Diez compatriotas arribaron en un operativo inédito coordinado por el gobierno de Donald Trump. Seis de ellos tienen antecedentes judiciales, cuatro no registran causas penales. La Argentina guarda hermetismo mientras crecen las dudas sobre el alcance de la política migratoria norteamericana.
En la madrugada del jueves, poco después de las tres de la mañana, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza un vuelo especial procedente de Texas con diez ciudadanos argentinos deportados por decisión del gobierno de los Estados Unidos. El operativo, organizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se concretó en un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, alquilado especialmente para el traslado. El avión había hecho escalas en Colombia y Brasil antes de arribar a la Argentina. Los deportados ingresaron por la terminal privada y fueron recibidos por familiares en un clima de tensión y discreción, mientras efectivos de seguridad acompañaban el desembarco sin incidentes.
Los nombres de los diez argentinos y sus antecedentes judiciales revelan la diversidad de situaciones contempladas en este operativo. Seis de ellos registran causas en la justicia: Daniel Rodrigo Céspedes (condenado por robo), Luciana Lorena Lopresti (acusada de agresión), Marcos Ontivero (procesado por proxenetismo), Pablo Ridolfo (condenado por delitos contra el orden público), Rodolfo Valor (condenado por tráfico) y Julián Francisco Rojas (cuyos antecedentes no fueron detallados oficialmente). Los otros cuatro —Maximiliano García, Sandra Márquez, Ernesto Núñez y Mario Robles— no cuentan con antecedentes penales, y fueron deportados por infracciones vinculadas a su estatus migratorio. Esta mezcla de perfiles, entre delitos graves, acusaciones menores e irregularidades administrativas, expone la amplitud de criterios con que las autoridades estadounidenses están aplicando su política migratoria.
Uno de los deportados, un joven de 25 años detenido en San Antonio, Texas, relató antes de subir al avión que el trato recibido en los días previos fue “muy bueno, todo en orden, como debe ser”. Añadió que la notificación final incluía la prohibición de reingresar a Estados Unidos durante al menos cinco años. Testimonios similares recogidos por medios locales refuerzan la idea de que no todos los casos responden a situaciones criminales, sino que muchos derivan de controles migratorios rutinarios y de la aplicación estricta de nuevas leyes. Entre ellas destaca la llamada “Ley Laken Riley”, aprobada en enero de 2025, que obliga a la detención inmediata de inmigrantes indocumentados acusados o condenados por determinados delitos, incluso menores, ampliando el espectro de personas alcanzadas por la deportación.
El operativo generó fuerte repercusión en la opinión pública. Por un lado, sectores de la sociedad celebraron que quienes tienen causas penales vuelvan a cumplir sus condenas o responsabilidades en el país de origen. Por otro, distintas organizaciones de derechos humanos advirtieron que el procedimiento evidencia una preocupante falta de garantías, especialmente para los deportados sin antecedentes. Preguntas sobre el acceso a asesoría legal, el respeto del debido proceso y la selección de los ciudadanos incluidos en este vuelo permanecen sin respuesta clara. En la práctica, la deportación afecta no sólo a los individuos sino también a sus familias, que en muchos casos dependían de las remesas enviadas desde Estados Unidos para sostener su economía.
La Cancillería argentina evitó pronunciamientos formales más allá de confirmar la llegada del vuelo. El embajador en Washington, Alejandro Oxenford, relativizó el fenómeno en declaraciones públicas: “El número de argentinos deportados es infinitesimal; comparado con otros países de la región es más o menos cero”. Según el diplomático, mientras cientos de miles de mexicanos y centroamericanos son expulsados cada año, los casos argentinos resultan marginales. Sin embargo, los datos recogidos por distintos medios señalan que más de 300 ciudadanos nacionales ya fueron deportados desde que Trump endureció sus medidas migratorias en 2023, aunque el número oficial sigue siendo desconocido por la ausencia de estadísticas consolidadas.
La política migratoria del actual gobierno estadounidense se radicalizó en este segundo mandato de Trump. Se multiplicaron los vuelos especiales de deportación hacia América Latina, especialmente México, Guatemala, Honduras y El Salvador. La decisión de incluir a la Argentina en ese esquema, con un vuelo exclusivo, marca un precedente. Expertos en relaciones internacionales interpretan que se trata de una señal política en un contexto donde la Casa Blanca busca mostrar resultados inmediatos en materia de seguridad interna. Para la administración de Javier Milei, que mantiene un alineamiento cercano con Washington, el desafío consiste en equilibrar ese vínculo estratégico con la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos argentinos en el exterior.
El impacto humano de este operativo se reflejó en los reencuentros de Ezeiza. Una madre que esperaba a su hijo contó que llevaba cinco años trabajando en Houston, sin problemas judiciales, hasta que un control de tránsito derivó en la revisión de su estatus migratorio. Otro familiar relató que su hermana había iniciado un trámite de asilo por persecución laboral y fue deportada sin que su caso llegara a resolverse. Estas historias ponen en evidencia la distancia entre los discursos oficiales y la realidad de quienes migran en busca de oportunidades. Para los retornados, la vida se reconfigura abruptamente: muchos vuelven sin recursos, sin trabajo y sin redes de contención.
La oposición reclamó al gobierno transparencia y asistencia. Desde distintos bloques legislativos se pidió que se informe cuántos argentinos están en situación de deportación inminente, qué protocolos de recepción se aplicarán y qué medidas de reinserción se ofrecerán a los repatriados. En paralelo, organismos especializados en migración solicitaron una mesa de trabajo conjunta con Cancillería para diseñar un plan de acompañamiento que incluya asesoría legal, asistencia psicológica y programas de reinserción laboral. El temor es que, sin un esquema de apoyo, los deportados terminen marginados y expuestos a nuevas vulnerabilidades.
En perspectiva histórica, este vuelo representa un hito. Hasta ahora, los argentinos deportados regresaban en vuelos comerciales, acompañados por custodia mínima y sin despliegues especiales. Este fue el primer operativo directo de 2025 con un avión alquilado específicamente para la repatriación. El hecho, además, coincide con un momento en que se discute la exención de visas para ciudadanos argentinos, un tema que ocupa un lugar central en la agenda bilateral. La llegada de diez deportados bajo estas condiciones podría complejizar ese debate y condicionar las negociaciones.
Lo ocurrido abre un debate profundo. Argentina, país de tradición receptora de inmigrantes, enfrenta el desafío de responder cuando son sus propios ciudadanos quienes padecen políticas de exclusión en el exterior. La pregunta es qué grado de protección puede ofrecer el Estado y cómo compatibilizar la relación estratégica con Washington con la defensa de los derechos de los compatriotas. El arribo de este vuelo no es un hecho aislado: es la primera expresión visible de un nuevo orden migratorio global, más restrictivo y punitivo, que también alcanza a los argentinos. La respuesta que dé el país en los próximos meses será determinante para definir si se limita a la pasividad diplomática o si, en cambio, asume un rol activo en la defensa de sus ciudadanos en un escenario internacional cada vez más complejo.
