El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Tesoro Nacional acumularán una deuda conjunta estimada en 27.300 millones de dólares hasta el fin del actual mandato presidencial de Javier Milei, en caso de que las reservas netas lleguen a cero. Esta proyección implica que el Estado necesitaría en promedio unos 1.000 millones de dólares mensuales para sostener sus compromisos financieros internos y externos, en un contexto de reservas internacionales frágiles y un programa económico que busca equilibrar las cuentas públicas en medio de fuertes tensiones sociales y políticas.
La composición de esa cifra resulta de la suma de las obligaciones pendientes del Tesoro con el Banco Central, que representan aproximadamente 15.300 millones de dólares, y de los pasivos que el propio BCRA mantiene en su balance, principalmente por Letras Intransferibles y otros instrumentos financieros. Estos compromisos, aunque se desarrollan en el marco de operaciones intraestatales, impactan de manera directa sobre las reservas internacionales en la medida en que deben cancelarse o renovarse en moneda extranjera, afectando la solidez del balance de la autoridad monetaria.
Una parte significativa de esta deuda fue objeto de operaciones recientes destinadas a aliviar el peso financiero. El Gobierno concretó una recompra de Letras Intransferibles que estaban en poder del Banco Central por 12.000 millones de dólares, financiada con fondos obtenidos a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa operación incluyó títulos con vencimientos en 2025, 2026 y 2029, algunos de los cuales fueron cancelados por completo y otros parcialmente, lo que permitió reducir la exposición futura en dólares, aunque al costo de emplear reservas líquidas que también cumplen un rol clave en el respaldo de la moneda.
A fines de junio de 2025, la deuda consolidada del sector público nacional, que incluye al Tesoro y al BCRA pero excluye pasivos cruzados entre ambos, se ubicaba en 346.108 millones de dólares, equivalente a alrededor del 52 por ciento del Producto Bruto Interno. Sin la consolidación de estas cuentas, la deuda bruta trepaba a 465.355 millones de dólares, lo que representaba cerca del 70 por ciento del PBI medido al tipo de cambio oficial. Estos números, aunque más bajos que los picos registrados en otras gestiones, muestran que la sostenibilidad de la deuda continúa siendo uno de los principales desafíos para la política económica argentina.
El estado de las reservas internacionales es otro elemento determinante. Aunque las reservas brutas han mostrado cierta recuperación por desembolsos del FMI y otras operaciones de financiamiento, las reservas netas —es decir, las que efectivamente están disponibles para respaldar la moneda y atender compromisos externos— permanecen en niveles bajos. Las operaciones de recompra de deuda con el Banco Central, si bien mejoran el perfil de vencimientos, implican también el uso de divisas que podrían haberse destinado a reforzar la posición de liquidez frente a shocks externos.
El escenario proyectado hasta el final del mandato de Milei supone que se mantenga cierta estabilidad en variables críticas: que no haya un salto abrupto del tipo de cambio, que los compromisos con organismos internacionales se cumplan en tiempo y forma, que las tasas de interés en dólares no suban de manera desmedida y que el Tesoro logre refinanciar buena parte de sus obligaciones sin necesidad de recurrir a emisiones masivas que comprometan el equilibrio monetario. Si alguna de estas condiciones no se cumple, la carga de 27.300 millones de dólares podría aumentar considerablemente y generar mayores presiones sobre el tipo de cambio, la inflación y la actividad económica.
Los especialistas advierten que la única manera de evitar un agotamiento de las reservas netas es generar superávit de divisas mediante exportaciones crecientes, captación de inversiones extranjeras o acceso a financiamiento internacional en condiciones favorables. Además, se necesita una moderación en el gasto público que dependa de insumos importados o pagos en moneda extranjera, así como una mejora en la eficiencia tributaria que permita incrementar la recaudación sin sofocar la actividad productiva. Sin estos elementos, la deuda intra-Estado entre el Tesoro y el Banco Central puede convertirse en un problema real con consecuencias directas sobre la inflación, el poder adquisitivo y la estabilidad macroeconómica.
La política, como siempre, atraviesa el cuadro económico. La proximidad de las elecciones legislativas, la exigencia del FMI de acumular reservas y reducir el déficit, y las tensiones internas dentro de la coalición gobernante condicionan las posibilidades de maniobra del Ejecutivo. El Gobierno ha reiterado que mantendrá su compromiso con el equilibrio fiscal y con la reducción de la dependencia del financiamiento del Banco Central, pero los números muestran que esa tarea enfrenta obstáculos considerables. La deuda acumulada no solo es un problema financiero, sino también un condicionante político: limita las opciones del Gobierno para avanzar en reformas profundas y obliga a administrar con extremo cuidado cada dólar que ingresa al país.
La experiencia reciente indica que los gobiernos argentinos han recurrido de manera sistemática al Banco Central para financiar desequilibrios fiscales, generando una bola de nieve de compromisos internos que en los papeles pueden parecer manejables, pero que en la práctica presionan sobre las reservas y sobre la estabilidad de la moneda. La novedad en este caso es que la administración Milei, que llegó al poder con la promesa de terminar con la emisión monetaria para financiar al Tesoro, enfrenta el desafío de resolver un stock de deuda intra-Estado que se consolidó durante los últimos años y que, lejos de desaparecer, exige soluciones creativas para no comprometer la estabilidad futura.
En este marco, la estrategia oficial combina tres frentes: negociaciones con organismos internacionales para obtener nuevos desembolsos que permitan recomprar deuda en condiciones más favorables; un ajuste fiscal que busca alcanzar superávit primario lo antes posible; y un intento de recuperar la confianza de los mercados a través de señales de disciplina monetaria y de apertura económica. Sin embargo, cada una de estas estrategias enfrenta dificultades concretas. El FMI exige resultados inmediatos en acumulación de reservas y reducción del déficit, el ajuste fiscal genera resistencia social y política, y los mercados internacionales observan con cautela la viabilidad de un programa económico en un país con larga historia de crisis.
En definitiva, la deuda conjunta del Banco Central y el Tesoro hasta el fin del mandato de Javier Milei no es simplemente un número frío en las estadísticas oficiales. Es el reflejo de un entramado complejo de compromisos financieros, decisiones políticas y desafíos macroeconómicos que marcarán el rumbo de la economía argentina en los próximos años. Resolver ese desafío exigirá no solo disciplina fiscal y monetaria, sino también capacidad política para construir consensos y generar confianza en que esta vez el camino elegido puede conducir a una estabilidad más duradera.
