El presidente Javier Milei firmó este jueves el decreto que veta en su totalidad la Ley Nº 27.794, sancionada por el Congreso, la cual establecía que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sean distribuidos automáticamente entre las provincias de acuerdo a los coeficientes de coparticipación federal. Con esta medida, que fue publicada en el Boletín Oficial durante la madrugada, el Ejecutivo detiene la implementación de una norma largamente reclamada por mandatarios provinciales de todos los signos partidarios. Aunque ahora el Senado tiene la posibilidad de insistir con la ley si logra los dos tercios de los votos, el veto presidencial marca un nuevo momento de fuerte tensión entre la Nación y las provincias, justo cuando el gobierno buscaba recomponer sus vínculos con gobernadores, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto había sido aprobado por unanimidad o con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, con el respaldo de los 24 distritos, que reclamaban que los ATN, hasta ahora de distribución discrecional, se integraran al esquema automático de reparto conforme a la ley de coparticipación federal. Los gobernadores denuncian que los fondos fueron retenidos de hecho por la Casa Rosada, con arbitrariedad, lo que en ocasiones demoró o condicionó la asistencia financiera a sus provincias. El nuevo régimen, si hubiese entrado en vigencia, habría garantizado periodicidad, previsibilidad y proporcionalidad en la transferencia de esos recursos provinciales.
En los fundamentos del decreto de veto, firmado además por el presidente Milei, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, se sostiene que los ATN “constituyen un instrumento extraordinario y de aplicación discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional”, consagrado como tal en el artículo 99, inciso 1 de la Constitución, y en la Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal. Para el gobierno, modificar esta naturaleza implicaría “alterar la finalidad legalmente asignada a los Fondos de ATN y privar al Estado Nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”. Asimismo, se argumenta que convertir esos fondos en automáticos debilitaría la capacidad del Ejecutivo para responder ante contingencias como emergencias sanitarias, climáticas, crisis económicas o sociales.
El veto total al proyecto fue comunicado al Senado, cámara de origen de la iniciativa, lo que abre la instancia de una nueva discusión parlamentaria en la que la oposición ya anunció que intentará reunir los dos tercios necesarios para rechazar la medida presidencial y dejar firme la ley. Se prevé que esa sesión tenga lugar el 18 de septiembre. En paralelo, en Diputados se analiza convocar a una sesión especial para intentar también retrotraer otros vetos recientes del Ejecutivo, como los de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
La decisión presidencial se produce en medio de lo que el gobierno ha dado a conocer como una apertura al diálogo con las provincias. Justo el jueves por la tarde se concretó la puesta en marcha de una mesa federal de negociación, con reuniones con algunos gobernadores considerados aliados del oficialismo: Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el ministro de Economía, Caputo, fueron protagonistas del encuentro. Pero ese gesto de acercamiento fue percibido como contradictorio frente al anuncio expreso y posterior ejercicio del veto, lo que generó críticas incluso entre mandatarios que podrían tener afinidad política con el presidente.
Los mandatarios provinciales respondieron con malestar. Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, fue el primero en repudiar el veto, calificándolo de “otro desprecio a las provincias”, un “ataque al federalismo y a las autonomías provinciales”, y afirmando que los recursos de los ATN “legítimamente pertenecen a las provincias” y que el Estado nacional los retiene de modo ilegal. Otros gobernadores integrados al espacio de Provincias Unidas también manifestaron su desacuerdo, señalando que las provincias necesitan certeza financiera para planificar servicios básicos como salud, educación, seguridad y obras públicas, y que el modelo de distribución discrecional se ha convertido en una fuente de incertidumbre y desigualdad.
El contexto político de esta decisión incluye una derrota significativa del oficialismo en las recientes elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza sufrió una diferencia de más de un millón de votos frente al peronismo. El gobierno había señalado que aquel resultado implicaba una necesidad de revisar estrategias políticas, y que el diálogo con gobernadores sería parte de ese repliegue. Sin embargo, muchos ven en el veto una señal de que, más allá de las palabras, el Ejecutivo prioriza mantener el control sobre el gasto público, la flexibilidad financiera y la lógica de supervisión centralizada de los recursos nacionales.
Otra dimensión de la controversia es la situación fiscal nacional. El gobierno aduce que los ATN no representan un gasto adicional, sino una obligación discrecional que puede fluctuar año a año según las capacidades fiscales y las urgencias que surjan. Hacerlos automáticos implicaría fijar compromisos permanentes que podrían desbordar los recursos disponibles en momentos de caída de ingresos o de desequilibrios imprevistos. También advierte que la reforma parcial de reparto no resuelve lo que el Ejecutivo considera un problema estructural: la necesidad de una reforma integral de la coparticipación federal, tal como la que se prevé en un acuerdo más amplio, conocido como “Pacto de Mayo”.
El veto a la ley de ATN se suma a una serie de medidas recientes que generaron repercusiones fuertes entre actores sociales y políticos sensibles: el Ejecutivo ya había vetado o bloqueado leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, ambas sancionadas previamente por el Congreso, provocando protestas en los ámbitos universitarios y sanitario.
El gobierno anunció asimismo que el lunes próximo, a las 21 horas según fuentes oficiales, el presidente Milei presentará el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 por cadena nacional, lo que ratifica la intención de encarar el debate fiscal en el marco presupuestario anual, antes que mediante leyes parciales.
Mientras tanto, provincias de todo el país se preparan para las implicancias prácticas del veto: lo que está en juego es la regularidad en la llegada de fondos que muchas veces dependen de lo que el Ejecutivo decida en cada ocasión. En jurisdicciones con finanzas más débiles, la desaparición de certidumbre podría agravar problemas existentes en salud, infraestructura escolar, servicios básicos, obras, y mantenimiento competitivo de los servicios estatales. En este escenario, la presión política en el Congreso parece destinada a crecer, con la oposición enfática en insistir para que el veto sea rechazado, y con la posibilidad cierta de que el Senado logre los votos necesarios para dejar sin efecto la decisión presidencial.
El veto presidencial al reparto automático de los ATN no solo pone en evidencia un choque institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino que desnuda una clave central de la política de Milei: la tensión entre su discurso de federalismo y asistencia provincial por un lado, y su insistencia en mantener el orden fiscal, la flexibilidad presupuestaria y el control del gasto por el otro. Para los gobernadores, la medida representa un quiebre de expectativas generadas tras promesas de mayor previsibilidad y equidad financiera. Para el gobierno nacional, la medida es indispensable para sostener la capacidad de respuesta frente a lo inesperado, y para no comprometer lo que considera líneas rojas presupuestarias que podrían hacer peligrar la estabilidad macroeconómica. Cómo se resolverá este pulso dependerá de la capacidad de la oposición de consolidarse en el Congreso, de la respuesta de las provincias, y del margen político que Milei esté dispuesto a transigir en nombre del control fiscal en un año electoral clave.
