Tras meses de estancamiento, la oposición logró destrabar la comisión investigadora del escándalo $LIBRA en la Cámara de Diputados, e impuso un nuevo reglamento que permitirá avanzar en la designación de autoridades y en la producción del informe final. Este relanzamiento pone al Ejecutivo contra las cuerdas, ante la mirada atenta de la justicia argentina y estadounidense, y acentúa la tensión política en plena campaña electoral.
El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales —especialmente la plataforma X— para promocionar una nueva criptomoneda llamada $LIBRA, afirmando que se trataba de un proyecto privado destinado a fomentar la economía y el emprendimiento argentino. Sin embargo, horas más tarde el valor de la moneda colapsó, generando pérdidas millonarias a miles de inversores, mientras que los creadores alcanzaron beneficios multimillonarios gracias a una maniobra de tipo rug pull. La situación escaló rápidamente. Millones de pesos y dólares quedaron atrapados en operaciones sospechosas vinculadas a funcionarios y al entorno presidencial. La jueza María Servini ordenó una investigación profunda, que incluyó el congelamiento de activos y la inhibición de bienes tanto en Argentina como en Estados Unidos.
Dentro del Congreso, la oposición impulsó la creación de una comisión investigadora, aprobada en abril por una amplia mayoría, con el objetivo de interpelar a ministros clave como Guillermo Francos, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona. Sin embargo, en los meses siguientes, la comisión quedó paralizada ante la imposibilidad de designar autoridades, debido a un empate en la votación. La oposición integró la comisión desde abril, pero en dos ocasiones la elección de autoridades culminó en empates de 14 a 14, imposibilitando su funcionamiento efectivo. Mientras tanto, el gobierno buscaba desactivar el escándalo cerrando la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para investigar $LIBRA, sin resultados públicos y sin rendición de cuentas, lo que despertó críticas por intentar blindar a los involucrados. En el plano judicial, mientras tanto, la causa avanzaba: además del congelamiento de activos en EE.UU., en Argentina se comenzaron a recabar datos bancarios, vínculos financieros y se avanzó en denuncias por estafa, ventas fraudulentas y lavado de dinero.
A mediados de agosto de 2025, la oposición consiguió una victoria clave. En un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presentó un dictamen de mayoría —promovido por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)— que modifica el reglamento original para destrabar los empates y permitir la elección de autoridades. Las principales modificaciones establecen que, en caso de empate, la presidencia de la comisión recaerá en el candidato propuesto por los bloques que, en conjunto, representen la mayor cantidad de diputados en la Cámara; la vicepresidencia y secretaría se asignarían en función del respaldo respectivo. El dictamen fue firmado por 38 diputados opositores (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda) de un total de 66, mientras que La Libertad Avanza firmó el rechazo y allegados al Ejecutivo optaron por no firmar ninguna resolución. Con estas firmas, el proyecto quedó listo para ser llevado al recinto, donde la oposición confía en que se logre aprobar la medida que destrabe la comisión y la habilite para funcionar con normalidad.
Este relanzamiento de la comisión en el Congreso no es un mero trámite técnico. Representa una clara ofensiva de la oposición frente al oficialismo, especialmente en un año electoral. La oposición busca no solo investigar el escandaloso fracaso financiero, sino también ejercitar presión política sobre Milei y su entorno. Además, el avance legislativo coincide con un contexto judicial que ya tomó decisiones relevantes: la justicia estadounidense congeló 280 millones de dólares relacionados con el caso, mientras que en Argentina se están reuniendo pruebas que podrían llevar a imputaciones y medidas concretas. La combinación de activación de la comisión investigadora y acciones judiciales en distintos frentes –nacional e internacional– aumenta significativamente el riesgo para el oficialismo: pone en jaque su estrategia de “resistir y ganar tiempo” y lo obliga a responder ante la opinión pública y la justicia.
Más allá de los datos, el caso tiene implicancias profundas. En primer lugar, el equilibrio de poderes está en juego: la oposición logró imponer su mecanismo para destrabar la comisión, lo cual reafirma la capacidad del Congreso de intervenir activamente en casos de gravedad institucional. La presidencia de la comisión es estratégica —voto doble en caso de empate, agenda de trabajo— y ahora queda en manos opositoras. En segundo lugar, aparece la tensión entre estrategia política y escándalo público: el gobierno trató de minimizar el caso calificándolo como una “cuestión política”, mientras el aparato judicial avanza en paralelo. Esto obliga al oficialismo a enfrentar dos frentes simultáneos: el judicial y el político. En tercer lugar, se destaca la simultaneidad de investigaciones: hay tres frentes abiertos, la comisión del Congreso, la investigación judicial nacional y otra en EE.UU. A diferencia de la UTI cerrada sin resultados, las acciones actuales muestran una correlación entre herramientas institucionales y judiciales que podría llevar a resultados concretos. Por último, el escenario electoral se vuelve más tenso: en un año de elecciones legislativas, el Caso $LIBRA se convierte en un elemento central de la agenda política. No solo representa una crisis económica y ética sino también una oportunidad para la oposición de posicionarse como garante de transparencia y control institucional.
Los próximos pasos ya están claros. Primero, el dictamen aprobado en comisión será sometido a votación en la Cámara de Diputados, en una sesión que puede convocarse en los próximos días. Segundo, si se aprueba el dictamen, la comisión podrá definir su presidencia (con un doble voto clave), vicepresidencia y secretaría, y así comenzar a trabajar formalmente. Tercero, se avanzará con la presentación de testimonios: están citados a declarar el jefe de Gabinete, el ministro de Economía y el de Justicia, aunque algunos ya se excusaron y pueden volver a ser convocados. Finalmente, con el nuevo plazo extendido hasta el 10 de noviembre, la comisión deberá producir un informe exhaustivo que llegue a la Justicia y se convierta en un insumo clave para posibles acusaciones o sanciones institucionales.
El relanzamiento de la comisión investigadora del caso $LIBRA constituye una jugada clave de la oposición para poner nuevamente en el centro del debate público un escándalo con consecuencias institucionales, económicas y, posiblemente, penales. La combinación de presión legislativa, visibilidad pública y avances judiciales tanto nacionales como internacionales intensifica la crisis del oficialismo y redefine los límites del poder institucional en Argentina.
