La Comisión Investigadora del criptoescándalo $LIBRA convocó a Karina Milei a declarar antes del 26 de octubre; si no concurre, los diputados podrían trasladarse a la Casa Rosada. Paralelamente, se reactivaron citaciones, oficios a billeteras virtuales y causas judiciales avanzan en Argentina y Estados Unidos.
En un giro del conflicto político que gana intensidad a poco más de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, la Comisión Investigadora del caso $LIBRA en la Cámara de Diputados activó una batería de medidas para exigir respuestas al oficialismo. Se aprobó citar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para que declare los martes 23 o 30 de septiembre, con la opción de que proponga una fecha alternativa antes del fin de mes. En caso de inasistencia, la comisión anunció que podría desplazarse hasta la Casa Rosada y tomarla declaración allí, en el día y hora que determine. En última instancia, se evaluaría recurrir a la Justicia para garantizar su presentación, incluso con uso de fuerza pública si fuera necesario.
La decisión se tomó tras los faltazos de dos testigos clave: Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), y Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI). Su ausencia fue duramente criticada por la oposición como un intento de obstaculizar el proceso investigativo.
En la sesión en la que se resolvió la citación, el diputado Juan Marino propuso las fechas y remarcó que, de no poder asistir en esos días, Karina podría proponer otra dentro de septiembre . Mónica Frade, de la Coalición Cívica, planteó la opción de trasladar la comisión a la Casa Rosada, describiéndola como “una salida para que la señorita no tenga que moverse y perder tiempo, pero que tenga todas las garantías”. El diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, estableció como límite para obtener su testimonio la primera semana de octubre.
Durante la sesión, el exsubsecretario de la OA, Luis Villanueva, denunció que Melik y su equipo “aportaron cero información relevante a la UTI” y criticó la falta de medidas “absolutamente indispensables”, señalando que Karina funcionó como “filtro para reunirse con el presidente”, lo que merecería su propia citación.
La comisión también reactivó pedidos de declaración a Melik y Zicavo, esta vez a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Además, giraron oficios a billeteras virtuales como Belo App, Buenbit, Ripio y Lemon Cash para recolectar datos sobre movimientos financieros relacionados al criptoactivo investigado.
El caso $LIBRA estalló el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei promovió en redes sociales un criptoactivo con ese nombre, desarrollado por Kelsier Ventures. La moneda pasó de valer 0,000001 a 5,20 USD en pocos minutos, para desplomarse casi inmediatamente. Los fundadores, que controlaban el 70% del token, vendieron en ese momento logrando ganancias millonarias estimadas entre 87 y 286 millones de dólares, mientras miles de inversores quedaron con grandes pérdidas.
La magnitud del escándalo derivó en una demanda colectiva que alcanza los 4,5 millones de dólares, para la que Javier y Karina Milei fueron citados a una mediación en abril. En paralelo, se investigan delitos penales como estafa, abuso de autoridad y cohecho, requiriendo el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados . En Estados Unidos, además, se abrió una causa civil que ya logró congelar 280 millones de dólares vinculados a las ganancias del token.
El escándalo deshizo el llamado “triángulo de hierro” formado por Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, debilitando la cohesión del oficialismo . La ex canciller Diana Mondino se sumó a las críticas, señalando al presidente con una frase lapidaria: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”.
La presión política e institucional se intensifica con las elecciones legislativas en puerta, en medio de pronósticos adversos para el oficialismo. En las recientes elecciones de la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria se impuso con aproximadamente el 47%, frente al 33,8% de La Libertad Avanza.
La Comisión Investigadora, a pesar de los intentos de freno, elaboró un reglamento interno apoyado por 14 diputados opositores e impulsó el inicio formal de la investigación; el oficialismo impugnó y se retiró de varias sesiones . Maximiliano Ferraro, su presidente, salió a defender el trabajo del cuerpo y rechazó acusaciones de montaje político o destituyente, alegando que responden a “especulación electoral”.
Entre los citados también figuran el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo, y el ministro de Justicia Cúneo Libarona, quienes fueron llamados a declarar por la comisión.
En la justicia penal, la jueza María Servini solicitó al Banco Central información sobre las cuentas bancarias de Milei, su hermana, y otros involucrados (Novelli, Terrones Godoy, Morales), además de inhibición de bienes.
Por su parte, el jefe de Gabinete defendió al presidente, argumentando que Milei solo difundió “información pública” sobre $LIBRA, y negó responsabilidad en el fraude; sin embargo, se supo que Karina autorizó reuniones con los creadores del token en la residencia presidencial.
En el ámbito internacional, el empresario Hayden Mark Davis, asociado a Kelsier Ventures, fue protagonista de escandalosas afirmaciones: admitió haber sobornado a Karina Milei para influir sobre el presidente, aunque hasta el momento no hay pruebas contundentes que las respalden.
Ahora la situación se define en horas clave: ¿comparecerá Karina Milei ante la Comisión antes del 30 de septiembre o persistirá en su ausencia? ¿Recurrirán los diputados a la Justicia o enviarán fuerzas para tomarle declaración en la Rosada? La sociedad espera respuestas, y las urnas están cada vez más cerca.
