El productor y cronista Cristian Mercatante fue agredido durante el cierre de campaña de Milei; en paralelo, el Gobierno impulsa censura previa y hostigamiento contra medios, consolidando un escenario de amenaza a la prensa.
En las inmediaciones del Club Villa Ángela, partido de Moreno, se desató un episodio que ilustró con crudeza el deterioro de los mecanismos democráticos en torno al ejercicio periodístico. Cristian Mercatante, cronista y productor de América TV, fue alcanzado en la cabeza por una botella mientras llevaba adelante una cobertura. En diálogo con la prensa, relató que había intentado indagar si ciertas personas con capuchas eran personal policial; acto seguido, “se dio vuelta y sintió el golpe”. Prefirió no imponer responsabilidad directa sobre ninguna persona en particular. Fue asistido inmediatamente por los equipos médicos presentes—hechos que evidencian una cobertura política ya de por sí crispada y riesgosa.
Ese clima tenso fue precedido por advertencias oficiales. El Ministerio de Seguridad bonaerense había informado a Casa Militar sobre “graves riesgos” y la carencia de condiciones mínimas para la realización del acto: infraestructura deficiente, iluminación precaria, terrenos afectados por lluvias y escombros por viviendas próximas en construcción. A su vez, el gobernador Axel Kicillof pidió a los vecinos no asistir, calificando el evento de “muy extraño y sospechoso”, e instando a no responsabilizar a los organizadores si ocurría un desborde. La intendenta Mariel Fernández también alertó sobre posibles pagos para que personas participaran, calificando a los responsables como “impresentables”.
Aunque estos incidentes suceden en un contexto de crispación política, lo más alarmante es la ofensiva sistemática del Gobierno contra la libertad de prensa. A raíz de la filtración de audios comprometedores de Karina Milei —hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia— un juez federal dictó una medida cautelar que prohibió su difusión periodística, sin siquiera escuchar el contenido de las grabaciones. Esta decisión fue calificada por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) como “una de las amenazas más graves a la libertad de prensa desde el regreso de la democracia”, destacando además la persecución judicial a periodistas e incluso el pedido de allanamientos.
La medida fue duramente cuestionada por constitucionalistas: sostienen que constituye una clara forma de censura previa —prohibida desde la Constitución de 1853 y los tratados internacionales que Argentina suscribió— y argumentan que los intereses de información pública deben primar cuando se trata de presuntas irregularidades en funcionarios. También advirtieron que la restricción no estaba justificada por razones extraordinarias, como suelen exigir los estándares judiciales.
Tras aplicar esta prohibición, el Gobierno no se detuvo: solicitó allanamientos a redactores y medios digitales como represalia por la difusión o cobertura de los audios. Esto reforzó la percepción de un Estado que sueña con silenciar al mensajero en lugar de confrontar la información. Una nota del diario Página/12 lo definió claramente: “Censura y allanamientos: la arremetida desesperada de los Milei”.
No es un episodio aislado: en marzo de 2024, el Gobierno anunció el cierre de Télam, la agencia estatal de noticias, transformándola en una entidad de propaganda estatal llamada APESAU. El sitio fue dado de baja, los edificios vallados y los trabajadores despedidos o trasladados. Las organizaciones de prensa alertaron que se trataba de un “apagón informativo” con ribetes de censura y un ataque frontal al pluralismo.
Además, la estrategia oficial ha incluido denuncias y demandas judiciales contra periodistas críticos, campañas de desprestigio y hostigamientos personales. Por ejemplo, Milei advirtió al periodista Facundo Pastor que “preparara para correr” si llegaba a la presidencia, un comentario que no se quedó en el plano retórico. También agredió físicamente a un reportero en un aeropuerto en Rosario; y emprendió acciones legales contra otros comunicadores que lo compararon con el nazismo, lo cual fue interpretado por organismos como FOPEA y la Fundación LED como una forma de intimidación judicial encubierta.
En esta línea, en junio de 2025, durante una jornada convocada por el colectivo Periodistas Argentinas—acompañado por sindicatos y asociaciones de prensa— se presentó el “Informe 7J: Que viva el periodismo”, que denuncia cómo se agudizan los ataques al oficio periodístico. Enumeró medidas sistemáticas contra la prensa independiente: campañas de desprestigio, demandas, persecución judicial, reemplazo de periodistas por propagandistas, represión en cobertura de protestas y precarización del trabajo de prensa. En un contexto inédito por su intensidad, advirtieron que “cuando el periodismo es atacado, la víctima es el Estado de Derecho”.
Otra alerta global concreta proviene del informe 2025 de RSF, que situó a Argentina en el foco de los retrocesos en libertad de prensa, junto a Estados Unidos y Rusia, expresando que Milei ha contribuido a un deterioro que lo dejó 21 puestos más abajo en el ranking global de prensa.
En este escenario de creciente hostilización, el periodista Cristian Mercatante resultó herido por una acción directa; mientras otros son sistemáticamente neutralizados a través de censura, presiones institucionales o judiciales. Ese cuadro refleja – de un lado – un Estado que busca controlar qué se puede decir y cómo se puede decir, y – del otro – un periodismo que tiene que operar bajo amenaza. La expulsión del pluralismo informativo no es ya una posibilidad: es una realidad emergente.
Quizás sin querer, pero con la claridad del mártir involuntario, Mercatante puso el cuerpo en una escena cargada de simbología: el enfrentamiento físico —la botella, el golpe— se superpone a la agresión moral y estructural que supone el silenciamiento. La libertad de prensa no está en juego: está siendo erosionada cada día.
Este cruce entre violencia directa, censura previa, campañas de intimidación y recortes a medios públicos no es un accidente. Es un diseño. Y si la prensa no lo confronta con firmeza, quien termina perdiendo no es sólo el periodismo: es el derecho de la sociedad a saber.
