Una denuncia presentada ante la Justicia federal sostiene que una operación orquestada desde medios y entornos del fútbol, con el presunto apoyo de una red rusa denominada “La Compañía”, buscó divulgar audios íntimos de Karina Milei. Los allanamientos a periodistas, dirigentes y plataformas generan una escalada institucional con implicancias políticas y diplomáticas.
En un inédito episodio que atraviesa los límites institucionales y amenaza el sistema democrático, el Gobierno argentino presentó ante la Justicia federal –específicamente en los tribunales de Comodoro Py– una denuncia penal por “espionaje ilegal” vinculada a la difusión de audios privados pertenecientes a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El escrito, elaborado por el Ministerio de Seguridad y ratificado por el Poder Ejecutivo, identifica a figuras del ámbito mediático, del fútbol y, de forma sorprendente, a una supuesta red de espionaje rusa bajo el nombre de “La Compañía”.
La denuncia, que recorre unas veinte páginas cargadas de acusaciones severas y pedidos de medidas cautelares y allanamientos, ingresó a manos del juez federal Julián Ercolini. En ella se esboza un entramado en el que confluyen “chantaje”, influencias desestabilizadoras y operaciones de inteligencia no institucional, cuya supuesta finalidad es alterar el debate electoral en un contexto de recuperación macroeconómica.
Los apuntados incluyen al conductor Jorge Rial, conocido por su influencia mediática; al dirigente futbolístico Pablo Toviggino, estrechamente vinculado a la AFA; y al abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, señalado por sus nexos con agentes de inteligencia y su posicionamiento en medios y política. También están involucrados el conductor Mauro Federico y el canal de streaming Carnaval, cuya emisión “Data Clave” fue el medio por el cual se difundieron los audios.
Entre los extremos de esta operación figura algo evocadoramente complejo: una red de espionaje vinculada a ciudadanos rusos residentes en Argentina, bautizada como “La Compañía”. Según la denuncia, encabezan esta organización personas identificadas como Lev Konstantinovich Andriashvili e Irina Iakovenko, quienes, supuestamente, recibirían financiamiento y coordinarían campañas de desinformación, con filiaciones que apuntan incluso al Proyecto Lakhta, una operación rusa polémica asociada al fallecido Yevgeniy Prigozhin.
Este señalamiento generó una reacción contundente de Moscú: la Embajada de Rusia en Buenos Aires exigió aclaraciones formales al Gobierno argentino, advirtiendo que las personas mencionadas en la denuncia “no están registradas en la sección consular” y calificó las acusaciones como potenciales daños a las relaciones bilaterales.
Según la presentación oficial, las motivaciones detrás de la operación no se limitarían a la exposición mediática de audios íntimos, sino que configuran una maniobra de inteligencia ilegal planeada para influir sobre la opinión pública, generar alarma y socavar las instituciones democráticas para torcer el rumbo político hacia las próximas legislativas. El Gobierno enfatizó que, de confirmarse, la grabación en el ámbito de la Casa Rosada implicaría una gravedad institucional sin precedentes, afectando incluso la inviolabilidad del recinto presidencial.
No se trata de filtraciones casuales o filtraciones espontáneas, sostiene la acusación: son grabaciones subrepticias amplificadas a través de medios y redes sociales seleccionadas para desestabilizar al Ejecutivo. Además, se aducen vinculaciones con sectores de la oposición kirchnerista, lo que daría al episodio un alcance político más amplio.
La SIDE, por su parte, había ya advertido en junio sobre la existencia de esta red rusa en Argentina y sobre sus posibles conexiones con campañas de desinformación. El vocero Manuel Adorni, en conferencia de prensa, había denunciado que “un grupo de ciudadanos rusos en Argentina estaría realizando tareas sospechosas en favor de intereses geopolíticos de Rusia”, proponiendo “construir un grupo leal a esos intereses para desarrollar campañas de influencia contra el Estado argentino”.
La confirmación mediática de esta versión no tardó en llegar: distintos medios informaron que la denuncia incluía directamente a “La Compañía” como posible autor remoto de la operación contra Milei, con conexiones al entorno mediático y futbolístico local.
El contexto político en el que se produjo este escándalo no es ajeno. El Gobierno atraviesa un período clave de estabilización económica, mientras se prepara para afrontar elecciones legislativas. En este sentido, sostiene la denuncia, la operación “no es un hecho aislado”, sino parte de un plan destinado a romper la agenda política con información manipulada.
En paralelo, la SIDE enfrenta señalamientos por espionaje interno sobre dirigentes opositores, sindicalistas y organizaciones sociales, denuncias que organismos de derechos humanos como el CELS califican como ilegales y antidemocráticas.
Hasta el momento, la Justicia deberá decidir si avanza con los allanamientos solicitados, la toma de testimonios y el secuestro de dispositivos tecnológicos vinculados a los acusados. También será clave establecer si existen vínculos concretos entre la difundida red rusa y los medios o personas involucradas en la difusión de los audios.
En el plano internacional, la respuesta rusa añade tensión: más que una negación escueta, Moscú planteó que las acusaciones podrían responder a una “manía de espionaje” destinada a perjudicar las relaciones entre ambos países.
Este episodio, por lo tanto, no solo tiene derivaciones judiciales y partidarias, sino que recalienta el tablero diplomático, poniendo en discusión la integridad institucional del país, el rol de los medios y la influencia de actores externos en la política local.
