La última encuesta de la consultora Zentrix reveló que casi siete de cada diez argentinos no creen en las cifras oficiales de inflación. El descrédito en torno al INDEC vuelve a instalarse en el centro del debate público, en un país marcado por la memoria de manipulaciones estadísticas, la polarización política y la sensación persistente de que los números nunca alcanzan a reflejar la dureza de la vida diaria.
La estadística debería ser el lugar de la certeza, la caja negra donde los datos se convierten en brújula para diseñar políticas públicas y planificar decisiones privadas. Sin embargo, en la Argentina esa brújula parece haber perdido el norte. Según una encuesta realizada por la consultora Zentrix y difundida a fines de agosto de 2025, el 67,4% de la población no confía en los datos de inflación que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Apenas el 29,9% declara creer en las cifras oficiales, y el resto se mueve en un terreno de dudas o indiferencia. Esta desconfianza no surge en el vacío: responde a un clima económico adverso, a la experiencia diaria de aumentos en alimentos, transporte y servicios, y a una larga historia de tensiones políticas con un organismo que, en teoría, debería estar blindado frente a la coyuntura.
El estudio muestra también un malestar más amplio: el 64% de los argentinos evalúa la situación económica del país como “mala o muy mala”, y más del 40% aplica esa misma calificación a su economía personal. El dato es clave: cuando los bolsillos aprietan, los índices estadísticos se miden contra la realidad más palpable, y toda divergencia entre ambos es percibida como manipulación o engaño. El supermercado, la farmacia, la boleta de luz o el pasaje de colectivo se convierten en termómetros más creíbles que cualquier comunicado oficial. El descreimiento crece, además, en un contexto de inflación persistente, con salarios que no alcanzan y una brecha creciente entre ingresos y precios.
La encuesta de Zentrix también revela un dato político de enorme relevancia: la percepción sobre el INDEC varía de manera radical según la afinidad electoral. Entre los votantes de Sergio Massa, el 94,4% afirma no creer en las estadísticas de inflación, mientras que entre los simpatizantes de Javier Milei la desconfianza baja al 43,8%, y un 52,2% confía en los datos oficiales. Es decir, lo que debería ser un indicador técnico se convierte en campo de batalla de la polarización. La estadística ya no es neutra: se transforma en símbolo de adhesión o rechazo político.
No es la primera vez que ocurre. La memoria colectiva guarda huellas profundas del conflicto en torno al INDEC durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de 2007 se introdujeron cambios en la metodología del Índice de Precios al Consumidor que fueron ampliamente cuestionados por consultoras privadas, opositores políticos e incluso organismos internacionales. La medición oficial arrojaba valores muy por debajo de lo que registraban los índices alternativos, y pronto se popularizó la costumbre de mirar esos relevamientos “paralelos” para tener un panorama más realista del costo de vida. La polémica llegó a tal punto que el Fondo Monetario Internacional aplicó en 2013 una inédita moción de censura a la Argentina por la manipulación de estadísticas. La sanción recién se levantó en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando bajo la dirección de Jorge Todesca se intentó reconstruir la credibilidad del organismo con una metodología transparente y estándares comparables a nivel internacional.
Ese pasado de manipulación todavía pesa. Aunque hayan pasado casi dos décadas, la idea de que el INDEC “dibuja” los números sigue instalada en la sociedad, y cada gobierno enfrenta el desafío de demostrar que el instituto opera con independencia técnica. El problema es que esa independencia nunca termina de ser percibida como real en un país atravesado por la grieta. La encuesta de Zentrix es un reflejo claro: la confianza o desconfianza en los datos no depende solo de la experiencia de precios, sino también de la simpatía política.
El deterioro actual tiene otro condimento: la aceleración de la inflación en los últimos años llevó a que la ciudadanía viva en un estado de alerta permanente. Cuando los precios cambian semana a semana, incluso un índice mensual se siente lejano. El tiempo de la estadística se queda corto frente al tiempo de la góndola. Así, aun si los cálculos son correctos, la percepción ciudadana los ve como insuficientes o desfasados. De allí que la brecha entre lo que mide el INDEC y lo que siente la gente sea tan amplia.
