Cristina Kirchner enfrenta ahora un nuevo capítulo judicial que podría marcar un antes y un después en su ya convulsa trayectoria política. A seis años de su sentencia en el caso Vialidad, la Justicia avanza en la ejecución del decomiso de bienes para recuperar fondos que considera producto de corrupción. Entre los activos susceptibles de ser confiscados figuran más de 4 millones de dólares vinculados a su hija, cuatro hoteles en El Calafate y el departamento en la calle San José donde cumple prisión domiciliaria.
En una nueva etapa del proceso, el Tribunal Oral Federal 2—integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu—intensifica los pasos para avanzar en los decomisos ordenados tras la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo le impuso seis años de prisión a Cristina Kirchner, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la responsabilidad solidaria por un decomiso monetario valuado en 684.990 millones de pesos.
El listado de bienes que podrían pasar al Estado es amplio y variado. Entre los más destacados están:
Hoteles en El Calafate: incluyen el Hotel Alto Calafate, y propiedades vinculadas a Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., como Casa Patagónica, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén, compradas entre 2008 y 2009.
Departamento de la calle San José 1111, donde la expresidenta cumple arresto domiciliario; según estimaciones periodísticas, esta propiedad podría tener un valor aproximado de US$ 300.000.
Dólares de Florencia Kirchner: originalmente secuestrados en 2016, suman más de US$ 4,6 millones, alojados en cuentas y cajas de seguridad a nombre de la hija de la exmandataria.
Otros inmuebles: además del departamento de Recoleta donde residió Cristina, figuran numerosos inmuebles en Santa Cruz—como la residencia familiar en Río Gallegos, propiedad en El Calafate y hotel Los Sauces—cedidos a sus hijos en 2016, presuntamente para anticiparse a embargos judiciales.
Cuentas bancarias y plazos fijos: forman parte del patrimonio en la mira, junto con cajas de ahorro y comitentes de inversión a nombre de Cristina Kirchner.
Este jueves, la Sala IV de la Cámara de Casación realizó una audiencia —que ya tuvo lugar— en la cual expusieron el fiscal Mario Villar y las partes; los jueces tendrán un plazo de cinco días hábiles para resolver la suerte de los bienes.
La defensa sostiene que algunos embargos son desproporcionados y pidió su levantamiento, alegando en particular que Florencia Kirchner fue sobreseída en forma firme. Sin embargo, los jueces consideraron que esos bienes podrían igualmente estar vinculados a delitos y mantenerlos embargados es una medida precautoria necesaria.
Durante el debate se discute también si la distribución parcial de dividendos —como autorizar solo el 50 % de ingresos de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.— es adecuada, o si las medidas cautelares deben garantizar mayor efectividad para cubrir las responsabilidades impuestas por la condena.
La causa Hotesur y su derivado, el caso Los Sauces, ya habían generado anteriores embargos millonarios: en 2016, se trabaron embargos por US$ 4.664.000 en cajas de seguridad, US$ 1.032.144,91 en cajas de ahorro y otros activos financieros, como parte de una investigación por presunto lavado de activos y alquileres ficticios.
La magnitud del patrimonio bajo escrutinio alcanza números sin precedentes en el contexto político argentino reciente. La Justicia busca reparar el daño al Estado, mientras que desde el oficialismo se denuncia que se trata de una persecución política más que de una acción judicial legítima. En simultáneo, la sociedad observa con atención, preguntándose si este capítulo podrá llegar a un cierre definitivo o continuará extendiéndose en recursos y apelaciones.
De fondo, este caso despliega una tensión entre dos sectores: quienes demandan que se concretice la devolución al Estado de todo presunto enriquecimiento ilícito, y quienes alertan sobre la instrumentalización de la Justicia para objetivos políticos.
