El episodio genera inquietud institucional. Las máquinas contenían documentación clave sobre el control de cuentas municipales y abren sospechas sobre el manejo de fondos públicos. Al mismo tiempo, este hecho ocurre en medio de la disputa política por la futura composición del máximo tribunal de justicia de la provincia.
El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz fue escenario de un hecho que encendió las alarmas en el ámbito político e institucional: delincuentes sustrajeron computadoras que contenían información vinculada a las cuentas de los municipios de Río Gallegos y Río Turbio.
De acuerdo a las primeras versiones, el ingreso al edificio no presentó signos de violencia. La puerta por la que habrían accedido estaba sin llave, lo que facilitó la maniobra. El robo se produjo en la oficina del vocal encargado del control de ambos municipios, donde se encontraban las máquinas sustraídas.
Las computadoras contenían documentación y registros sensibles de auditorías a los municipios, lo que eleva la gravedad del episodio y abre interrogantes sobre la seguridad del organismo. Personal de Criminalística de la Policía de Santa Cruz, se encuentra realizando pericias, relevando huellas y rastros para dar con los responsables. Durante la madrugada, y gracias al rápido y correcto trabajo de los efectivos policiales, se localizaron las pantallas de los equipos robados en inmediaciones del edificio, aunque los CPU siguen desaparecidos.
El hecho ocurre en un momento de alta tensión política. La Legislatura provincial tiene previsto debatir un proyecto impulsado por la diputada oficialista Adriana Nieto (Por Santa Cruz), que propone ampliar de cinco a nueve los vocales del Tribunal Superior de Justicia. La iniciativa generó polémica en la oposición, que cuestiona la maniobra como un intento de reforzar la influencia oficialista en el máximo órgano judicial de la provincia.
El vicegobernador Fabián Leguizamón expresó su “más enérgico repudio” al robo y vinculó el episodio con el clima político. “No es casual que justo un día antes de tratar un proyecto clave que busca garantizar transparencia e imparcialidad en el TSJ se roben equipos con información sensible de dos municipios que acumulan denuncias por manejos poco claros que nunca avanzaron en la Justicia”, sostuvo.
Leguizamón también adelantó que en la Cámara de Diputados se analiza impulsar pedidos de juicio político a vocales del Tribunal de Cuentas por presunto ocultamiento de información, falta de controles y deficiencias en auditorías. “Esperamos que pronto se puedan esclarecer estos hechos que revisten gravedad institucional”, añadió.
La combinación entre la pérdida de documentación de auditorías a los municipios, el involucramiento indirecto de los intendentes Pablo Grasso (Río Gallegos) y Darío Menna (Río Turbio), y la inminente votación legislativa sobre la composición del Tribunal Superior sitúan el caso en un escenario de fuerte sensibilidad pública y política.
