El Supremo Tribunal Federal sentenció al expresidente a 27 años y 3 meses de prisión por liderar una trama golpista tras las elecciones de 2022. El fallo marca un hito sin precedentes en la historia democrática brasileña.
La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió este jueves condenar al expresidente Jair Bolsonaro por su participación en una trama golpista tras perder las elecciones presidenciales de 2022. Con una mayoría de cuatro votos contra uno, los jueces hallaron pruebas suficientes para imputarle cinco delitos, entre ellos tentativa de golpe de Estado, liderazgo de una organización criminal armada, daño al patrimonio público y acciones encaminadas a abolir el Estado democrático de derecho. Bolsonaro, de 70 años, fue sentenciado a 27 años y 3 meses de prisión. Otros siete excolaboradores fueron condenados también, lo que marca una de las decisiones más graves en la historia reciente de la justicia brasileña.
El fallo se consumó gracias al voto del juez Cristiano Zanin, quien fue el que presentó el voto definitivo en la Primera Sala, completando el bloque mayoritario integrado además por los jueces Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Flávio Dino, mientras que Luiz Fux emitió un voto disidente pidiendo la absolución. Bolsonaro y sus abogados sostienen que no existen pruebas directas de que él haya orquestado el golpe, y también impugnan la competencia del tribunal para juzgarlo, argumento usado por Fux en su voto.
El proceso judicial se centra en acusaciones según las cuales Bolsonaro, antes y después de perder los comicios frente a Luiz Inácio Lula da Silva, lideró una campaña progresiva para socavar las instituciones democráticas: descrédito del sistema electoral, amenazas contra jueces, intento de reclutar a los militares, y la elaboración de planes para invalidar la derrota electoral. Parte de esa trama culminó el 8 de enero de 2023, cuando manifestantes bolsonaristas asaltaron violentamente las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia, alterando gravemente el orden institucional.
Junto con Bolsonaro fueron condenados personajes que ocuparon altos cargos: exministros, militares y asesores, entre ellos Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid (quien además fue clave como denunciante), Almir Garnier y Alexandre Ramagem. La acusación los señala como miembros centrales de la organización criminal armada destinada a impedir la transición del poder electoral, instaurar mecanismos de presión institucional y posibles acciones violentas.
El voto de Luis Fux fue el disidente. Fux sustentó que no hay pruebas suficientes que vinculen directamente a Bolsonaro con varios de los hechos imputados, que algunos actos fueron realizados por terceros, y que el STF no tendría competencia para juzgar al expresidente ya que dejó de poseer inmunidad (“foro privilegiado”) al terminar su mandato en 2022. Criticó además la rapidez del juicio y la manera en que se manejaron algunas pruebas.
Entre los delitos concretos se destacan tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolir el Estado democrático de derecho, organización criminal armada, daño cualificado al patrimonio público y/o deterioro del patrimonio histórico. La fiscalía estimaba que las penas podrían alcanzar hasta 43 años de prisión, dependiendo del grado de participación de cada uno de los acusados y del peso de los agravantes.
Al momento del fallo Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario, con otras medidas cautelares impuestas en procesos paralelos. La decisión del STF en esta Sala no puede ser apelada ante el tribunal pleno (que se compone de once ministros), pero los condenados aún cuentan con recursos legales en otras instancias.
El caso ahora pone en el centro del debate político brasileño la cuestión de la radicalización, el rol del poder judicial, las tensiones institucionales y la manera en la que se protegen la democracia y los derechos fundamentales. El presidente Lula da Silva ha señalado que el fallo confirma lo que su gobierno ha denunciado: que existía una conspiración para desconocer la voluntad popular. Por otro lado, partidarios de Bolsonaro lo califican como persecución política. Organismos internacionales y observadores han seguido de cerca el juicio, que tendrá además repercusiones en el contexto regional y en la opinión pública internacional.
Esta sentencia marca un hito sin precedentes en Brasil: por primera vez un expresidente es condenado por intentar subvertir el orden democrático a través de un plan golpista que incluye tanto acciones judiciales, militares como de movilización violenta. Los expertos advierten que, aunque la justicia ha actuado de forma contundente, la polarización política, la desconfianza institucional y los discursos populistas siguen siendo desafíos profundos para la democracia brasileña.
El STF debe ahora determinar formalmente el monto preciso de la condena para cada delito imputado y el régimen de cumplimiento de pena. También surge la posibilidad de que Bolsonaro recurra a instancias superiores y de que su defensa busque medios para suspender la ejecución de la pena mientras duren esos recursos. Entretanto, en Brasil crece la tensión sobre cómo este juicio afectará el sistema político, la credibilidad de las elecciones, el papel de las Fuerzas Armadas y la futura influencia de Bolsonaro en la escena pública, incluso privado.
Con esta decisión el país avanza una página importante en su institucionalidad, pero el camino hacia la reconciliación política y la restauración de confianza social será, según los analistas, largo y complejo.
