El presidente Javier Milei presentará el lunes por cadena nacional, a las 21 horas, el Proyecto de Presupuesto 2026 ante el Congreso, en una coyuntura marcada por derrotas electorales, tensiones fiscales internas y presiones por mayor transparencia, equidad y control del gasto. Lo que parecía solo una formalidad constitucional se perfila como la prueba de fuego para sostener el rumbo económico elegido por el oficialismo.
El Presupuesto 2026 llega en un contexto de enorme fragilidad política, económica y social. Con la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el gobierno busca recuperar la iniciativa y mostrarse firme ante los gobernadores, que reclaman mayor participación en los fondos nacionales, y ante los bloques opositores, que exigen ser parte del diseño y no quedar más como espectadores. Milei elegirá la cadena nacional para marcar agenda, un gesto que quiere hablar más allá de los muros del Congreso.
El proyecto que presentará contempla varias de las metas macroeconómicas que el Gobierno viene anunciando: desinflación, equilibrio fiscal, aumento de la recaudación y reducción del gasto público. Señala una inflación interanual estimada en torno al 22,7% para diciembre de 2025, y fija un tipo de cambio oficial en aproximadamente ARS 1.229 por dólar hacia fin de año. Se prevé también un crecimiento económico cercano al 5,5% para el próximo año.
Uno de los puntos centrales será lograr un superávit primario. En conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se habría comprometido a mantener la disciplina fiscal, y parte de los informes que se preparan incluyen estimaciones rigurosas de sostenibilidad de deuda y riesgos fiscales. Además, se consideraría la incorporación de una regla fiscal más institucionalizada, que limite el déficit y que esté normada legalmente para prevenir desbordes del gasto público.
Sin embargo, no todo está claro ni cerrado. Un desafío importante será el gasto extra que la oposición y los gobiernos provinciales están intentando imponer. Se estima que los proyectos aprobados recientemente en el Congreso podrían añadir cerca del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en erogaciones que el oficialismo originalmente no contemplaba. Ese sobrecosto obliga al equipo de Economía a recalcular márgenes, prioridades y eventual necesidad de medidas compensatorias.
Los gobernadores, por su parte, están particularmente alerta. El reclamo de mayor financiamiento desde la Nación va acompañado de críticas a decisiones recientes del Ejecutivo, como el posible veto a la ley de distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior ha sido interpretada como un intento de abrir canales de diálogo, aunque muchos mandatarios provinciales creen que será insuficiente si no viene acompañada de compromisos concretos.
Otro punto de tensión es la demora en la aprobación del Presupuesto. En 2025 el gobierno prorrogó la ley vigente (correspondiente a 2023), debido a que no logró consenso en el Congreso para sancionar la nueva norma. Este año la oposición ya adelantó que forzará el debate para fijar cronograma de tratamiento, evitar sorpresas y presiones de último momento, y evitar que el oficialismo repita la estrategia de prórroga o de trabas parlamentarias.
En lo político, la presentación también tiene cargas simbólicas: luego de la derrota en Buenos Aires, el Gobierno necesita mostrar capacidad de gobernar, sostener sus compromisos con el FMI —que exige tener un presupuesto votado— y mejorar su relación con gobernadores para evitar quiebre federal. En simultáneo, la oposición busca demostrar que puede quebrar al oficialismo, ya sea imponiendo gastos adicionales, exigiendo transparencia o forzando que el debate se realice con reglas claras.
A la par de lo político, los datos recientes de la economía agregan urgencia. La inflación de agosto fue del 1,9%, igual al mes anterior, llevando la suba acumulada en lo que va del año al 19,5% y la interanual al 33,6%. Algunos sectores como Transporte (3,6%) fueron los más golpeados.
También el escenario externo intensifica los riesgos: la deuda, los intereses crecientes, los compromisos con organismos internacionales, y la necesidad de financiamiento que no termine generando efectos inflacionarios u obligaciones difíciles de cumplir.
La “ley de leyes” tendrá además que contener cláusulas que respondan al FMI respecto a reglas fiscales, sostenibilidad y transparencia, sobre todo en ingresos, gastos y endeudamiento. Ya se habla de instituidos objetivos estructurales para impedir déficits excesivos y promover una mayor previsibilidad macroeconómica.
La tensión es patente también dentro del oficialismo. En un escenario fragmentado, la estrategia será evitar filtraciones, impedir que la oposición use el presupuesto como arma electoral anticipada, y buscar que la norma sea sancionada lo más tarde posible (se especula con diciembre) para que opere con mayor control del oficialismo cuando comience a tener un Congreso parcialmente renovado.
El Presupuesto 2026 es, en suma, una prueba de resistencia para Milei y su equipo económico. Lo que se juegue allí puede definir si el país mantiene credibilidad ante organismos internacionales, inversionistas, gobernadores y ciudadanos. De cómo se gestione esta ley dependerá si los compromisos fiscales se toman como promesa política o como realidad.
Queda poco para el lunes: una cadena nacional, cifras macroeconómicas, reglas fiscales, desequilibrios no resueltos, reclamos territoriales, y una oposición alerta. Será la madre de todas las batallas presupuestarias.
