La medida de ATEPSA, que ya provocó cancelaciones y demoras masivas, continuará durante toda la semana con nuevas jornadas de protesta que anticipan más tensión en los aeropuertos.
El segundo día del paro nacional impulsado por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) dejó a la vista la magnitud de un conflicto que ya afecta a más de 100.000 pasajeros en toda la Argentina y que amenaza con extenderse durante el resto de la semana. Según datos de Aerolíneas Argentinas, solo en la jornada del domingo más de 4.400 viajeros resultaron impactados por la cancelación de 42 vuelos y la reprogramación de otros 122, de un total de 320 servicios programados. Sin embargo, estimaciones privadas elevaron la cifra de afectados a más de 11.000, e incluso algunos cálculos alcanzaron los 19.000, lo que refleja la dificultad de dimensionar un conflicto dinámico que se replica en distintos aeropuertos. La protesta se desarrolla en franjas horarias previamente anunciadas —entre las 13 y las 16, y entre las 19 y las 22—, pero Aerolíneas denunció que hubo nueve vuelos, incluso dos internacionales, bloqueados fuera del horario formal del paro, lo que perjudicó a más de 800 pasajeros adicionales. La compañía estatal presentó la denuncia correspondiente, advirtiendo que la medida excedió el marco legal previsto y dejó en evidencia la tensión institucional que acompaña a este reclamo sindical.
La cronología de medidas, que comenzó el viernes 22 de agosto, continuará el martes 26 con interrupciones entre las 7 y las 10 y de 14 a 17 horas; seguirá el jueves 28 de agosto entre las 13 y las 16; y concluirá, al menos en este calendario, el sábado 30 con bloqueos en las franjas de 13 a 16 y de 19 a 22 horas. El sindicato aclaró que se exceptúan de la protesta los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y rescate, aunque las denuncias sobre bloqueos por fuera del cronograma plantean un escenario de incertidumbre operativa. Frente a esta situación, las compañías aéreas implementaron planes de contingencia. Aerolíneas recomendó a sus pasajeros controlar sus vuelos a través de canales digitales y notificaciones por correo electrónico. LATAM ofreció cambios gratuitos en la misma ruta, JetSMART habilitó reprogramaciones sin costo hasta el 14 de septiembre para pedidos ingresados hasta el 31 de agosto, y Flybondi informó que ya debió cancelar diez vuelos y reprogramar más de 35, con un total de 7.000 clientes afectados.
La raíz del conflicto se ubica en la negociación salarial. Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, que se extendió hasta el 7 de agosto, las propuestas del Gobierno y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) fueron rechazadas por el gremio. Una de las últimas ofertas contemplaba un aumento del 15%, considerado insuficiente por ATEPSA. La empresa estatal, por su parte, remarcó que se realizaron 17 audiencias de negociación sin avances y calificó el paro como una afectación a un servicio esencial garantizado por ley. El trasfondo es más amplio: en un contexto de inflación persistente y ajustes presupuestarios, los controladores reclaman mejoras que compensen el deterioro de sus ingresos, mientras que las autoridades buscan contener el gasto y evitar un efecto dominó sobre otros gremios estratégicos.
El conflicto coloca en el centro de la escena el delicado equilibrio entre el derecho a la protesta y la garantía de un servicio esencial. Cada día de paro implica miles de pasajeros varados, reacomodaciones imprevistas y sobrecostos para las aerolíneas, las agencias de turismo y los aeropuertos, además de una imagen deteriorada de la confiabilidad del sistema. La tensión social es palpable: familias que no logran llegar a sus destinos de vacaciones, ejecutivos que pierden reuniones programadas y trabajadores que no pueden retornar a sus provincias después de días de descanso. En las terminales aéreas, la postal es la misma: filas extensas, paneles con anuncios de cancelación, enojo y resignación en partes iguales.
A todo esto se suma la presión internacional. Los vuelos hacia y desde el exterior también se ven comprometidos, lo que afecta la reputación del país como destino turístico y como nodo de conectividad. El turismo receptivo, en temporada alta, puede sufrir pérdidas millonarias si las cancelaciones se prolongan. Las aerolíneas, a su vez, ya advierten sobre los costos de la reprogramación y el eventual incremento en la demanda de devoluciones.
Expertos en derecho laboral y transporte coinciden en que se trata de un escenario de difícil resolución rápida. Por un lado, el sindicato utiliza la medida de fuerza como herramienta de presión en un servicio de alto impacto público, lo que potencia el alcance de su reclamo. Por otro, el Gobierno enfrenta el dilema de evitar ceder a todas las exigencias, lo que abriría la puerta a reclamos similares de otros gremios en áreas sensibles, como transporte, energía y salud.
Lo que viene será decisivo. Con tres jornadas de paro aún por delante, el sistema aéreo argentino se enfrenta a una semana de máxima tensión. El desafío es doble: recomponer el diálogo paritario con propuestas realistas y sostenibles, y al mismo tiempo ofrecer garantías a los usuarios de que sus derechos no quedarán rehenes de la pulseada gremial. La experiencia reciente indica que, si no se encuentra una salida en las próximas horas, el malestar ciudadano puede crecer y derivar en reclamos judiciales y sanciones regulatorias. El tiempo corre: cada día de paro multiplica el impacto y erosiona la confianza en la capacidad de gestión de un sector clave.
Lo que comenzó como una pulseada salarial se ha convertido en un test de resistencia para el sistema aeronáutico argentino y para la relación entre Estado, empresas y sindicatos. Con más de 100.000 pasajeros ya afectados, la pregunta que se impone es si habrá margen para evitar que esta semana de tensión se transforme en una crisis mayor.
