La oposición en la Cámara de Diputados prepara una sesión especial para insistir con la sanción de la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica para el Hospital Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario, vetadas por el presidente Javier Milei, en un nuevo episodio del pulso político argentino entre el ajuste fiscal y la protección de derechos fundamentales. El objetivo declarado es reunir los dos tercios de los votos que exige la Constitución para superar los vetos ejecutivos y dejar firmes ambas leyes antes de fin de mes.
El veto presidencial a la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica fue oficializado por decreto en la madrugada del jueves 11 de septiembre. La norma había sido aprobada por el Senado el 22 de agosto con 62 votos a favor y ocho en contra, tras haber recibido previamente media sanción en Diputados. El texto establecía un plazo de un año de emergencia en materia de salud pediátrica, con prioridad presupuestaria para programas de atención infantil y adolescente, garantía de funcionamiento del Hospital Garrahan y acceso equitativo a prácticas de alta complejidad en todo el país, además de preservar los sistemas de residencias médicas. Para la comunidad sanitaria se trataba de un paraguas legal imprescindible para evitar el colapso de un sector clave en la atención de la niñez.
En paralelo, el Ejecutivo también vetó la Ley de Financiamiento Universitario, que había obtenido un amplio consenso en ambas cámaras y contemplaba la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades nacionales, hospitales universitarios y partidas de investigación. El proyecto incluía además la reactivación de paritarias para el personal docente y no docente, con el fin de recomponer salarios fuertemente golpeados por la inflación.
Desde el Gobierno, las razones del veto apuntaron a lo que describen como “un aumento desmedido e irresponsable del gasto público” y a la supuesta falta de financiamiento genuino para cubrir los compromisos previstos. El Ejecutivo sostuvo que la redacción de la norma sobre salud pediátrica era ambigua y que, aplicada en la práctica, podría derivar en asignaciones arbitrarias de recursos. En la misma línea, remarcaron que la ley universitaria implicaba una indexación automática contraria al objetivo de preservar el equilibrio fiscal.
La oposición, en cambio, acusa al Gobierno de poner la motosierra sobre sectores estratégicos en el momento más delicado. Diputados de distintos bloques confirmaron la convocatoria a una sesión especial para el miércoles 17 de septiembre al mediodía, con el objetivo de rechazar ambos vetos y reinstaurar las leyes tal como fueron sancionadas. Para lograrlo deberán alcanzar una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, condición que no suele ser fácil de cumplir en la práctica pero que, según fuentes legislativas, estaría al alcance al menos en Diputados. En el Senado, donde los proyectos ya habían cosechado un fuerte apoyo, el escenario parece más favorable.
El trasfondo político refuerza la tensión. La reciente derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses debilitó la posición del presidente y alentó a la oposición a redoblar su ofensiva parlamentaria. A esto se suma la presión de la calle: médicos residentes del Garrahan, docentes universitarios, estudiantes y trabajadores de la salud vienen movilizándose con protestas, paros y marchas. En las últimas semanas denunciaron que los vetos son “crueles”, “mentirosos” y “despiadados”, al dejar sin respaldo legal ni presupuesto a instituciones que sostienen la educación pública y la atención sanitaria de la infancia.
El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico del país, arrastra meses de conflictos laborales y presupuestarios: paros, atrasos salariales, reducción de personal y dificultades para mantener insumos esenciales. Los profesionales del hospital advirtieron que la falta de recursos amenaza directamente la vida de niños y niñas de todo el país, ya que el Garrahan recibe derivaciones de todas las provincias. En paralelo, las universidades nacionales atraviesan una crisis de financiamiento que afecta tanto a la investigación como a los gastos básicos de funcionamiento. Las autoridades universitarias alertaron que sin actualización presupuestaria el sistema podría paralizarse.
Organizaciones gremiales y sociales preparan una Marcha Federal hacia el Congreso en coincidencia con el debate parlamentario, en lo que esperan que sea una demostración de fuerza similar a la que en abril visibilizó el reclamo universitario. A esa acción se sumarán paros y ruidazos en hospitales y facultades, configurando un escenario de alta conflictividad social. La oposición considera que esta presión en la calle será decisiva para convencer a legisladores indecisos y sostener la convocatoria a sesión con el quórum necesario.
En la Casa Rosada observan el proceso con preocupación. Aunque el Gobierno exhibe el superávit fiscal alcanzado en 2024 como bandera de gestión, los costos políticos del ajuste en salud y educación se acumulan. Para Milei, permitir la vigencia de leyes que incrementen el gasto sin ingresos genuinos podría desarmar la estrategia económica que presenta como única vía para estabilizar al país. Sus detractores, en cambio, argumentan que sostener el equilibrio fiscal a costa de los sectores más vulnerables es una muestra de insensibilidad y de incapacidad de gestión.
