Se implementará a partir del 1° de septiembre: compensaciones de hasta 20 años de servicio, pagos en cuotas, cobertura de salud y liquidación final; el plazo para adherir será de 30 días corridos y la aprobación será discrecional de la Cámara.
El pasado 28 de agosto de 2025, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, activó un régimen de retiro voluntario general que prevé un tope de 200 vacantes, aunque podría ampliarse según la disponibilidad presupuestaria. La medida entrará en vigencia el lunes 1° de septiembre y está dirigida a agentes de planta permanente y temporal que acrediten al menos 24 meses de trabajo efectivo en estructuras orgánicas estables.
El plan ofrece una compensación indemnizatoria no remunerativa calculada en base al sueldo bruto mensual habitual, sin incluir viáticos, aguinaldos, comidas ni compensaciones por riesgo. El esquema de pago contempla entre tres y diez cuotas, cuya cantidad se determina como la mitad de los años de servicio (redondeando hacia arriba en caso de antigüedad impar).
Según el período de servicio:
Empleados con entre 2 y 12 años de antigüedad recibirán el 50 % del monto al inicio y el resto en cuotas.
Quienes tengan entre 13 y 20 años percibirán un 30 % al inicio y el 70 % restante posteriormente.
Empleados con entre 21 y 25 años podrían acceder a un tope que equivale a 20 sueldos brutos.
La liquidación final incluirá, además, el proporcional del sueldo anual complementario (SAC), las vacaciones no gozadas y otros beneficios conforme a la normativa vigente.
Cheques adicionales: quienes se adhieran podrán mantener la cobertura del DAS (Dirección de Ayuda Social) y, de manera opcional, continuar con el descuento sindical, ambos a cargo del agente durante el período de cuotas pendientes.
Sin embargo, la resolución que reglamenta el régimen impone estrictas exclusiones. No podrán adherir quienes tengan sumarios administrativos por posibles sanciones de cesantía o exoneración, ausencias injustificadas, demandas contra la Cámara (excepto por Riesgos del Trabajo), procesos penales por delitos contra la administración pública, renuncias o trámites jubilatorios iniciados con anterioridad al 1° de septiembre de 2025, ni quienes ya estén incluidos en el régimen de Retiro Previo a la Jubilación, aprobado o en trámite.
El plazo para presentar la solicitud es de 30 días corridos desde su entrada en vigencia —es decir, hasta el 30 de septiembre de 2025— sin posibilidad de prórroga, y la adhesión implica una renuncia irrevocable al cargo en la Cámara.
No obstante, la concesión del beneficio no será automática: la Cámara de Diputados se reserva la facultad de aprobar o rechazar cada caso, basándose en criterios de servicio público, vigencia presupuestaria u oportunidad institucional.
El régimen se fundamenta en la resolución presidencial 505/25, junto con normativa interna de la Cámara, y se lanza en medio de críticas por la opacidad del sitio web oficial de Diputados, que aparentemente sigue con un grado de atraso tecnológico comparable al del siglo pasado —en contraste con el portal del Senado—.
Este anuncio llega en un contexto político tenso: recientes filtraciones de audios y controversias internas han expuesto fisuras en el bloque oficialista, lo que podría hacer más sensible la decisión de avanzar con recortes o retiros masivos en la administración legislativa.
