Filtración de audios destapa una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad; presuntas maniobras vinculadas a Karina Milei y operadores cercanos, mientras el Ejecutivo promueve la intervención del organismo y el kirchnerismo plantea regular los DNU.
Una nueva crisis política estalló el 24 de agosto de 2025, cuando se conoció que en abril ya habían surgido indicios sobre irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que ahora estallan con fuerza tras la filtración de audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo. El episodio sacude los cimientos del oficialismo, en particular por el rol que podría desempeñar Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei.
Los audios difundidos revelan un presunto sistema de cobro de comisiones ilegales: “…vos lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia… A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria…”. Spagnuolo también asegura tener “todos los WhatsApp de Karina” y afirma haber advertido al Presidente sobre la corrupción: “Le dije: Javier, vos sabés que están choreando…”. Según trascendió, la recaudación alcanzaría entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales, representando hasta un 8 % del valor de contratos públicos vinculados a la provisión de medicamentos.
La reacción del Gobierno fue inmediata: destituyó a Spagnuolo y dispuso la intervención de Andis. El interventor designado, Alejandro Alberto Vilches, secretario de Gestión Sanitaria, asumió con la misión de auditar en profundidad la gestión. Paralelamente, la Justicia avanzó con allanamientos en 14 domicilios, entre ellos laboratorios y residencias privadas. En uno de ellos, un operador cercano, Emmanuel Kovalivker, fue hallado con 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo, mientras su hermano permanece prófugo. La denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón imputa delitos graves como cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de la ley de Ética Pública. El juez Sebastián Casanello instruye la causa y el Ministerio Público Fiscal busca determinar si las maniobras tenían cobertura política de la Secretaría General de la Presidencia.
En abril de 2025 ya habían aparecido rumores sobre anomalías en Andis. Informes internos y alertas administrativas circularon en despachos legislativos, pero no lograron instalarse públicamente. Hoy, ese antecedente cobra un nuevo sentido: la revelación de los audios confirma que las alarmas existían y que la magnitud de lo investigado supera las sospechas iniciales. El escándalo se agrava porque afecta a un área sensible como la provisión de medicamentos y tratamientos a personas con discapacidad, uno de los programas sociales con mayor impacto directo en la vida de los ciudadanos.
El Gobierno insiste en desligar a Javier Milei del caso, aunque admite la necesidad de que la Justicia avance. No obstante, la oposición aprovecha el terreno: sectores kirchneristas y aliados impulsan un proyecto para limitar el uso presidencial de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), proponiendo que pierdan vigencia si no son ratificados en 90 días por ambas cámaras. El trasfondo es claro: el escándalo erosiona el relato libertario de lucha contra la corrupción y desnuda vulnerabilidades institucionales en la toma de decisiones.
Dentro del oficialismo, el golpe es doble. La figura de Karina Milei, que en las últimas semanas había reforzado su centralidad al reclamar “lealtad” en el cierre de listas legislativas, queda en el ojo de la tormenta. La oposición exige explicaciones, pedidos de informes y la presencia de funcionarios en el Congreso. Al mismo tiempo, colectivos de personas con discapacidad se manifestaron frente al Parlamento tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que añade un costado social explosivo.
Los analistas políticos coinciden en que este caso impacta más que otros episodios recientes porque involucra medicamentos y tratamientos esenciales. A diferencia de discusiones más técnicas —como las que rodearon al criptoactivo $LIBRA—, el tema de la salud es tangible y cotidiano. La indignación social no se explica solo por la magnitud de los montos, sino por la percepción de que se lucraba con necesidades vitales de un sector vulnerable.
El oficialismo enfrenta un dilema: reforzar el control institucional y la transparencia o resistir la ofensiva opositora bajo la lógica de que se trata de una operación política. El desenlace no es menor: con las elecciones legislativas de octubre en el horizonte, el caso Andis puede convertirse en un factor decisivo en el humor social y en la correlación de fuerzas parlamentarias.
El escándalo de los audios y la trama de coimas sacuden a un Gobierno que había hecho de la ética pública y la lucha contra “la casta” su bandera de campaña. Hoy esa bandera flamea bajo sospecha. Si el Ejecutivo logra encauzar la crisis con gestos claros de transparencia, aún puede recomponer parte de su credibilidad. Si, en cambio, opta por negar y minimizar, corre el riesgo de que la Andis se transforme en el Waterloo de la narrativa libertaria.
Lo cierto es que las alarmas de abril ya habían sonado, y el estallido de agosto no hace más que confirmar que la corrupción, incluso en gobiernos que se presentan como distintos, sigue siendo un fantasma persistente en la política argentina.
