El Gobierno nacional, a través de ENACOM, habilitó el Sistema Privado Inalámbrico de Banda Ancha (SPIBA), que asignará 100 MHz del espectro —en la banda 2300-2400 MHz— para que industrias clave desplieguen sus propias redes privadas 4G/5G. La medida busca agilizar digitalización, optimizar procesos mediante IoT y garantizar conectividad segura en sectores como minería, agroindustria, transporte e infraestructura. Analizamos su impacto, comparativos regionales, desafíos regulatorios y oportunidades.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) dispuso la adjudicación de 100 MHz del espectro radioeléctrico a grandes industrias, conocidos en la jerga como mercados verticales, mediante la creación del Sistema Privado Inalámbrico de Banda Ancha (SPIBA), que funcionará en la banda de 2300 a 2400 MHz. El bloque total se divide en diez canales de 10 MHz cada uno, que podrán destinarse a dos modalidades de uso: interior, para cobertura en recintos cerrados como fábricas, depósitos y edificios, y general, para exteriores como puertos, yacimientos o aeropuertos. La distribución será de cuatro bloques para interior, otorgados bajo demanda, cuatro para uso general, adjudicados mediante licitación, y dos bloques flexibles que podrán asignarse según necesidades específicas. El plazo de uso será de diez años renovables, con canon de pago diferenciado según modalidad.
El anuncio se inscribe en un programa mayor de transformación digital. El objetivo declarado por el Gobierno es impulsar la digitalización de sectores estratégicos de la economía y reforzar actividades clave como la minería, la energía, la agroindustria, la industria automotriz, la construcción, el transporte y la infraestructura. Estos rubros podrán desplegar redes privadas para garantizar banda ancha local, acceso a Internet y aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT), con niveles de seguridad superiores, baja latencia y una capacidad de automatización que en redes públicas resulta más limitada.
Las ventajas de este esquema son múltiples. En primer lugar, las redes privadas permiten operar con conectividad segura y dedicada, sin depender de la congestión ni de las interrupciones que afectan a las redes públicas. Esto es especialmente crítico en ambientes industriales, donde la continuidad de las operaciones es vital y las fallas de conexión pueden implicar pérdidas millonarias o riesgos de seguridad. A la vez, la posibilidad de montar soluciones IoT específicas abre un abanico de innovación: monitoreo en tiempo real de maquinaria, control remoto de procesos, analítica predictiva y mantenimiento automatizado. Con ello se reducen costos, se incrementa la productividad y se gana competitividad en un escenario global cada vez más exigente. La flexibilidad y el control son otra ventaja evidente: cada empresa puede diseñar su red a medida, priorizando cobertura, seguridad y calidad de servicio de acuerdo con sus propias necesidades, algo especialmente útil en entornos extremos como los yacimientos mineros o los puertos de exportación.
En el plano regional, la medida coloca a Argentina en sintonía con tendencias que ya avanzan en América Latina. Brasil, por ejemplo, habilitó bandas como la de 3,7 GHz para redes privadas industriales, con despliegues en fábricas, minas y puertos que se cuentan entre los más avanzados del continente. Otros países, como México, Chile o Perú, registran experiencias más acotadas, en general pilotos o implementaciones en sectores energéticos o logísticos. Con el SPIBA, Argentina da un paso claro hacia una regulación propia y específica, con asignación concreta de espectro para uso privado.
Sin embargo, el anuncio también enfrenta desafíos. En foros recientes como Fiber Connect Latam 2025, operadores y referentes del sector insistieron en la necesidad de reglas claras, menor carga tributaria y simplificación administrativa para agilizar el despliegue de fibra y de redes 5G. Es decir, la iniciativa del SPIBA deberá coordinarse con estas demandas para lograr el máximo impacto. Otro punto crítico es la homologación de equipos: ENACOM ya trabaja en un plan de certificación que asegure compatibilidad técnica y evite interferencias entre las nuevas redes privadas y las públicas. Y, por supuesto, no debe descuidarse la cuestión de los costos: los cánones y requisitos para acceder al espectro deberán estar equilibrados, de modo que fomenten la innovación sin imponer barreras que limiten la entrada a sectores regionales o de menor escala.
El impacto potencial sobre el desarrollo industrial es considerable. Redes como el SPIBA constituyen la base tecnológica para ambientes de Industria 4.0, con fábricas inteligentes, robótica colaborativa, digitalización de procesos y gestión remota avanzada. Al mismo tiempo, permiten elevar la productividad y competitividad de sectores críticos como la agroindustria y la minería, que ganan en eficiencia, seguridad y precisión operativa, con mejores condiciones para insertarse en cadenas de exportación globales. A esto se suma la posibilidad de dinamizar regiones alejadas: al desplegar redes privadas, las empresas pueden generar empleo local, formación técnica y una estructura de desarrollo que descentraliza la actividad económica.
La perspectiva futura también es significativa. El SPIBA puede convertirse en una plataforma de innovación continua, capaz de evolucionar hacia tecnologías emergentes como el 6G, que promete velocidades de hasta 100 Gbps, latencias ultrabajas y un manejo más intensivo de inteligencia artificial en redes. Además, el esquema abre oportunidades para múltiples actores: operadores de telecomunicaciones, integradores, fabricantes de equipamiento y startups tecnológicas podrán participar de un ecosistema en expansión, con potencial para consolidar cadenas de valor locales y regionales.
En el plano normativo, la medida se enmarca en un proceso más amplio de modernización, que incluye el Decreto 433/2025, con el que el Gobierno eliminó trabas para la obtención de licencias TIC y de televisión por cable. Esta armonización regulatoria es crucial para asegurar competitividad y dar previsibilidad a los inversores.
En conclusión, la habilitación del Sistema Privado Inalámbrico de Banda Ancha representa un paso significativo en la estrategia digital de Argentina. La asignación de 100 MHz del espectro para uso privado industrial no es solo una decisión técnica: es una apuesta política y económica de gran envergadura, que busca construir un modelo de conectividad más seguro, eficiente y adaptado a las necesidades de sectores productivos estratégicos. El éxito, sin embargo, dependerá de la implementación: de contar con reglas transparentes, costos razonables, certificación técnica adecuada y una visión de largo plazo que contemple la transición a tecnologías emergentes. Si estas condiciones se cumplen, Argentina puede ingresar en una nueva etapa de desarrollo industrial, más inteligente, competitiva y sustentable en el escenario global.
