La Justicia avanza sobre exfuncionarios y una cooperativa señalada por contrataciones fantasma que habrían generado un perjuicio sl estado superior a 550 millones de pesos.
Un nuevo escándalo golpea de lleno al sistema educativo santacruceño. Este martes se concretaron tres allanamientos simultáneos en Caleta Olivia y Pico Truncado, en el marco de una causa judicial que investiga un presunto fraude millonario contra el Estado provincial. La pesquisa apunta a contrataciones irregulares que, según los primeros cálculos, podrían haber drenado más de 550 millones de pesos del presupuesto destinado a escuelas.
Los operativos, dispuestos por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia, estuvieron a cargo de la División de Investigaciones local, bajo la órbita de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones. En Pico Truncado, la Justicia ordenó ingresar a dos domicilios clave: el del exdirector regional de Zona Norte del Consejo Provincial de Educación, José Alonso, y el de Mauro Ibarra, apoderado de la cooperativa Patagonia Ecology. Paralelamente, en Caleta Olivia, se allanó la vivienda de Exequiel Córdoba, presidente de la misma cooperativa.
La causa se originó a partir de la denuncia presentada por la actual presidenta del Consejo Provincial de Educación y busca esclarecer si durante la gestión de Chachi Velázquez, en 2023, se montó un esquema sistemático de contrataciones para servicios de desmalezamiento, limpieza, parquización y forestación en instituciones educativas de Pico Truncado, Caleta Olivia y Las Heras. La sospecha que guía la investigación es contundente: los trabajos no se habrían realizado o se habrían certificado de manera ficticia, mientras el Estado provincial desembolsaba sumas millonarias.
El expediente no solo involucra a la cooperativa Patagonia Ecology, sino que también pone bajo la lupa a exautoridades del propio Consejo Provincial de Educación. Además de Alonso, aparecen mencionados la encargada de mantenimiento, Silvana Aybar, y el secretario, Pablo Ruiz, quienes habrían tenido un rol en la aprobación y el pago de los contratos cuestionados.
La Justicia busca determinar si existió una maniobra organizada para simular servicios inexistentes, generando un vaciamiento que golpea directamente a la educación pública. Lo que debía traducirse en patios limpios, espacios seguros y entornos adecuados para estudiantes podría haber terminado convertido en facturas abultadas y cuentas sin respaldo.
El avance de la investigación abre un capítulo sensible para la administración provincial: no se trata de un área cualquiera, sino del sistema educativo, donde cada peso debería destinarse a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. En cambio, la sospecha es que esos fondos fueron usados como una caja negra. Ahora será la Justicia la que deba confirmar si detrás de esas contrataciones hubo simple negligencia o un esquema de corrupción estructurado que hizo de las escuelas el escenario de un fraude millonario.