Expertos en economía y comunicación pública advierten que el problema no se soluciona solo con precisión técnica. La transparencia metodológica, la apertura de datos y la pedagogía estadística son claves. Explicar qué productos integran la canasta, cómo se ponderan los aumentos, por qué puede haber diferencias con otros índices, es una tarea tan importante como el cálculo en sí mismo. Sin embargo, esa tarea rara vez ocupa la agenda pública. El resultado es un terreno fértil para las sospechas, los rumores y las operaciones políticas.
La comparación con otros países también es ilustrativa. En muchas economías desarrolladas, la independencia de los institutos estadísticos es un pilar incuestionado: nadie discute si los datos del Bureau of Labor Statistics en Estados Unidos o del INSEE en Francia reflejan la realidad, porque se asume un blindaje institucional frente al poder político. En la Argentina, en cambio, la sombra de la manipulación histórica y la dinámica de la polarización política conspiran contra esa confianza. Cada administración hereda una sospecha que le resulta difícil disipar.
El daño no es solo simbólico. Un INDEC debilitado afecta directamente la capacidad de diseñar políticas públicas. Si la sociedad descree de los datos, también descree de las medidas que se basan en ellos. La planificación fiscal, la negociación salarial, la definición de programas sociales, todos dependen de la credibilidad de las estadísticas. Cuando esa credibilidad se erosiona, el diálogo social se vuelve más áspero, y la posibilidad de consensos económicos se aleja. Además, los actores internacionales —inversores, organismos multilaterales, calificadoras— también observan con atención la fiabilidad de las cifras. La pérdida de confianza interna se proyecta hacia afuera y limita el margen de maniobra del país.
La salida parece sencilla en la teoría, pero compleja en la práctica: blindar al INDEC de cualquier injerencia política, garantizar transparencia total y promover la educación estadística. Esto incluye abrir la metodología de cálculo, permitir auditorías externas, difundir microdatos accesibles y generar instancias periódicas de rendición de cuentas. También implica explicar, con un lenguaje claro y directo, cómo se construyen los indicadores, para reducir la brecha entre el dato técnico y la experiencia cotidiana. La estadística, en definitiva, necesita volver a ser percibida como una herramienta de todos, y no como un arma de unos contra otros.
La encuesta de Zentrix muestra, además, que la desconfianza no es estática: en solo un mes la percepción negativa creció más de diez puntos porcentuales. Este aumento revela que el descreimiento se alimenta del clima económico general y que puede agravarse si la inflación sigue sin controlarse. La población ya no se conforma con la promesa de que los índices son precisos: exige que los números acompañen una mejora concreta en su vida diaria. De lo contrario, la distancia entre la estadística y la realidad seguirá ampliándose.
La Argentina necesita recuperar una relación sana con sus cifras. No se trata solo de un debate técnico, sino de un componente esencial de la vida democrática. Un país que no cree en sus datos es un país que navega a ciegas, donde cada actor construye su propia versión de la realidad y donde el consenso se vuelve imposible. Reconstruir la confianza en el INDEC no resolverá por sí mismo la inflación ni los problemas estructurales de la economía, pero sí puede ofrecer un piso mínimo de certezas sobre el cual discutir políticas. La estadística, bien utilizada, es un lenguaje común que permite ordenar las diferencias.
Hoy, sin embargo, ese lenguaje está fracturado. Casi siete de cada diez argentinos sienten que los números oficiales no reflejan lo que viven todos los días. La tarea de reconstruir esa confianza es enorme, pero también impostergable. Porque sin datos creíbles, la política se convierte en pura disputa discursiva, y la economía en un terreno donde gana siempre la sensación, aunque los números digan otra cosa.
