La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) reactivó hoy, domingo 24 de agosto, su plan de lucha con sendos paros entre las 13 y 16 horas y entre las 19 y 22 horas, lo que derivó en nuevas cancelaciones y demoras de vuelos que afectan tanto a líneas tradicionales como a compañías low cost. El conflicto se prolongará hasta el sábado próximo ante la falta de acuerdo salarial con el Gobierno y amenaza con convertirse en una crisis estructural del sistema aéreo argentino.
El gremio había iniciado las medidas de fuerza el viernes 22 en idénticas franjas horarias, paralizando todos los despegues comerciales programados en los aeropuertos del país. El cronograma de protestas prevé continuar el martes 26 de agosto de 7 a 10 y de 14 a 17, el jueves 28 entre las 13 y 16, y finalmente el sábado 30 en dos bloques, de 13 a 16 y de 19 a 22. La modalidad, cuidadosamente calculada, apunta a maximizar la presión en horas pico sin comprometer el tráfico en su totalidad, pero aun así provoca un caos de magnitud para miles de pasajeros y empresas. La decisión se tomó después de que expirara la segunda conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y en un escenario donde ATEPSA exige una recomposición salarial sin condicionamientos. Según sus dirigentes, el Gobierno se limitó a ofertas parciales y no atendió reclamos acumulados durante meses, lo que disparó la radicalización del plan de lucha.
El impacto se sintió de inmediato. Durante la primera jornada del viernes se registraron más de 70 vuelos cancelados, de los cuales al menos 50 correspondieron a Aerolíneas Argentinas. También JetSmart, Latam y Gol sufrieron bajas en su programación. Se estima que más de 12.000 pasajeros quedaron afectados en todo el país, con escenas de largas filas, enojo e incertidumbre en mostradores y puertas de embarque. En el segundo día del paro, este domingo 24, Aerolíneas Argentinas calculó 42 cancelaciones que dejaron a 4.400 pasajeros en tierra y más de 122 reprogramaciones adicionales sobre un total de 320 servicios previstos. En total, entre viernes y domingo, los afectados superarían las 16.000 personas, una cifra que ilustra la dimensión del problema.
La reacción de los distintos actores del sistema fue inmediata y cruzada. ATEPSA defendió sus medidas como legítimas, subrayando que “la seguridad aérea no se negocia ni se vende” y denunciando que desde EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), la ANAC y el propio Gobierno se buscó responsabilizar a los trabajadores con comunicados “maliciosos”. En palabras del gremio, las condiciones laborales se deterioran y el sistema se encuentra precarizado por falta de inversión y planificación estratégica. Aerolíneas Argentinas, en cambio, adoptó una postura más confrontativa. La línea de bandera denunció a ATEPSA ante EANA y ANAC por haber bloqueado vuelos que, según la compañía, estaban debidamente autorizados, incluso con pasajeros ya embarcados o con equipajes despachados. La firma afirmó que más de 800 pasajeros fueron afectados en vuelos fuera del cronograma de paro y que durante la primera jornada tuvo 44 cancelaciones y 59 demoras, mientras que en la segunda la cifra trepó a 42 cancelaciones y centenares de reprogramaciones.
El Gobierno, a través de la Secretaría de Transporte y de los organismos del área, calificó la medida como una extorsión. Desde EANA y ANAC se afirmó que el servicio de navegación aérea constituye una actividad esencial y que, por lo tanto, no debería ser paralizada de esta forma. Funcionarios remarcaron que se habían acercado propuestas, incluyendo un aumento salarial del 15 por ciento, pero que el gremio se negó a firmar el acuerdo. Para la administración nacional, el trasfondo no es salarial sino político: se busca mantener el conflicto activo para presionar al Estado en un contexto de restricciones presupuestarias. ATEPSA lo niega y replica que su reclamo supera el plano remunerativo, involucrando también la necesidad de dotar de recursos humanos y tecnológicos a un sistema que se vuelve cada vez más exigente.
Las compañías privadas, como Latam y JetSmart, intentaron amortiguar el malestar de los usuarios. Latam ofreció cambios de vuelos y fechas sin costo, además de reembolsos inmediatos. JetSmart habilitó la reprogramación sin diferencias tarifarias hasta mediados de septiembre. Ambas recomendaron a los pasajeros chequear el estado de los vuelos en las horas previas, ya que la dinámica del paro, con franjas horarias intercaladas, complica prever el alcance de las demoras y cancelaciones.
