El organismo fiscal, a través de cruces con AFIP, bancos y proveedores, reforzará las fiscalizaciones, notificará digitalmente a contribuyentes y podrá recategorizar o auditar ante irregularidades. La medida responde a la creciente adopción de pagos electrónicos y la necesidad de combatir evasión y asegurar equidad fiscal.
El 23 de agosto de 2025, se informó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzará un plan de fiscalización para detectar irregularidades en el régimen del monotributo. Este incluye cruces de datos con la AFIP, movimientos bancarios y proveedores de servicios, buscando identificar operaciones que excedan los topes de facturación permitidos por cada categoría. El propósito declarado es garantizar la equidad tributaria y fortalecer el control fiscal, además de preservar la competencia justa y transparente. Ante inconsistencias detectadas, ARCA podrá realizar auditorías presenciales en actividades con alta evasión, enviar notificaciones digitales para permitir la regularización antes de sanciones, emitir citaciones formales para que el contribuyente presente documentación respaldatoria e incluso recategorizar de oficio a quienes superen los parámetros establecidos.
Los límites de facturación por categoría, actualizados hasta el tope K, marcan la vara de control: la categoría A alcanza hasta $8.992.597,87; la B hasta $13.175.201,52; la C hasta $18.473.166,15; la D hasta $22.934.610,05; la E hasta $26.977.793,60; la F hasta $33.809.379,57; la G hasta $40.431.835,35; la H hasta $61.344.853,64; la I hasta $68.664.410,05; la J hasta $78.632.948,76 y la K hasta $94.805.682,90. Estos topes representan la frontera crítica: excederlos activará automáticamente la lupa fiscal, con consecuencias que pueden ir desde recategorizaciones hasta sanciones más severas.
La medida se enmarca en una política más amplia de control digital que ARCA viene desplegando desde mediados de año. Desde junio de 2025, la agencia intensificó la vigilancia sobre transferencias bancarias y billeteras virtuales, estableciendo límites mensuales que activan alertas fiscales: $600.000 para consumos con débito o billeteras, $1.000.000 para acreditaciones y depósitos, y $2.000.000 para transferencias a billeteras virtuales. A su vez, implementó la obligación de generar un remito digital para operaciones que involucren transporte de productos por parte de monotributistas, reemplazando los formularios en papel y mejorando la trazabilidad fiscal. En paralelo, reorganizó su estrategia sobre grandes contribuyentes: mediante la Resolución General 5670/2025, concentró 10.000 CUITs responsables del 70 % de la recaudación bajo una unidad específica, con seguimiento personalizado. La panorámica revela un modelo integral de fiscalización basado en datos cruzados, segmentación de contribuyentes y nuevas herramientas tecnológicas.
La pregunta clave es por qué ahora. Existen múltiples factores que empujan esta intensificación. En primer lugar, la digitalización acelerada: el uso masivo de billeteras virtuales y pagos electrónicos modificó la economía real y generó nuevos desafíos para el fisco. Segundo, la necesidad de evitar evasión y distorsiones: el monotributo fue concebido para pequeños contribuyentes, pero no pocos simulan categorías inferiores pese a facturar más, obteniendo beneficios injustos. Tercero, la equidad y la competencia: empresas y trabajadores que cumplen con la ley denuncian estar en desventaja frente a quienes manipulan categorías, generando competencia desleal. Cuarto, la eficiencia fiscal: con restricciones presupuestarias crecientes, aumentar la recaudación sin subir impuestos es la vía políticamente más viable. Quinto, la trazabilidad: el remito digital y los controles bancarios dificultan la informalidad y mejoran la capacidad de fiscalización en tiempo real.
El impacto potencial es variado. Desde el punto de vista del contribuyente, aumentará el riesgo de fiscalización, aunque la notificación digital previa ofrece la oportunidad de corregir errores antes de sanciones. Se incrementará la necesidad de adaptar sistemas contables y digitales, lo cual puede representar una carga adicional para quienes tienen pocos recursos técnicos. También crecerá la carga operativa, con la obligación de alinear facturación, movimientos bancarios y remitos digitales. Para el Estado, la medida implica mayor capacidad para identificar inconsistencias y recategorizar contribuyentes, una mejor focalización de inspecciones y un aumento de recaudación sin modificar alícuotas. En términos económicos, puede derivar en una competencia más justa, formalización de actividades y fortalecimiento del sistema de seguridad social.
Comparado con modelos internacionales, Argentina se acerca a los estándares de Uruguay y Chile, donde los sistemas de fiscalización cruzan datos de manera automatizada y en línea. No obstante, persisten riesgos: un exceso de fiscalización podría ahogar la iniciativa de pequeños contribuyentes, desincentivando la formalización. La clave estará en el equilibrio entre control y educación fiscal. La presunción de buena fe es fundamental: no todos los errores responden a evasión deliberada. Educar al contribuyente y simplificar procesos será esencial para que el sistema funcione como un incentivo a la formalidad y no como un castigo burocrático.
En conclusión, ARCA está implementando un plan ambicioso y multifacético para modernizar la fiscalización del monotributo. Los cruces de datos, las notificaciones digitales, la recategorización de oficio y los nuevos instrumentos como los remitos electrónicos y el control sobre billeteras virtuales reflejan un enfoque contemporáneo con alto potencial recaudatorio. El éxito dependerá de la transparencia, de la capacidad de adaptación de los contribuyentes y de la prudencia en la aplicación de sanciones. Si el sistema logra consolidar ese equilibrio, Argentina dará un paso significativo hacia una recaudación más eficiente, equitativa y moderna, con beneficios directos para la competitividad, la formalidad económica y la justicia tributaria.
