La recaudación tributaria de agosto creció 30,6% interanual y alcanzó los $15,3 billones, pero la inflación de 36,6% licuó ese avance y dejó un retroceso real de entre 2% y 4%. El dato refleja un Estado con menos recursos efectivos, un consumo que no se reactiva y un frente externo que no aporta divisas ni ingresos fiscales.
La fotografía de la recaudación de agosto es engañosa a primera vista. En los números nominales se observa una suba considerable, que a simple vista podría interpretarse como una recuperación. Sin embargo, cuando se ajusta por inflación, lo que aparece es una caída real de los ingresos tributarios. Es decir, el Estado tiene más pesos en la caja, pero esos pesos alcanzan para menos. En términos prácticos, esto implica que el fisco perdió poder de fuego para sostener el gasto público en un contexto social y económico de alta demanda de asistencia.
Dentro de los impuestos, el IVA —el más sensible al consumo— creció 36,9%. Apenas por encima de la inflación de julio, pero sin traducirse en un incremento real significativo. El dato es central porque el IVA refleja lo que ocurre en la calle, en los supermercados y comercios de todo el país. Si los ingresos de este tributo apenas empatan la inflación, lo que se confirma es que el consumo está planchado: las familias compran lo mismo en términos de volumen, pero a precios mucho más altos. No hay señales de expansión, sino de estancamiento en la demanda interna.
El Impuesto a las Ganancias subió 49,2% interanual, y los recursos de la Seguridad Social aumentaron 42,4%. Ambos rubros se movieron por encima del promedio, aunque tampoco logran despegarse demasiado del índice de precios. En el caso de Ganancias, se explica por los ajustes en escalas y por un universo de contribuyentes de altos ingresos que todavía mantiene capacidad de pago. En el caso de la Seguridad Social, responde a la evolución de los salarios registrados y al nivel de empleo formal, que todavía muestra resistencia pese al enfriamiento económico. Sin embargo, la inflación erosiona rápidamente esos aportes, y lo que parece un número robusto en la comparación anual se vuelve insuficiente al observar la dinámica mensual y la pérdida del poder adquisitivo.
El impuesto a los créditos y débitos bancarios avanzó 36,2%, en línea con la inflación, lo que indica que la actividad transaccional no se expandió en términos reales. Se mueve la misma cantidad de operaciones, pero a precios más altos, confirmando la idea de que no hay dinamismo en el circuito económico cotidiano.
El frente externo mostró una situación dispar. Los derechos de exportación retrocedieron 8,6%, una caída que impacta tanto en la recaudación como en la disponibilidad de divisas. El agro y la industria exportadora enfrentaron un escenario de precios internacionales más bajos y una competitividad cambiaria reducida, factores que se tradujeron en menores volúmenes y menores liquidaciones. La baja en este rubro es particularmente sensible porque las retenciones son una de las fuentes de ingresos más importantes para el Estado en materia de comercio exterior. En contraste, los derechos de importación crecieron 84,9%. La cifra nominal parece espectacular, pero responde sobre todo al encarecimiento en pesos de las compras externas y no a un salto real en la actividad productiva. Las empresas pagan más por importar lo mismo, y esa diferencia engorda las estadísticas fiscales sin reflejar un verdadero crecimiento.
El resultado global es un Estado que pierde recaudación real. Los analistas coinciden en que la caída efectiva se ubica entre 2% y 4% en términos interanuales. No es un derrumbe, pero sí una señal de alarma. En economía, lo importante no es solo cuánto entra, sino cuánto alcanza lo que entra. Y en ese sentido, la caja del fisco es hoy más débil que un año atrás.
Las consecuencias son directas. Una recaudación que no acompaña a la inflación significa menos recursos disponibles para financiar programas sociales, para sostener la obra pública o para cumplir con los compromisos básicos de funcionamiento del Estado. El Gobierno enfrenta así un dilema clásico: ajustar el gasto, aumentar la presión tributaria —algo inviable en un contexto de actividad débil— o apelar a más deuda o emisión. Cualquiera de esas salidas tiene costos políticos y económicos.
Del otro lado, el impacto llega al bolsillo de la gente. La evolución del IVA confirma que el consumo no crece, que las familias hacen malabares para sostener sus compras, y que la inflación se lleva la mayor parte de los ingresos. Los salarios formales apenas alimentan la Seguridad Social, pero los jubilados y trabajadores sienten que cada mes rinden menos sus ingresos. No hay dinamismo que permita pensar en una mejora del poder adquisitivo a corto plazo.
La recaudación de agosto es también un reflejo de la economía real. Algunos sectores muestran crecimiento —como la construcción, la minería o la intermediación financiera, según datos de actividad de julio—, pero el consumo masivo y los bienes durables están frenados. La industria enfrenta problemas para exportar y el comercio minorista sobrevive con ventas que no logran despegar.
En conclusión, el dato de agosto no es un simple registro contable. Es una radiografía de un Estado con menos recursos y de una sociedad que consume lo mismo pero paga mucho más. La caída real de la recaudación adelanta tensiones en el frente fiscal y confirma el estancamiento en el frente social. En una economía inflacionaria, lo que vale no es la cifra en millones de pesos, sino lo que esos pesos alcanzan para hacer. Y hoy alcanzan para menos.
