Tras el rechazo del veto presidencial en el Senado, la Casa Rosada busca dilatar la aplicación de la norma y trasladar la disputa a los tribunales, en un escenario de creciente movilización social y presión política
Desde el Parlamento, donde el Senado concluyó ayer con una contundente mayoría que rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo ya articula una estrategia que, lejos de acelerar su implementación, busca demorar la puesta en marcha de la norma. La Casa Rosada prefiere que sea la oposición la que asuma la primera responsabilidad en una eventual disputa judicial, con el propósito de ganar tiempo político de cara a la nueva composición del Congreso tras las elecciones generales de octubre y hacia el cambio de año.
La norma, sancionada a principios de julio, contempla la actualización de los aranceles para prestadores del sistema público de discapacidad, la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio, la regularización de deudas del sistema de salud y el acceso para pensiones por invalidez laboral al nuevo esquema de cobertura y atención médica.
En lugar de acudir inmediatamente a los tribunales, el gobierno de Javier Milei planea esperar a que la oposición articule una demanda por incumplimiento. Solo ante una eventual presentación judicial, el Poder Ejecutivo respondería desde lo jurídico, generando un escenario donde la política gane espacio frente a la institucionalidad judicial.
La jugada, cuidadosamente analizada en reuniones internas, busca justamente eso: desacoplarse del momento político actual, desactivar la presión inmediata y trasladar la definición a una coyuntura más favorable. En palabras diplomáticas, el Ejecutivo gana tiempo en tanto que el Senado y la oposición se posicionan como protagonistas activos del conflicto legal.
Esta táctica se inscribe también en el contexto de un gobierno que ha endurecido su política fiscal y que en diciembre de 2023 impulsó un paquete de más de 300 reformas bajo el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, conocido como el “megadecreto”. Muchas de esas disposiciones generaron controversia, especialmente en el terreno laboral, y se presentaron desafíos de constitucionalidad. En ese marco, la administración Milei ya ha mostrado su preferencia por encauzar los debates legislativos y judiciales hacia nuevas instancias más controladas, retardando decisiones que podrían exponerla tempranamente.
Mientras tanto, organizaciones sociales, prestadores, personas con discapacidad y familiares realizaron una jornada de movilización en la Plaza del Congreso y en distintas ciudades del país –Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Tucumán– exigiendo que el Senado insistiera con la ley y repudiando lo que definieron como una política de “veto y demoras”. Las consignas fueron claras: “No al veto, sí a la emergencia”. Una de las voces más escuchadas en la movilización sintetizó el reclamo: “Esta ley es para resolver la emergencia y para que la sociedad entienda que las personas con discapacidad merecemos respeto.”
El Senado, en un hecho poco habitual en la dinámica parlamentaria de los últimos años, alcanzó la insistencia con un contundente respaldo: 63 votos afirmativos, 7 negativos y ninguna abstención. Ese número, que incluye bloques de todo el arco político, sitúa a la norma como una de las pocas aprobaciones parlamentarias de carácter unánime en 2025, marcando además una ruptura significativa con el poder presidencial.
En este escenario, el oficialismo pretende aprovechar la demora en la aplicación para proyectar un discurso en el que se muestre respetuoso de las formas institucionales, mientras aguarda que la oposición dé el primer paso en la Justicia. La estrategia, al mismo tiempo, busca evitar quedar expuesto a críticas inmediatas por incumplimiento en un tema tan sensible como el de la discapacidad.
Las tensiones políticas se cruzan también con otros conflictos abiertos. En los últimos días, el senador José Mayans acusó al Presidente de “usar a su hermana” en referencia a Karina Milei, luego de la difusión de audios privados que desataron un escándalo político con derivaciones aún inciertas. A esto se suman denuncias de espionaje ilegal que fueron delegadas por el juez Ercolini al fiscal Stornelli, aportando un elemento más de incertidumbre institucional.
En ese marco, la insistencia parlamentaria en la ley de discapacidad se transformó en un punto de confluencia para la oposición y los movimientos sociales, que ven en la norma no solo una reparación inmediata a un sector postergado, sino también una oportunidad de ponerle un límite político al Ejecutivo.
El gobierno de Milei, en cambio, parece apostar a un camino de resistencia pasiva: no implementa la ley, no la cuestiona abiertamente en los tribunales y aguarda a que otros actores lo obliguen a moverse. Este recurso dilatorio se complementa con una narrativa de austeridad y disciplina fiscal, que busca sostener ante los mercados y sus votantes más fieles.
Sin embargo, los costos políticos de esta decisión son elevados. La discapacidad es un tema que atraviesa a todas las familias, independientemente de la ideología. Los prestadores de servicios, los centros de día, las escuelas especiales y las obras sociales arrastran una crisis financiera que amenaza la atención básica de miles de personas. Cada mes de demora implica salarios impagos, terapias interrumpidas y familias obligadas a judicializar lo que debería resolverse con una norma ya vigente.
El dilema, entonces, no es solo político, sino también ético. El Senado, con su decisión, intentó zanjar un debate que el Poder Ejecutivo insiste en mantener abierto. El oficialismo, fiel a su estilo, busca evitar concesiones que puedan interpretarse como un retroceso. Pero el costo humano de la demora empieza a acumularse en las calles, donde las movilizaciones ya superan lo sectorial y empiezan a adquirir volumen ciudadano.
Resta ver si la estrategia del Ejecutivo, diseñada para resistir el impacto inmediato del revés parlamentario, logra sostenerse en el tiempo. El riesgo es que la demora se convierta en símbolo de insensibilidad política frente a un sector particularmente vulnerable de la sociedad.
El desenlace dependerá de varios factores: la capacidad de la oposición para sostener la presión en la Justicia y en la calle; la actitud del Poder Judicial frente a una eventual acción de amparo colectivo; y la respuesta social, que podría intensificarse a medida que se prolongue la falta de respuestas concretas.
En definitiva, el gobierno de Milei parece haber optado por el camino más riesgoso: bloquear la aplicación de una ley ampliamente votada y socialmente legitimada, confiando en que el tiempo, los tribunales y la fatiga social jueguen a su favor. Una apuesta que, de fracasar, podría convertirse en uno de los principales puntos de desgaste político de su gestión.
