La obra social intervenida por el Gobierno desembolsó cifras millonarias sin que exista convenio vigente con la droguería cuestionada en una trama judicial y política.
La intervención oficial de la obra social de los trabajadores rurales (OSPRERA), dispuesta por el Poder Ejecutivo, se encuentra bajo sospecha tras una serie de revelaciones que arrojan luz sobre pagos millonarios realizados a la droguería Suizo Argentina en apenas cinco meses. Según informó La Nación el 28 de agosto de 2025, Osprera firmó un acuerdo de pagos con la empresa, acumulando desembolsos por 7.700 millones de pesos desde diciembre de 2024 hasta agosto de este año.
El acuerdo fue suscripto el 23 de enero por el interventor designado, Marcelo Petroni, quien asumió tras la renuncia de Montero en noviembre de 2024. Petroni acordó pagar las facturas de la droguería a 60 días de emitidas, siempre y cuando esta mantuviera “vigente la provisión de medicamentos” . Mientras tanto, desde Osprera se defienden señalando que tomaron la entidad con un pasivo total de 97.000 millones de pesos y un pasivo corriente mensual de 5.000 millones, cifra que habrían reducido en más de 50%.
Las consecuencias de estos pagos, no solo administrativos sino simbólicas, repercuten en el debate sobre la transparencia del manejo público, la ética en la gestión de fondos de salud y la atención a los afiliados. La intervención —vinculada políticamente a figuras clave del Gobierno como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem— está atravesada por sospechas que trascienden lo administrativo.
La UATRE, sindicato que agrupa a los trabajadores rurales y dueño legítimo de la obra social, denunció que entre noviembre de 2024 y enero de 2025 se habrían efectuado pagos por más de 555 millones de pesos a un laboratorio que no tenía convenio vigente y que no proveía medicación a afiliados, acusando a Petroni de ejecutar estos desembolsos sin auditoría ni justificativo legal, y en perjuicio de la provisión regular de medicamentos . La denuncia incluyó testimonios sobre interrupciones graves en tratamientos a afiliados oncológicos, con fallecimientos judicializados, como los de José Garavento y Marta Susana Morfil.
En paralelo, la empresa Suizo Argentina está en el centro de múltiples escándalos vinculados a contratos millonarios con organismos del Estado, en contextos de emergencia sanitaria o contratación directa. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) habría contratado precisamente con esa empresa por montos que superarían los 15.000 millones de pesos en 2024, sin registros en el sistema de compras públicas Compr.Ar.
Asimismo, en el PAMI se detectaron 28 contratos con la droguería por importes que van de USD 105.000 a USD 195.000 cada uno, muchos adjudicados mediante compulsa abreviada, método que facilita contrataciones más rápidas y con menor transparencia. En 2024, 19 de esos contratos se hicieron mediante esta modalidad . A esto se suman compras millonarias por medicamentos en otros ministerios y organismos, como Salud, Defensa y la Policía Federal.
Parte importante del entramado incluye una licitación del Hospital Posadas por más de 15.000 millones de pesos, diseñada aparentemente a medida para favorecer a Suizo Argentina. Se dice que la licitación contemplaba casi 1.000 ítems hospitalarios bajo exigencia de un único proveedor, lo que excluía a laboratorios y beneficiaba intermediarios. La licitación fue suspendida tres veces hasta que la droguería la ganó.
En el marco de estas investigaciones, se realizaron allanamientos en domicilios de la familia Kovalivker, propietaria de Suizo Argentina, donde se incautaron 266.000 dólares en sobres y 7 millones de pesos en efectivo, prueba física de una supuesta trama de corrupción.
El vínculo político también pesa. El interventor Petroni aparece en mensajes privados de WhatsApp afirmando que “representa a Lule y Karina”, en clara referencia a Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei. En otra conversación, le envía instrucciones a través de un socio de Martín Menem: “avisale a Lule… lo tiene que saber Martín y Lule”.
A estas conexiones se suma el uso de la obra social intervenida para favorecer a empresas asociadas a Martín Menem, diputado nacional y miembro de la Cámara Baja. Por ejemplo, HTECH Innovation, dedicada a sistemas informáticos, pertenece a un socio suyo y factura alrededor de 16 millones de pesos mensuales por un contrato con OSPRERA. Además, TR Nutrition, de la misma red de socios, también recibió pagos por servicios durante la intervención.
La política y la salud se cruzan en un escenario altamente conflictivo: una obra social con medio millón de afiliados en emergencia, una intervención judicial y política en curso, pagos millonarios sin justificación, denuncias del sindicato titular, sospechas de favorecimiento de empresas vinculadas a figuras del Gobierno, falta de transparencia en licitaciones y contratos, y un sistema de salud pública que ve erosionada su credibilidad.