El conflicto tiene un origen prolongado. Desde hace más de un año, los trabajadores denuncian congelamiento salarial, recortes y falta de reconocimiento a su función clave en el sistema de transporte aéreo. Las conciliaciones obligatorias dictadas en los últimos meses no llegaron a destrabar el escenario: los paros se suspendieron temporalmente, pero nunca se alcanzó un acuerdo definitivo. La actual escalada responde a la convicción del gremio de que sin medidas visibles y de alto impacto no habrá voluntad de negociación real por parte del Gobierno. ATEPSA reclama una recomposición superior al 40 por ciento, mientras que la oferta oficial quedó muy por debajo de ese umbral.
La situación genera un efecto dominó. El turismo interno, que atraviesa un momento de recuperación tras la pandemia y en medio de una inflación persistente, se ve fuertemente afectado. Hoteles, restaurantes y prestadores de servicios sufren la caída de reservas y cancelaciones de último momento, en tanto que el transporte terrestre no logra absorber la demanda extra. La conectividad internacional también se resiente: vuelos de cabotaje cancelados impiden conexiones hacia y desde el exterior, lo que complica a visitantes extranjeros y a residentes argentinos con compromisos laborales fuera del país.
El Gobierno enfrenta un dilema complejo. Endurecer la posición contra ATEPSA podría escalar el conflicto y derivar en un paro total, con consecuencias devastadoras. Ceder a las demandas, en cambio, implicaría abrir la puerta a otros gremios para exigir recomposiciones en cascada en un año electoral, cuando las cuentas fiscales ya están tensionadas. El dilema es político, económico y social: resolverlo implica elegir entre el costo inmediato de los paros y el costo estructural de un sistema salarial desbalanceado.
Los especialistas advierten que la disputa pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura aérea argentina. La navegación depende en gran medida de recursos humanos altamente calificados y de una red tecnológica que necesita actualizaciones constantes. Si no hay inversión en radares, capacitación y sistemas de control, el riesgo de saturación y de incidentes se incrementa. ATEPSA utiliza este argumento como bandera, aunque el Gobierno sospecha que detrás hay un planteo estrictamente salarial. Lo cierto es que, en cualquier escenario, el pasajero termina atrapado en medio de la disputa.
Los próximos días serán decisivos. El paro del martes 26, con bloqueos en la primera hora de la mañana y en la franja de la tarde, promete ser aún más dañino por el volumen de vuelos en esas franjas. Si no hay acercamiento, el jueves y el sábado replicarán el esquema de cancelaciones masivas. No se descarta que ATEPSA, si no percibe señales claras de negociación, anuncie un paro total e indefinido, lo que dejaría prácticamente paralizado al sistema aéreo argentino en plena temporada alta de turismo y en un año electoral especialmente sensible.
La política no está ajena. Distintos sectores opositores aprovechan la crisis para acusar al Gobierno de incapacidad de gestión y de improvisación, mientras que el oficialismo busca responsabilizar a los gremios de “tomar de rehenes” a los usuarios. En ese cruce de acusaciones, la ciudadanía padece las consecuencias de un servicio colapsado. A nivel internacional, las aerolíneas observan con preocupación el conflicto: cualquier señal de inestabilidad prolongada puede redundar en pérdida de rutas, reducción de frecuencias o encarecimiento de tarifas.
En conclusión, el paro de ATEPSA no es un episodio aislado ni una simple puja salarial. Es un síntoma de un sistema en tensión, donde se cruzan la fragilidad económica del Estado, la necesidad de actualización tecnológica del sector aeronáutico, la presión sindical en un contexto inflacionario y la vulnerabilidad de miles de pasajeros que ven sus derechos comprometidos. La solución no se avizora inmediata. Todo dependerá de la capacidad de las partes para encontrar un punto de equilibrio que permita retomar la normalidad sin resignar seguridad ni soberanía en los cielos argentinos. Si no lo logran, el país enfrentará una crisis aérea que puede dejar marcas duraderas en su conectividad, su economía y su política.
