La cotización se aproxima al límite superior de la banda flotante y el Gobierno endurece su política monetaria para contener nuevas escaladas cambiarias en un contexto político y financiero altamente tenso.
El dólar oficial en Argentina volvió a acercarse al techo de la banda de flotación que el Gobierno fijó en 1.460 pesos. Según consignó LA NACION, esa barrera se ha convertido en el número clave que las autoridades vigilan como un límite de tolerancia en la actual coyuntura económica. El mayorista avanzó hasta los 1.356,50 pesos, lo que implica un salto de casi 5% en apenas una semana, mientras que el minorista ronda los 1.370 pesos, quedando a menos de cien pesos del techo.
Este nivel no es un número casual: es el extremo superior de la banda que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional y que se ajusta mes a mes a razón de aproximadamente 1% acumulativo. Ese umbral se transformó en un ancla psicológica, tanto para el mercado financiero como para la política. Superarlo implicaría un cambio de escenario, con consecuencias directas sobre la inflación, los precios internos y la percepción de gobernabilidad.
Para evitarlo, el Banco Central reforzó su batería de medidas. Elevó las tasas de interés de corto plazo por encima del 60%, en algunos casos hasta el 65%, buscando sostener el atractivo de las inversiones en pesos frente a la dolarización. También llevó los encajes bancarios al nivel más alto de las últimas tres décadas, forzando a los bancos a inmovilizar casi la mitad de sus depósitos. Con esta decisión se drenó liquidez y se canalizó parte de esos fondos hacia títulos públicos, reduciendo así la presión sobre el tipo de cambio. A la vez, la autoridad monetaria intervino en el mercado de futuros, ofreciendo contratos para descomprimir las expectativas devaluatorias.
La estrategia oficial, sin embargo, convive con fuertes tensiones políticas. A menos de dos meses de las elecciones legislativas, los audios filtrados que involucran a funcionarios del oficialismo golpearon la credibilidad del Gobierno y dispararon la desconfianza de los inversores. Los bonos en dólares cayeron con fuerza, el riesgo país escaló y el Merval retrocedió. A este cuadro se suma la inestabilidad propia de un año electoral, donde el clima de incertidumbre multiplica la sensibilidad frente a cualquier movimiento del tipo de cambio.
No obstante, en la economía real aparecieron factores que ofrecen un alivio parcial. Las liquidaciones del agro y la demanda de pesos en el marco de las altas tasas ayudaron a estabilizar transitoriamente la plaza cambiaria. En los primeros días de agosto, el dólar mayorista incluso retrocedió a 1.345 pesos, y los tipos financieros también se movieron unos puntos hacia abajo. Esa calma, sin embargo, es tenue y depende de la continuidad de la oferta de divisas del sector exportador.
El contexto internacional también juega su parte. Argentina firmó con el FMI un acuerdo de 20.000 millones de dólares que busca liberar el régimen cambiario mediante la eliminación progresiva del cepo y la aplicación de una banda de flotación móvil. El rango, que en la actualidad se ubica entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar, se ajusta con el tiempo, pero en los hechos el mercado ya opera mirando la franja de los 1.460 pesos como el punto de referencia inmediato. El FMI respalda la disciplina fiscal y monetaria que exige este esquema, pero su éxito depende en gran medida de que no se rompa la confianza en medio de la turbulencia política.
El número 1.460 funciona entonces como frontera económica y simbólica. Es el límite hasta el cual el Gobierno se compromete a defender el valor del peso. Representa también el techo que los analistas usan para medir la consistencia de la política cambiaria y la capacidad de contención frente a la volatilidad. Si la cotización lo perfora, podría desencadenar una corrida con traslado instantáneo a los precios, acelerando la inflación y profundizando el deterioro social.
Los riesgos de superar esa barrera son claros. Primero, una erosión de expectativas que alimentaría la demanda de dólares paralelos, encendiendo un nuevo ciclo de inestabilidad. Segundo, una mayor inflación importada que encarecería insumos y bienes, agravando el costo de vida. Tercero, un impacto político inmediato: en plena campaña, un salto cambiario reduciría el margen electoral del Gobierno, debilitando su discurso de orden y disciplina.
Hoy las variables muestran un equilibrio precario. El tipo de cambio oficial está a la defensiva pero aún contenido. Las tasas altas y los encajes drenan pesos, pero también comprimen la actividad económica. El campo aporta divisas, aunque no asegura un flujo sostenido en los próximos meses. El riesgo político es elevado y se suma a un escenario financiero internacional más exigente. La banda de flotación respaldada por el FMI ofrece un marco, pero no una garantía.
El dólar en Argentina siempre fue más que un precio: es un termómetro de confianza, una brújula social y un eje político. Que hoy orbite alrededor de los 1.460 pesos resume el nudo de la coyuntura. Allí se cruzan la disciplina monetaria, la necesidad de estabilidad, la fragilidad política y la sombra de la inflación. El Gobierno juega buena parte de su capital en que esa frontera se mantenga intacta. Si lo logra, podrá ganar tiempo para transitar las elecciones con mayor margen. Si no, el costo será inmediato, en la economía, en los bolsillos y en la política.
