanitaria rigurosa. La independencia judicial también está en entredicho: las presiones del Ejecutivo sobre un juez federal con lazos políticos ponen en jaque la confianza ciudadana. Y, por último, el riesgo de la politización del dolor: usar tragedias sanitarias como instrumento partidario desgasta aún más la credibilidad en las instituciones.
La crisis del fentanilo contaminado en Argentina —con al menos 96 muertos confirmados, más posibles casos por verificarse, y grandes irregularidades en juego— refleja fallas profundas en la cadena sanitaria del Estado. La interna entre Bullrich y Lugones, junto con los roces dentro del gobierno de Javier Milei, revela que el escándalo no se limita a la salud pública sino que alcanza a la gobernabilidad misma. Si hay algo que las víctimas y la ciudadanía demandan por encima de todo, es que la justicia actúe con autonomía, que se respondan las preguntas con reformas y transparencia, y que jamás se repita una catástrofe sanitaria de esta magnitud.
