14 septiembre, 2025 7:16 pm

EL SENADO SE PREPARA PARA ANULAR EL VETO PRESIDENCIAL A LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD

La oposición vuelve a desafiar al Ejecutivo en una sesión histórica que también busca limitar el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia

La Cámara alta del Congreso argentino vivirá este jueves 4 de septiembre una sesión de alto voltaje: desde las 11 de la mañana, el Senado se dispone a votar la anulación del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y debatir un proyecto para restringir el uso indiscriminado de los DNU, herramientas que el Presidente Javier Milei ha utilizado frecuentemente para evadir al Parlamento.

La norma que declara la emergencia en discapacidad, aprobada el mes pasado con amplia mayoría en ambas cámaras, había sido vetada por el presidente el 4 de agosto, bajo el argumento de inviabilidad fiscal . Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó el veto el 20 de agosto con 172 votos a favor (73 en contra y 3 abstenciones) . Ahora, en el Senado, la oposición —amplia y con aliados de distintos bloques, incluidos algunos del oficialismo— cuenta con más de los dos tercios necesarios para insistir con la ley vetada, lo que revirtirá el freno impuesto por Milei.

Esta insistencia legislativa no tiene precedentes: no se anula un veto presidencial desde abril de 2003 . En esa línea, el senador Pablo Blanco anticipó: “No tengo dudas que en la sesión del jueves vamos a rechazar los vetos del Gobierno. Producido el rechazo en el Senado, la ley de discapacidad queda firme”.

La ley, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, dispone una actualización por inflación de las prestaciones —congeladas desde 2024—, la revisión y eventual reactivación de pensiones suspendidas (más de cien mil desde que ANDIS comenzó auditorías), y garantiza que las pensiones por invalidez laboral representen el 70 % de la jubilación mínima, equivalente a $224.194.

La jornada incluirá además el tratamiento de un proyecto que reforma la ley de DNU. El texto acordado por la oposición propone que los decretos tengan un límite de 90 días para su aprobación legislativa y establece que, para que tengan fuerza de ley, deben recibir aval de ambas cámaras. Si una los rechaza o no los trata, quedan sin efecto . El dictamen ya acordado en comisión cuenta con respaldo del kirchnerismo, la UCR, el PRO (con votos disidentes), y bloques provinciales.

A pocos días de las elecciones legislativas bonaerenses, la oposición busca dar un fuerte golpe político al Gobierno y mostrar capacidad de gestión frente a los reclamos sociales. En ese sentido, fuentes parlamentarias destacan no sólo la fuerza política, sino también el respaldo de las organizaciones vinculadas a la discapacidad, que realizaron vigilias y manifestaciones exigiendo respuestas estatales.

El escenario político está atravesado además por un escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo contienen supuestas coimas del 8 % sobre facturación a la firma Suizo Argentina, destinadas a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, a través de intermediarios. La investigación judicial está en curso . Este clima contribuye a justificar la insistencia parlamentaria con la ley de emergencia.

Desde el gobierno, en tanto, hay un sentimiento de resignación. Milei está fuera del país, participando de encuentros con empresarios en California, mientras el riesgo país está en alza y la Casa Rosada advierte que ha quedado sin instrumentos para frenar derrotas parlamentarias . Además, el oficialismo denuncia que la ofensiva opositora forma parte de una “agenda del kirchnerismo” para quebrar al Estado, argumentando que este tipo de leyes perjudica el equilibrio fiscal.

La sesión, por lo tanto, no sólo definirá el destino de una ley clave para personas con discapacidad, sino que marcará un punto de inflexión en la batalla entre Poder Ejecutivo y Legislativo. Si el Senado confirma el rechazo al veto y aprueba la reforma a los DNU, se abrirá un nuevo capítulo institucional, recuperando centralidad congresal frente al uso extendido del decreto como herramienta de gobierno.

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