Doce postulantes ya inscriptos buscan ocupar las cuatro nuevas vocalías creadas en el Tribunal Superior de Justicia tras la sanción de la Ley N.º 253/25. La lista incluye exfuncionarios, juristas y referentes de la abogacía local, en un proceso que promete tensiones políticas y un alto costo fiscal.
Los 12 nombres en carrera
Con la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros, comenzó el proceso de selección de las cuatro nuevas vocalías. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar el mecanismo de ternas en orden alfabético y con pliego abierto, que serán elevados a la Cámara de Diputados para su designación en los próximos días.
Los 12 postulantes presentados hasta ahora son:
Gabriela Analía Castro
Gabriel Nolasco Contreras Agüero
Fernando Hernán Kustich
Sergio Edgardo Acevedo
Norberto Miguel Castello
Marcelo Urbano Quintero
Juan Lucio Ramón De la Vega
Natalia Linardi
Julián Michavila
Ramiro Esteban Castillo
Nora José Antonio González
David Ezequiel Ghizzardi
La nómina combina trayectorias diversas: abogados con experiencia en fueros locales, juristas de prestigio, dirigentes de la abogacía provincial y exfuncionarios con peso político, entre ellos el exgobernador Sergio Edgardo Acevedo. El listado abre una pulseada clave: definir quiénes ocuparán lugares estratégicos en la cúspide de la Justicia santacruceña.
La reforma y su aprobación
La posibilidad de estos nombramientos se abrió tras la aprobación de la Ley N.º 253/25, sancionada el 28 de agosto de 2025 en la décima sesión ordinaria de la Legislatura, presidida por el vicegobernador Fabián Leguizamón. La votación terminó con 13 votos afirmativos, 9 negativos y 2 abstenciones, reflejando la fuerte división política en pleno proceso electoral de medio término.
El proyecto fue impulsado por la diputada oficialista Adriana Nieto (Por Santa Cruz), quien argumentó que la provincia necesitaba una justicia más ágil y representativa. La oposición, sin embargo, cuestionó la reforma como una estrategia para garantizar mayoría oficialista en el máximo tribunal, hasta ahora integrado por cinco vocales con vínculos al kirchnerismo.
El legislador Pedro Muñoz (CC-ARI) se abstuvo y advirtió: “El oficialismo avanzó de manera descarada sobre la Justicia”. Por su parte, Agostina Mora (Unión por la Patria) señaló que la reforma busca “tener manos propias dentro del Tribunal”, mientras que los vecinos enfrentan problemas urgentes en materia social y económica.
En defensa del proyecto, Pedro Luxen (Por Santa Cruz) sostuvo que se trataba de “una deuda institucional y un reclamo de la sociedad que permitirá mayor independencia judicial”.
Costos y críticas
Los detractores apuntan al impacto económico: un vocal del TSJ percibe más de 14 millones de pesos mensuales, un secretario relator supera los 8,5 millones y un escribiente mayor ronda los 3,6 millones. Con la ampliación, el gasto anual se incrementaría a más de 4.000 millones de pesos, cifra que la oposición considera insostenible en el actual contexto fiscal.
Desde el oficialismo replican que la inversión se justifica por el aumento de causas judiciales y la necesidad de garantizar respuestas más rápidas. “No se trata de un gasto, sino de un paso para fortalecer derechos”, remarcan.
Argumentos institucionales
La ley se fundamentó en datos demográficos: la población santacruceña se duplicó en menos de treinta años, de 159.839 habitantes en 1995 a 337.226 en 2022. La mayor cantidad de expedientes judiciales, la obligación de paridad de género en la composición del tribunal y la posibilidad de dividirlo en salas internas también fueron señaladas como razones de peso.
Para el oficialismo, la ampliación permite “modernizar y transparentar” la Justicia. Para la oposición, en cambio, se trata de una “maniobra electoral” en un año donde el control de instituciones resulta vital en la disputa de poder.
Expectativas sociales
El anuncio de los candidatos generó expectativas en los colegios de abogados y en organizaciones de la sociedad civil, que reclaman un proceso de designación transparente y basado en méritos. “Lo que necesitamos son jueces con trayectoria, compromiso ético y capacidad de resolver con imparcialidad”, expresó un dirigente del Colegio de Abogados de Río Gallegos.
La ciudadanía observa con atención: de un lado, la esperanza de una justicia más plural y ágil; del otro, la duda sobre si esta ampliación se traducirá en independencia real o en una nueva forma de control político.
Un desenlace abierto
En las próximas semanas, el Poder Ejecutivo deberá formalizar las ternas y enviar los pliegos al recinto. Allí, el oficialismo y la oposición volverán a medir fuerzas, ahora con nombres propios sobre la mesa y con la presión de una sociedad que exige transparencia.
Santa Cruz ingresa así en un capítulo institucional inédito: después de décadas, el máximo tribunal provincial se expande y redefine. Lo que ocurra con estos pliegos no solo marcará el futuro del TSJ, sino también la confianza ciudadana en el sistema judicial de la provincia.
