La erosión salarial y el ajuste presupuestario impulsan un alarmante éxodo de oficiales y suboficiales, aunque el Gobierno minimiza el impacto. El sector advierte que la cifra equivale al 15% del total del personal.
Un informe interno de las Fuerzas Armadas ha puesto en evidencia una preocupante sangría de personal desde la asunción del Gobierno de Javier Milei. Más de 18.000 efectivos, entre oficiales y suboficiales, abandonaron las filas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La cifra, que asciende al 15% del total de las tropas operativas del país, enciende las alarmas entre los especialistas que ven comprometida la capacidad de operación militar.
Si bien el Ministerio de Defensa ha buscado relativizar la magnitud de las bajas, el éxodo es innegable. La salida masiva de militares se explica por una combinación de factores económicos y profesionales. El principal motivo, según las fuentes consultadas, es la profunda erosión salarial que sufre el personal militar, cuyo poder de compra ha caído drásticamente en el último año. Un oficial o suboficial de rango medio, que antes podía solventar los gastos de su familia, hoy no logra cubrir el costo de vida con su salario, lo que los obliga a buscar nuevas oportunidades en el sector privado.
A esta situación se suma el ajuste presupuestario que, aunque el Gobierno niega que afecte las capacidades operativas, ha impactado en la inversión y el mantenimiento de equipos. La falta de presupuesto para capacitación, viajes y operaciones ha generado un clima de desánimo en la fuerza.
Pese a este panorama, el gobierno ha minimizado el impacto de las bajas y ha señalado que el número de efectivos que se retiran por año se mantiene dentro de los promedios históricos, sin que ello signifique una merma en la capacidad operativa de las fuerzas. Sin embargo, la brecha entre la versión oficial y la realidad que se vive en los cuarteles es cada vez más grande. Los cuadros jerárquicos de las Fuerzas Armadas ven con preocupación el vaciamiento de personal, lo que pone en duda la capacidad de la institución para afrontar misiones de defensa o de asistencia humanitaria a futuro.
