La obra que promete llevar gas a 800 familias avanza entre trabas burocráticas, vandalismo, impuestos y un clima político negativo en la capital provincial que complica más al empresario que al propio suelo.
El domingo 7 de septiembre de 2025 ingresó a Río Gallegos la tunelera que permitirá avanzar con los cruces subterráneos de la red de gas en el Barrio 22 de Septiembre. El arribo de la maquinaria —clave para instalar cañerías en terrenos complejos— debería haber sido motivo de celebración. Sin embargo, la postal quedó empañada por un escenario de obstáculos que van mucho más allá de lo técnico: el empresario Rubén “Carito” Aranda, a cargo de la obra a través de la firma Chimen Aike, enfrenta un entramado de dificultades que convierten cada avance en una pulseada contra la burocracia, los intereses y hasta el vandalismo.
“Nosotros no podemos parar. Tenemos mucha gente, maquinaria. Si no trabajamos porque nos frenan la obra, pagamos sueldos igual, aportes…”, declaró Aranda con tono de hartazgo. Su frase sintetiza el drama de cualquier privado que decide encarar una inversión de magnitud en la capital santacruceña: las máquinas pueden estar listas, pero los permisos, las tasas y las trabas administrativas pesan más que la tierra.
Un canon que suena a castigo
La empresa trajo 100 caños para desplegar unos 1.400 metros de red de los 5.000 previstos. Sin embargo, el avance se topó con un reclamo insólito: el municipio exige 13 millones de pesos de canon por abrir una zanja en un área que, según Aranda, ni siquiera está urbanizada. El empresario comparó con otras localidades: “En Puerto Deseado no nos cobran un peso por el zanjeo. Acá sí lo intentan hacer, pese a que el área no está urbanizada”.
El planteo desnuda una contradicción: mientras la Provincia y Distrigas sostienen que la obra es prioritaria para garantizar gas a 800 familias, el municipio actúa como si se tratara de un negocio privado al que hay que facturarle peajes. “El tramo más conflictivo corresponde a la Ruta 3, zona de circunvalación, y no a jurisdicción municipal”, recordó Aranda. El mensaje es claro: los obstáculos no son de ingeniería, sino de política local.
Vandalismo: otra barrera para frenar
Como si la burocracia no alcanzara, aparecieron ataques directos a la obra. Caños perforados con clavos, vidrios de retroexcavadoras rotos y daños en maquinaria completaron un cuadro que ya no es sólo administrativo. “Pareciera que hay gente que no quiere que se termine la obra, perjudicando a cientos de familias”, denunció el jefe de obra Jorge Fabatia.
El hecho obligó a radicar denuncias policiales y a reforzar la seguridad, con el costo extra que eso significa para una empresa que ya lidia con cánones y plazos. Distrigas, que financia gran parte del proyecto —con una inversión cercana a 1.400 millones de pesos—, advirtió que cualquier retraso impacta directamente en las 800 familias que esperan dejar atrás las garrafas.
Un empresariado en desventaja
El contraste con otras ciudades es inevitable. En localidades como Puerto Deseado o El Calafate, los proyectos de gas avanzan sin trabas adicionales, mientras en Río Gallegos la obra se convierte en un campo de disputa política. La situación expone un problema estructural: el empresariado local debe invertir no sólo en materiales y mano de obra, sino también en sortear tasas, autorizaciones duplicadas y hasta actos de sabotaje.
Aranda fue explícito: “Si no trabajamos, igual tenemos que pagar sueldos. Esto no es una aventura: es inversión, es compromiso. Pero si la ciudad le da la espalda a quienes hacen obras, la pregunta es quién va a querer seguir trabajando acá”.
Los vecinos en medio
Mientras tanto, los verdaderos protagonistas —los vecinos del Barrio 22 de Septiembre— miran con ansiedad cómo la obra avanza a los tumbos. En reuniones con Distrigas se les prometió anillado completo en 60 días y transparencia en cada etapa. Pero el clima que rodea a la obra, entre denuncias, discusiones políticas y daños materiales, genera la sospecha de que el plazo es más una expresión de deseo que una certeza.
Para las familias, el gas natural no es un lujo: significa dejar de pagar garrafas que hoy cuestan entre 20.000 y 25.000 pesos mensuales, además de seguridad y dignidad. Cada día de demora se traduce en hogares que siguen dependiendo de un recurso caro, escaso y riesgoso.
Una ley pendiente
Ante el desgaste, Aranda propuso impulsar una ley que regule las intervenciones en zonas no urbanizadas, evitando que cada municipio invente cánones o permisos según conveniencia política. La iniciativa apunta a dar un marco estable a quienes invierten en infraestructura básica.
“Si no se legisla, cada ciudad será una trampa distinta para el que quiera hacer obras. Y al final los que pierden son los vecinos, no los intendentes”, sentenció el empresario.
Una capital que ahuyenta inversión
El caso de la tunelera en Río Gallegos refleja un patrón que preocupa: mientras en otras localidades la inversión se recibe con apoyo y agilidad, en la capital provincial se multiplica la conflictividad. Lo que debería ser un paso firme hacia la mejora en la calidad de vida de cientos de familias termina siendo un test sobre hasta dónde resiste un privado antes de dar un portazo.
Aranda insiste en que terminará la obra. El gobernador y Distrigas también lo respaldan. Pero las preguntas quedan planteadas: ¿qué pasará con el próximo empresario que intente traer maquinaria y empleo a Río Gallegos? ¿Seguirá encontrando trabas y clavos en el camino?
