La incertidumbre preelectoral agrava la inestabilidad financiera. Caída generalizada en activos financieros, intervención estatal en el mercado cambiario y temores sobre el futuro político y económico.
La economía argentina atraviesa un momento delicado, justo en la antesala de las elecciones provinciales y nacionales. El índice S&P Merval retrocedió nuevamente, alcanzando sus niveles más bajos del año, mientras el riesgo país escaló hasta los 898 puntos básicos, acercándose peligrosamente a los 900. Este escenario refleja una confluencia de incertidumbres: escándalos de corrupción, fragilidad institucional y tensiones en el mercado cambiario que presagian una contienda política candente y con alto costo financiero.
Caídas bursátiles y un riesgo país al alza
En las últimas dos semanas, las pérdida de valor de los activos argentinos se intensificó por una combinación de factores políticos y económicos. El índice S&P Merval acumula una caída del orden del 32% en lo que va de 2025, un contraste dramático frente a los principales mercados globales, que vienen mostrando retornos positivos: el S&P 500 sube 9,5%, el Euro Stoxx 50 22,6%, los mercados emergentes 20,3% y el Bovespa brasileño un 31,8%.
La tercera semana de agosto, el riesgo país se encontraba rondando los 850 puntos, impulsado por acusaciones de corrupción que involucraban a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la familia del presidente Javier Milei, lo que ensombreció el clima inversor. Analistas advertían que una performance débil del oficialismo en las elecciones podría disparar ese indicador hasta 900 o incluso 1.000 puntos.
Efectivamente, el lunes 2 de septiembre, el riesgo país experimentó un salto superior al 8%, alcanzando 898 puntos, un punto que no tocaba desde mediados de abril. Asimismo, el panel líder de la bolsa porteña sufrió una pérdida adicional de cerca del 2,1%, con valores del índice en torno a 1.934.000 unidades ($1.410/USD por Contado con Liquidación). Tanto empresas como ADRs registraron caídas severas: Aluar cayó 4,7%, Cresud 3,7%, Metrogas 3,6% y Banco Supervielle 3,5%, mientras los ADRs como Grupo Supervielle o Telecom se hundieron entre 3% y 4%.
Este nuevo nivel del riesgo país refleja el deterioro sostenido del costo de financiamiento soberano y una creciente desconfianza de los inversionistas, que sitúan a Argentina en una situación similar a la de mediados de abril, pero en un contexto político mucho más tenso.
Intervención oficial y dólar bajo presión
La estabilidad cambiaria también se ve comprometida. Aunque el gobierno había prometido un esquema de flotación con bandas entre $1.000 y $1.400 por dólar, el peso continuó devaluándose hasta un 2%, alcanzando cotizaciones cercanas a los $1.385 por dólar. Ante esta situación, el Tesoro salió al mercado a vender dólares, con ventas acumuladas que ya superan los USD 500 millones desde el 11 de agosto, aunque en los últimos tres días esas intervenciones ascendieron a unos USD 150 millones.
La intervención oficial consiguió solo una leve apreciación del peso, y el esquema de flotación “silenciosa” se ve cuestionado por la falta de reservas netas y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, el Banco Central elevó el encaje bancario al 53,5%, la tasa más alta de la región, con el objetivo de restringir crédito y desacelerar la fuga de depósitos, pero al costo de sofocar un incipiente rebote económico.
A pesar de estas medidas, el tipo de cambio sigue presionado y los dólares financieros no aflojan, lo que confirma que el Tesoro aún no logró estabilizar el mercado.
Antecedentes, contexto y lo que viene
La actual inestabilidad es heredera de una crisis estructural que ha venido golpeando al país desde 2018. Corridas cambiarias, déficit fiscal persistente, alta inflación y erosión de reservas han sido constantes. En junio pasado, JP Morgan recomendó a sus clientes dar un paso atrás respecto de Argentina, dada la depreciación extrema del peso frente a otras monedas emergentes.
El gobierno de Javier Milei asumió con promesas de orden fiscal, inflación baja y reformas radicales a través de la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (fines de 2023). Su coalición no controla el Congreso, lo que ha significado restricciones legislativas y una relación tensa con el poder parlamentario.
Las elecciones legislativas de octubre, con un ensayo previo en Buenos Aires, constituyen una prueba de fuego. Si el oficialismo asegura representación, podría mejorar la confianza inversora y reducir la incertidumbre; de lo contrario, un retroceso electoral podría alimentar nuevas turbulencias financieras.
La estrategia económica ha pasado de buscar estabilidad cambiaria y superávit fiscal a intervenir activamente en el mercado, en un entorno de tasas elevadas (entre 48% a 60%), alta inflación, escasa inversión extranjera y escasos márgenes en reservas.
Argentina entra en su segunda mitad de 2025 con un panorama financiero deteriorado: mercados deprimidos, riesgo país cerca de los 900 puntos y un dólar arbitrariamente contenido pese al debilitamiento económico. La incertidumbre política, en especial el escándalo en ANDIS y la cercanía de elecciones clave, operan como catalizadores de un clima de volatilidad. Los próximos comicios no solo decidirán la composición política, sino, más fundamentalmente, el rumbo económico de un país que clama por estabilidad. La contienda electoral y la reacción de los mercados definirán si este escenario es el techo del riesgo o apenas el inicio de una nueva etapa de turbulencias financieras.
