El presidente cuestiona el costo fiscal y la legislación sin fuentes claras; la oposición exige rechazar los vetos y prepara movilización.
El Presidente de la Nación, Javier Milei, aplicó sendos vetos totales a dos leyes recientemente aprobadas por el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario (Proyecto Nº 27.795) y la Ley de Emergencia Pediátrica (Proyecto Nº 27.796), en medio de fuertes tensiones con los sectores universitarios, de salud y políticos que respaldaban las iniciativas. A la par, el Gobierno dejó pendiente la definición respecto de la ley de reparto automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo plazo para vetarla vence últimamente.
Las leyes vetadas habían sido sancionadas en ambas cámaras durante la sesión del 22 de agosto. La de financiamiento universitario proponía recomponer partidas presupuestarias universitarias —incluyendo funcionamiento, hospitales universitarios, ciencia y extensión— actualizándolas al 1° de enero de 2025, conforme a la inflación acumulada de 2023 y 2024, y garantizando paritarias para docentes y no docentes. En tanto, la ley de emergencia pediátrica (denominada también “Ley Garrahan”) establecía una recomposición salarial, un aumento presupuestario para insumos críticos, atención preferencial para pacientes pediátricos y consideraba declarar emergencia sanitaria por un año para el Garrahan, con asignaciones especiales.
El decreto 647/2025 oficializó el veto al financiamiento universitario. El Ejecutivo argumenta que las iniciativas adolecen de fuentes de financiamiento claras y que su aplicación podría afectar el equilibrio fiscal del país. En el caso de la emergencia pediátrica, el decreto correspondiente es el 651/2025.
El Gobierno justifica estas medidas en línea con su estrategia de austeridad: la reducción del gasto público es, según la Casa Rosada, un mandato que se deriva del diagnóstico económico actual, marcado por inflación persistente y necesidad de estabilizar los números fiscales.
Quienes promueven las leyes vetadas sostienen lo contrario: aseguran que las normas fueron resultado de negociaciones amplias, incluyen cálculos técnicos confiables y responden a demandas urgentes. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se advirtió que el presupuesto para las universidades en 2025 representa apenas la mitad de lo necesario para su funcionamiento normal, y que los salarios del personal docente y no docente han perdido más de la mitad de su valor real frente a la inflación. En el caso del Hospital Garrahan, se denuncian faltantes de insumos críticos y demoras en contrataciones, condiciones salariales deficitarias y saturación de servicios, lo que para los sectores médicos constituye una emergencia de facto.
El costo fiscal estimado de la ley universitaria fue valorado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en alrededor de $1,96 billones argentinos para 2025, equivalente a aproximadamente un 0,23 % del PBI. Previamente, Chequeado estimó que la emergencia pediátrica implicaría un gasto adicional de unos $65.573 millones entre julio y diciembre del año en curso.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. La oposición al Gobierno planteó la necesidad de convocar a sesiones especiales en el Congreso para rechazar los vetos, y adelantó que insistirá con los proyectos originales. Movimientos estudiantiles, sindicatos universitarios y organizaciones de salud anunciaron protestas, clases públicas y un paro nacional universitario para el 12 de septiembre en repudio al veto al financiamiento universitario.
Desde el oficialismo, si bien no todos los detalles han sido divulgados públicamente, se insiste en que el Ejecutivo ha intentado “abrir el diálogo”, pero ya adelantó su intención de vetar las iniciativas, entendiendo que el coste fiscal y la ausencia de fuentes financieras precisas hacen irresponsable prometer más gasto sin financiamiento.
En relación con los ATN, se trata de una ley aprobada también por el Congreso que regula el reparto automático de Aportes del Tesoro Nacional entre las provincias, con reglas que evitarían su discrecionalidad. El Ejecutivo aún no definió si vetará esa norma, aunque ha manifestado su intención de hacerlo. El plazo legal para vetar vence a última hora del viernes 12 de septiembre.
Estos vetos se enmarcan en una tensión permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, y entre las políticas de ajuste fiscal que promueve Milei y los reclamos sociales por una mayor inversión en salud pública, educación y ciencia. En el Congreso, el oficialismo no cuenta con mayoría propia, lo que obliga al Presidente a negociar con bloques opositores o enfrentar la revocación de vetos si estos insisten con las leyes. En casos recientes, como el de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Senado ya rechazó un veto presidencial, lo que restituye la normativa aprobada por el Parlamento.
Mientras el país se encuentra en un contexto de inflación alta, desacelerándose pero aún en niveles elevados, caída del poder adquisitivo, y crisis social en sectores sensibles, la decisión del Ejecutivo de vetar leyes que atienden demandas urgentes genera un choque de prioridades. Las organizaciones sociales critican que el “equilibrio fiscal” invocado por el Gobierno se convierte en letra muerta cuando se trata de gasto destinado a sectores vulnerables, pero es central cuando se compite por recursos. El cronograma legislativo se vuelve tensión pura: si el Congreso insiste, los vetos pueden ser derogados, pero se requiere mayoría especial, algo difícil de lograr sin consenso amplio.
Los próximos días serán clave. Se espera que la oposición convoque sesiones especiales y presione en la calle; que sectores educativos y de salud refuercen medidas de fuerza; que el Gobierno intente explicar con mayor detalle sus cuentas fiscales; y que el Congreso defina si insiste con los proyectos o acepta versiones modificadas. El destino de las leyes vetadas será, en gran parte, símbolo de la capacidad de gobernabilidad del Ejecutivo y de la fuerza del Legislativo frente al ajuste.
