Denuncias de coimas, apropiación de bienes y silencio institucional marcan una trama que enlaza ética, poder político y justicia en la provincia.
Una denuncia que emergió hace algunos meses con fuerza desde una oficina provincial del PAMI en Caleta Olivia puso en evidencia un entramado de prácticas partidarias irregulares que atraviesan las instancias institucionales y judiciales. Y alimentan las denuncias de corrupción del mileismo a nivel nacional.
Sergio Torres, exjefe de ese organismo en la zona norte, volvió a hablar publicamente del caso a un medio nacional y dejó una frase contundente: “con corruptos no trabajo”. Sus denuncias involucran a Jairo Henoch Guzmán —titular del PAMI en Santa Cruz y referente provincial de La Libertad Avanza (LLA)— y exponen las exigencias económicas ilegales a las que se veían obligados los trabajadores que cumplen funciones en la dependencia nacional local de la seguridad social, además de apropiaciones de bienes institucionales.
Desde el primer momento, Torres decidió actuar con pruebas en mano: audios, capturas de chats y correos electrónicos en los que Guzmán le exige que cobre el 10 % del sueldo a una médica auditora recién nombrada, con la justificación de que se trataba de un “aporte partidario” indispensable. “Ella es personal de planta y no podíamos exigirle eso”, aclaró Torres, quien se negó a formar parte del irregular mecanismo y terminó siendo apartado de su cargo. También se denunció que Guzmán había amenazado con “cortarle la cabeza” si no accedía a la coima, y la profesional renunció antes de aceptar esas condiciones.
UN ENTRAÑO SILENCIO Y PRESIÓN INSTITUCIONAL
Torres llevó su acusación ante la justicia provincial, federal y el Ministerio Público Fiscal. En una reunión en Buenos Aires con Esteban Leguízamo, responsable nacional del PAMI, le fue admitido que Guzmán tenía respaldo político y había múltiples denuncias previas que no se podían afrontar por esa protección.
Al avanzar en el proceso judicial, un fiscal subrogante pidió desestimar la denuncia, argumentando que los hechos no constituían delito según el artículo 172 del código penal provincial. Y la misma fue admitido por el juzgado. Ni siquiera se convocó a Torres para ampliar declaraciones o presentar nuevas pruebas; se enteró por medios de comunicación de la desestimación. Esto generó sospechas por parte del denunciante, quien puso en duda la imparcialidad del funcionario a cargo, especialmente por vínculos personales entre este y Guzmán.
Además, desde otros frentes periodísticos se denunció apropiación de bienes institucionales: cámaras de seguridad, sillas, ficheros y otros elementos del PAMI fueron trasladados a la sede de LLA o domicilios particulares, quedando registrados en el libro de novedades y filmados por cámaras de seguridad externas.
GIGANTE JUDICIAL, PLUMA PARTIDARIA
Las repercusiones sobre estas irregularidades alcanzaron la esfera política. Torres abandonó LLA y conformó un nuevo espacio santacruceño: “Vientos de Libertad Santacruceño”. Fue respaldado por sectores locales y nombrado como representante en el Consejo de Administración del Hospital SAMIC de El Calafate.
Por su parte, Guzmán negó todas las acusaciones: afirmó que se trataba de una campaña de desprestigio motivada por su buena performance en encuestas y criticó el uso político de las denuncias. También las calificó de “moda” en su contra: “pegarle está de moda”. Además, minimizó la denuncia sobre los bienes trasladados, alegando que eran objetos reparados temporalmente o donados, sin evidencia de “expedientes de compra” ni pruebas físicas.
UNA TRAMA QUE PISA FUERTE Y SIN RESPUESTAS CLARAS
La denuncia de Sergio Torres, más que una acusación aislada, representa un llamado de alerta sobre el uso partidario de cargos públicos. Un jefe delegacional despedido por negarse a jugar ese juego; denuncias judiciales frenadas en su inicio; apropiaciones de bienes detectadas y negadas; y un referente político que critica al sistema y aspira a consolidarse desde adentro. Mientras tanto, los pliegues de justicia, poder y moral permanecen sin resolverse.
La crisis del PAMI en Santa Cruz no es un incidente más: es un síntoma de cómo estructuras políticas emergentes pueden reproducir prácticas tradicionales —coimas, clientelismo, disciplinamiento— usando recursos de quienes deberían proteger: los jubilados, los discapacitados, familias que viven en barrios marginales. El silencio institucional y la desestimación judicial, en este caso, suenan más como una complicidad que como una investigación.
