En distintas provincias se multiplican las acusaciones contra funcionarios designados por La Libertad Avanza en el PAMI. Se investigan pedidos de aportes económicos a empleados, contrataciones irregulares y desvío de fondos, en un esquema que involucra desde Santa Cruz y Misiones hasta La Plata, Chaco y otras jurisdicciones.
El PAMI, organismo clave para la atención de jubilados y pensionados, atraviesa un fuerte escándalo que golpea en varios puntos del país. En las últimas semanas se acumularon denuncias que señalan un mismo patrón: pedidos de dinero a empleados y prestadores de servicios, contratos direccionados y presiones partidarias dentro de las sedes controladas por dirigentes de La Libertad Avanza. Los casos se repiten en La Plata, Santa Cruz, Chaco, Misiones, La Pampa, Formosa, General Madariaga y Villa Gesell, con ramificaciones que alcanzan incluso a Jujuy. La Justicia ya intervino con allanamientos, desplazamientos de autoridades y pedidos de informes al máximo nivel político.
La primera denuncia con trascendencia pública surgió en La Plata. Allí, la exdirectora del PAMI local, Viviana Aguirre, relató ante la Justicia que se le exigían hasta un millón de pesos por mes de su salario, bajo la amenaza de perder su puesto. Según detalló, la modalidad incluía la entrega de dinero en efectivo en sobres, además de la obligación de firmar documentación irregular relacionada con prestaciones médicas. Aguirre afirmó que la estructura de recaudación exigía entre un 10% y un 15% del sueldo a todos los nuevos funcionarios designados. Tras negarse, recibió amenazas y finalmente fue desplazada.
En Chaco, la investigación avanzó con allanamientos en la sede del PAMI de Resistencia. Allí se secuestraron computadoras, celulares, libros de actas y documentación de interés. El coordinador administrativo, Alfredo Moreno, es señalado por presuntas maniobras que van desde pedidos de aportes ilegales a empleados hasta contrataciones directas de empresas ligadas a referentes libertarios. Entre ellas, una firma de servicios fúnebres vinculada al presidente de La Libertad Avanza en esa provincia.
La situación también se replicó en Santa Cruz, donde el titular provincial del organismo, Jairo Guzmán, decidió apartar al responsable de la sede de Caleta Olivia, Sergio Torres, luego de que este denunciara que le exigían un 10% de su salario como aporte obligatorio. En La Pampa, en tanto, se destapó un conflicto interno con acusaciones cruzadas. Allí, el dirigente Julio Jamad admitió ser titular de la cuenta bancaria donde se depositaban fondos equivalentes al 15% de los sueldos, aunque intentó justificarlo como “aportes voluntarios”.
En Misiones, el productor agrícola y referente libertario Samuel Doichele denunció en tribunales que todos los empleados y funcionarios debían entregar el 10% de su salario, señalando directamente a Carlos Adrián Núñez, designado por Karina Milei en la conducción local del organismo.
Las sospechas también alcanzan a Formosa, donde se investiga el vínculo contractual entre el PAMI y la Clínica Sarmiento, una institución cuyo crecimiento económico despierta dudas por presuntos sobreprecios y facturaciones irregulares. En la provincia de Buenos Aires, los intendentes de General Madariaga y Villa Gesell acudieron a la Justicia para denunciar la quita compulsiva de cápitas a hospitales municipales y su traspaso a clínicas privadas, lo que afectó directamente al sistema de salud público local.
El escándalo no se limita a esas provincias. En Jujuy, el diputado libertario Manuel Quintar, cercano a Karina Milei y antes aliado de Milagro Sala, es investigado por direccionar pacientes con discapacidad a la clínica de su familia, Los Lapachos, que además estaría habilitada para emitir certificados requeridos por la Agencia Nacional de Discapacidad.
La magnitud del entramado quedó reflejada en las declaraciones de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien reveló audios en los que se detallan supuestos sobornos y presiones internas. Spagnuolo acusó directamente a la estructura de Lule Menem, operador cercano a Karina Milei y encargado de colocar dirigentes de confianza en organismos descentralizados como el PAMI y la Anses.
Frente al cúmulo de denuncias, las diputadas Margarita Stolbizer y Mónica Fein presentaron un proyecto para crear una comisión investigadora en el Congreso que releve cada caso y cite a dar explicaciones al actual titular del PAMI, Esteban Leguizamo. “Milei transformó el PAMI en una caja de recaudación y oficina de empleo de LLA. Además, en varios distritos se estructuraron maniobras que se asemejan a una asociación ilícita”, advirtió Stolbizer.
La investigación apenas comienza, pero ya se proyecta como uno de los escándalos políticos más graves de la gestión actual. Con causas abiertas en diferentes jurisdicciones, allanamientos en marcha y denuncias que cruzan provincias, el PAMI se ve envuelto en una crisis que compromete no solo su funcionamiento, sino la credibilidad del espacio político que lo conduce.
