En un giro político de alto voltaje, este jueves 4 de septiembre de 2025 el Senado argentino protagonizó una sesión histórica: derrotó por amplia mayoría (63 votos a favor contra 7) el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, convirtiéndola nuevamente en ley. Este revés al gobierno marca la primera vez en más de dos décadas que el Congreso anula exitosamente un veto presidencial. Al mismo tiempo, avanza otro proyecto clave para limitar los decretos de necesidad y urgencia (DNU), poniendo en evidencia la creciente fragilidad parlamentaria del Poder Ejecutivo frente a una oposición cada vez más consolidada.
La ley de emergencia en discapacidad, aprobada inicialmente en julio en el Congreso y vetada por Milei a comienzos de agosto, había sido defendida como una medida imprescindible para garantizar derechos mínimos: prestaciones básicas, transporte, atención integral y una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, con compatibilidad para quienes trabajan en relación de dependencia, siempre que sus ingresos no superen dos veces el salario mínimo. El Ejecutivo argumentó que estas medidas eran inviables desde el punto de vista fiscal y contradecían la política de austeridad que le dio su sello de identidad.
La Cámara de Diputados respondió rápidamente: el 20 de agosto rechazó el veto con 172 votos a favor y 73 en contra, superando con claridad el quórum de dos tercios necesario para mantener la ley. Incluso ya para ese momento el rechazo presidencial se presentaba como el primer gran escollo legislativo exitosamente sorteado por la oposición en el gobierno de Milei.
El Senado, aún más contundente, ratificó la inconstitucionalidad política del veto. Presidida por el senador provisional Bartolomé Abdala —ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel se encontraba en el exterior junto al presidente—, la sesión reflejó un bloque opositor sólido, compuesto por peronistas, radicales, macristas y fuerzas provinciales, que avanzó sin obstaculización . En el Senado, la ley de discapacidad fue ratificada por 63 votos, lo que confirma su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción de prórroga por un año más. Algunos medios señalan que la ley declara la emergencia hasta diciembre de 2027, aunque lo más citado es hasta finales de 2026.
Durante el debate, la oposición cargó con dureza contra las decisiones de la Casa Rosada. El senador Pablo Bensusán (Peronismo) lanzó una acusación fuerte: “Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda llegar a sus terapias o quede condenada al olvido… Si el Estado para ahorrar necesita maltratar a la gente, no está ahorrando: los está abandonando” . Otros legisladores recordaron que nadie puede considerar la discapacidad como un tema secundario: “La discapacidad no es un problema privado sino del Estado”, declaró la senadora Guadalupe Tagliaferri.
El contexto legislativo se vio además empañado por un escándalo en el seno del gobierno: filtraciones de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, vinculan directamente a Karina Milei —hermana y secretaria general de la Presidencia— con un presunto esquema de cobro de coimas relacionado con la compra de medicamentos. A raíz de esas denuncias se ordenaron allanamientos, se inició una investigación judicial y Spagnuolo fue dado de baja.
La sesión del Senado, para muchos medios, fue una jornada bisagra. La marcha blanca de la oposición no solo reinstaló la ley de discapacidad, sino que también avanzó con un proyecto que busca reformar la ley de DNU. Se propone que cada decreto presidencial trate una sola materia y que el Congreso tenga 90 días para ratificarlo; con una sola cámara bastaría para revocarlo, una fórmula que limita fuertemente las facultades extraordinarias del Ejecutivo.
Aunque Milei ha defendido su política fiscal con contundencia —en foros internacionales adujo que la oposición busca quebrar el Estado— la coalición opositora demuestra que puede frenar sus principales banderas legislativas . La conjunción de debates sociales, escándalos de corrupción y límites institucionales hacen de esta sesión un termómetro de su debilidad en el Congreso. Es la primera vez desde 2003 que un veto presidencial es revertido, y lo hizo con respaldo claro, contundente, frente a un oficialismo con escasa representatividad parlamentaria.
Esta derrota se presenta en un momento crítico. El domingo siguiente se celebran elecciones en la provincia de Buenos Aires, y en octubre llegan los comicios legislativos de medio término. La oposición exhibió músculo político y capacidad de articular más allá de la grieta, mientras que Milei se encamina con fuerza decreciente en el Legislativo. La sesión del jueves es, sin duda, un capítulo emblemático: una oposición unida le puso un freno a las políticas de ajuste extremo; en ese escenario, el reclamo por derechos básicos para personas vulnerables se impuso, y el debate sobre límites al poder presidencial recobra dimensión institucional.
Con un horizonte parlamentario complicado, el gobierno libertario deberá revisar su estrategia si quiere sostener sus reformas. Pero esa revisión ya no podrá ser impuesta desde arriba: el Senado y la alianza opositora le ganaron la primera pulseada. En el medio, quedan 102.000 beneficiarios cuyos derechos fueron restituidos, un caso de corrupción abierto y la posibilidad de transformar este conflicto en un punto de inflexión de la política argentina.
