Los mandatarios se reunieron en Córdoba para definir una estrategia común tras la decisión presidencial de rechazar la norma que buscaba terminar con la discrecionalidad en el reparto de fondos federales, calificando la acción como “otro ataque al federalismo”.
La tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores opositores se ha intensificado tras el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un nuevo esquema para la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En respuesta, los gobernadores del espacio “Provincias Unidas” consolidaron su frente y trazaron un plan de acción para revertir la decisión presidencial. El decreto de veto, publicado en el Boletín Oficial, lleva las firmas de Milei y de los ministros Guillermo Francos y Luis “Toto” Caputo, lo que añade un elemento de fricción ya que son los principales interlocutores con las provincias.
La norma, aprobada en el Congreso y motorizada por los mandatarios provinciales, buscaba eliminar la discrecionalidad en la asignación de los ATN —que constituyen el 1% de la masa coparticipable— y fijar su reparto automático según los coeficientes de coparticipación. Los gobernadores argumentan que estos fondos, originalmente creados para asistir a las provincias en emergencias, se han convertido en una herramienta de presión política. Un informe reciente de Politikón Chaco reveló que en 2024 se distribuyó solo el 7% de los ATN, un nivel históricamente bajo.
Desde la provincia de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés, la última incorporación al espacio, advirtió que es necesario evitar “una trampa electoral” en el diálogo propuesto por el Gobierno. Por su parte, el santafesino Maximiliano Pullaro, consideró que es “muy difícil restablecer la confianza” cuando los acuerdos firmados “luego no se cumplieron”.
La primera respuesta unificada de la “Mesa Federal” de gobernadores opositores se hizo sentir en las redes sociales. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó que “el veto a la Ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional es otro ataque al federalismo y a las autonomías provinciales” y afirmó que los fondos “legítimamente pertenecen a las provincias”. Otros mandatarios, como el salteño Gustavo Sáenz, también se mostraron críticos: “La lealtad es una avenida de ida y de vuelta”, sentenció, en referencia a la falta de reciprocidad del Gobierno nacional.
La ley vetada ahora regresará al Senado, donde los gobernadores buscarán reunir los dos tercios necesarios para insistir con el proyecto y convertirlo en ley pese al rechazo del Ejecutivo.
