A pesar de la restitución del Ministerio del Interior y el llamado oficial a reconstruir la relación federal, los mandatarios provinciales priorizan el análisis del Presupuesto 2026 y la agenda legislativa antes de sentarse a la mesa de negociaciones.
Un manto de cautela y desconfianza se posó sobre la relación entre el Gobierno nacional y las provincias. Pese al reciente llamado al diálogo y los gestos de acercamiento como la restitución del Ministerio del Interior y el nombramiento de Lisandro Catalán, la mayoría de los gobernadores han decidido posponer cualquier tipo de negociación de fondo hasta bien entrado el mes de octubre. La postura de los mandatarios provinciales es clara: prefieren esperar a tener el panorama completo de la “Ley de Leyes” antes de comprometerse.
El gesto de la Casa Rosada fue interpretado como un intento por retomar el contacto y superar las tensiones de los últimos meses, que tuvieron su punto más álgido en la fallida Ley Ómnibus y el conflicto por el recorte de fondos a las provincias. El propio ministro del Interior, Lisandro Catalán, había adelantado que la intención de la administración de Javier Milei es fortalecer el vínculo con el interior del país para garantizar la gobernabilidad y la aprobación de un nuevo paquete de reformas.
Sin embargo, desde las gobernaciones, la respuesta ha sido una combinación de frialdad y pragmatismo. La mayoría de los mandatarios consultados coincidieron en que el principal punto de negociación es el Presupuesto 2026, presentado por el Gobierno. A pesar de los lineamientos generales del “déficit cero”, los gobernadores aguardan el detalle de las partidas, la actualización de fondos y el destino de las obras públicas antes de sentarse a negociar un acuerdo.
Fuentes cercanas a los gobernadores han señalado que, si bien hay predisposición para dialogar, la experiencia reciente les ha enseñado a ser prudentes. La postergación de las conversaciones, según este sector, no es un rechazo, sino una estrategia para llegar a la mesa de negociaciones con mayor claridad sobre los números y un mejor posicionamiento político. La agenda de reformas que el Gobierno busca impulsar, incluyendo la nueva Ley Ómnibus que se debate a nivel de comisiones, solo será posible con el consenso y el apoyo de las provincias. El desafío del Gobierno, en este escenario, es demostrar con hechos que el llamado al diálogo es genuino y que está dispuesto a ceder para lograr los acuerdos que necesita.
