En apenas un año, la droguería Suízo Argentina multiplicó por 27 sus negocios con el sector público. El contrato integral autorizado por el Ministerio de Salud explica buena parte del salto, aunque la empresa también facturó con Defensa y Seguridad, en un marco de ajuste estatal y denuncias por sobornos que ponen en jaque al entorno presidencial.
La fotografía que dejan los registros oficiales de Compr.Ar en el último año es contundente: la droguería Suízo Argentina SA, una empresa con más de medio siglo de trayectoria en la distribución farmacéutica, pasó de contratos con el Estado por 3.898 millones de pesos en 2024 a 108.299 millones en lo que va de 2025. El salto, del 2.678 %, se produce en un contexto de inflación acumulada del 117,8 % en 2024 y del 17,3 % hasta julio de 2025 según el INDEC, lo cual deja a la vista que el crecimiento de sus negocios con el sector público fue muy superior al movimiento de precios de la economía. La explicación principal de ese descomunal incremento se encuentra en un contrato integral autorizado por el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, por 78.267 millones de pesos, destinado a la distribución y almacenamiento de medicamentos y vacunas que requieren cadena de frío. A esa cifra se suman otros procesos de compra en distintas dependencias, que estiran la facturación de Suízo Argentina con el Estado hasta niveles nunca vistos, involucrando incluso áreas de Defensa y Seguridad.
El contrato de Salud es el corazón de este fenómeno, pero en paralelo se acumularon decenas de licitaciones y compras directas que pintan un escenario de dependencia creciente de la administración pública hacia esta droguería. En los listados aparecen adquisiciones de Asparaginasa Pegilada por más de 1.000 millones, Cetuximab por 2.800 millones, hormonas de crecimiento por 861 millones, medicamentos oncológicos por 762 millones, Enzalutamida por 436 millones y otros ítems críticos para tratamientos de cáncer, trasplantes y enfermedades poco frecuentes. En el ámbito del INCUCAI, se le adjudicaron provisiones de Busulfan, Eltrombopag y Voriconazol por 94 millones. A su vez, en la logística de distribución, Suízo Argentina compartió con Andreani un contrato multimillonario por casi 100.000 millones, donde la firma de la familia Andreani se quedó con 20.000 millones y Suízo Argentina con más de 78.000, superando en la licitación a Correo Argentino y OCA.
La expansión no se limitó al Ministerio de Salud. En el área de Defensa, bajo la conducción de Luis Petri, Suízo Argentina fue adjudicataria de guantes quirúrgicos por 105 millones para el Hospital Naval Pedro Mallo, de soluciones fisiológicas y ringer lactato por 133 millones y de medicamentos de alto costo por otros 469 millones. En Seguridad, específicamente a través de la Policía Federal, recibió contratos por medicamentos de alto costo por 1.680 millones, medicación para control de HIV por 301 millones, fármacos neurológicos por 26 millones y antineoplásicos por 1.426 millones. En total, en apenas un año y medio, acumuló 105 procesos de compra, una cifra que contrasta con los registros de administraciones anteriores: durante el gobierno de Mauricio Macri se cuentan 22 y en los cuatro años de Alberto Fernández apenas aparecen algunos procesos de menor magnitud.
El espectacular crecimiento se vio atravesado por un escándalo político y judicial que golpea de lleno al corazón del oficialismo. En audios filtrados y atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se escucha cómo Suízo Argentina obligaba a proveedores a pagar un 8 % de comisión. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8, lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’”, señala uno de los pasajes. Según esas mismas denuncias, un 3 % iba supuestamente destinado a Karina Milei, secretaria de Presidencia y hermana del presidente, otro porcentaje a operaciones y otro a Spagnuolo. Estas acusaciones derivaron en una denuncia judicial presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra Javier y Karina Milei, Spagnuolo, Martín Menem y directivos de Suízo Argentina, por presuntos delitos de cohecho, administración fraudulenta, asociación ilícita y violación de la ley de Ética Pública. El juez Sebastián Casanello ordenó allanamientos en entre 14 y 15 domicilios, incluyendo sedes de Andis y de Suízo Argentina, con secuestro de teléfonos, documentación contable y dinero en efectivo. Uno de los directivos fue sorprendido con más de 266.000 dólares y 7 millones de pesos guardados en efectivo.
El caso estalló en medio de la campaña electoral legislativa, cuando el oficialismo intentaba mostrar orden fiscal y disciplina en las cuentas públicas. La oposición aprovechó para presentar pedidos de informes en el Congreso, apuntando a Lugones por el contrato multimillonario con Salud y exigiendo explicaciones sobre el rol de la Secretaría de Presidencia. El episodio se tornó explosivo porque choca con el relato oficial de austeridad. Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei impulsó un ajuste inédito que incluyó la reducción de ministerios, la disolución de organismos como el INADI o el ENOHSA, un recorte presupuestario estimado en 3.000 millones de dólares en gastos de funcionamiento y un achique del 15,8 % en el empleo público, lo que representó 54.176 puestos menos entre finales de 2023 y junio de 2025. Según el CEPA, se trata del mayor recorte del sector estatal desde la convertibilidad. El Gobierno alardeó de haber eliminado casi 48.000 cargos con un ahorro de 1.885 millones de dólares.
En ese contexto, la irrupción de contratos concentrados en una sola empresa por más de 100.000 millones abre interrogantes políticos y éticos. Mientras miles de trabajadores estatales perdían sus empleos y organismos completos eran desarticulados, Suízo Argentina multiplicaba sus ingresos en niveles exponenciales. ¿Qué hay detrás de este favoritismo? Los analistas esgrimen distintas hipótesis. Una de ellas apunta a la centralización de compras y la eliminación de licitaciones de obras públicas como puerta de entrada a adjudicaciones discrecionales. Otra señala la red de vínculos entre la familia Kovalivker —propietaria de la droguería— y el círculo político más próximo al Presidente, incluida su hermana Karina y dirigentes de La Libertad Avanza como Martín Menem. También se menciona que la obsesión oficial con el ajuste y la reducción del Estado debilitó los controles sobre las contrataciones, generando un terreno fértil para prácticas poco transparentes. Y finalmente, el factor electoral: con el Gobierno en campaña, el escándalo de sobornos y sobreprecios estalló en el peor momento, comprometiendo la imagen presidencial y alimentando la narrativa de una “nueva casta” que reproduce viejas prácticas.
El resultado es un cuadro complejo donde conviven cifras récord, acusaciones judiciales y un relato oficial tensionado. La droga Suízo Argentina aparece como símbolo de las contradicciones del proyecto libertario en el poder: ajuste para unos, negocios extraordinarios para otros. Con una facturación que pasó de 3.900 a 108.000 millones en un año, la empresa quedó en el centro de la tormenta que puede definir el pulso político de los próximos meses. La investigación judicial avanza y, mientras se acumulan pruebas y testimonios, la pregunta se impone con crudeza: ¿se trata de una estrategia eficiente de centralización de compras o de un esquema de corrupción que amenaza con arrastrar a las más altas esferas del Gobierno?
