El histórico apellido salta nuevamente a los tribunales: múltiples causas federales los involucran en una serie de investigaciones que atraviesan varios frentes institucionales, mientras el gobierno enfrenta una crisis de credibilidad.
En el país convulso de 2025, donde cada escándalo político deviene en tormenta, el clan Menem vuelve a estar en el centro de la escena judicial. Esta vez, no se trata del expresidente Carlos Menem —fallecido en 2021— sino de dos figuras clave: Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, y su sobrino, el diputado Martín Menem. Ambos aparecen mencionados en causas federales que cruzan distintos organismos del Estado, desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hasta sedes del PAMI, el Banco Nación, Osprera y licitaciones en diversas provincias.
El escándalo detonante fue la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y hombre de confianza del presidente Javier Milei. En esas grabaciones, Spagnuolo detalla un presunto sistema de sobornos que implicaría a la hermana del mandatario, Karina Milei, al propio Lule Menem y a la droguería Suizo Argentina como epicentro de una red corrupta. Según el audio, se exigía un retorno del 8 % sobre contratos estatales, parte del cual —alrededor del 3 %— iría a parar a la secretaria general de la Presidencia. El circuito se completaba con ramificaciones hacia el Congreso, donde Lule Menem habría influido en designaciones y contrataciones. El monto de coimas, según dichos de Spagnuolo, oscilaría entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.
Las repercusiones judiciales fueron inmediatas: el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos —catorce en total— y la incautación de dinero en efectivo a directivos de Suizo Argentina, incluido el hallazgo, en un auto, de 266.000 dólares y siete millones de pesos en billetes. El principal accionista de la firma, Eduardo Kovalivker, se presentó espontáneamente ante la Justicia y entregó su teléfono móvil para peritajes; su hijo Emmanuel fue descrito intentando huir durante el operativo. La causa evoluciona con la declaración del periodista Mauro Federico, quien reveló los audios y aportó unos cincuenta fragmentos a la fiscalía; se niega a revelar su fuente.
Frente a este escenario, el Gobierno reaccionó con defensas a ultranza y acusaciones de maniobra política: tanto Lule como Martín Menem calificaron el escándalo como la ejecución de una “operación de desgaste político” impulsada por el kirchnerismo, en un momento clave antes de las elecciones legislativas bonaerenses . El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de “operación política” y, aunque expresó su confianza en la inocencia de los implicados, apeló a que sea la Justicia la que determine responsabilidades . En simultáneo, los dueños de Suizo Argentina —representados por el abogado Martín Magram— solicitaron la nulidad de la causa, alegando que se basa en audios posiblemente ilegales que violan el derecho a la intimidad y merecen ser descartados conforme a la doctrina del fruto del árbol envenenado.
Pero los señalamientos no se circunscriben al caso ANDIS. Según reportes recientes, la Justicia investiga a Lule y a Martín Menem por una multiplicidad de causas: presuntas exigencias de retornos en sedes del PAMI en provincias como Chaco, La Plata, Misiones, Santa Cruz y Buenos Aires; contrataciones directas a empresas vinculadas con el oficialismo; irregularidades en licitaciones de Osprera, el Banco Nación y servicios para el Congreso.
Estas investigaciones transversales sugieren un esquema más amplio de corrupción política, que desafía el discurso de transparencia que lanzó el gobierno de Milei al asumir. La marea judicial aumenta, con pedidos de documentos, citaciones a funcionarios y testimonios cruzados que delinean una red en la que hasta ahora los Menem ejercieron una influencia significativa.
Lo singular del caso es cómo un apellido que simbolizó el poder menemista en los años noventa vuelve a emerger, casi tres décadas después, atrapado en acusaciones de coimas, contrataciones clientelistas y tráfico de influencia. En este contexto, el antecedente del Yomagate —otro escándalo que involucró a la familia Menem en la década de los noventa— ofrece una evocación histórica fuerte sobre cómo el poder puede corromperse desde adentro.
La combinación de múltiples causas, audios comprometedores, allanamientos estruendosos y defensas mediáticas segmenta el panorama político. Las elecciones se acercan, el Presidente y su entorno enfrentan una tormenta tan política como judicial, y el prestigio institucional atraviesa uno de sus momentos más críticos. La Justicia, ahora, parece ser la arena definitoria.
