Una masiva movilización en las calles y el avance de debates clave en el Congreso marcan un momento crítico para la administración de Javier Milei. El Ejecutivo insiste en sostener su plan de ajuste y reformas, mientras crece la tensión con sectores sociales y legislativos.
El gobierno de Javier Milei enfrenta una coyuntura compleja signada por la convergencia de dos presiones: la social, expresada en una multitudinaria marcha de protesta, y la política, concentrada en un Congreso que empieza a discutir con mayor firmeza los proyectos y medidas impulsadas por el Ejecutivo.
La movilización reunió a miles de personas en distintos puntos del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las consignas se repitieron cuestionamientos al ajuste, la reducción de programas sociales y el impacto de las políticas económicas sobre jubilados, trabajadores y estudiantes. Los organizadores calificaron la marcha como una demostración de fuerza ciudadana frente a un modelo que consideran regresivo.
En paralelo, en el Congreso se abrió un frente igualmente desafiante para el oficialismo. Diputados y senadores de la oposición, e incluso algunos aliados circunstanciales, comenzaron a marcar diferencias en torno a la distribución del gasto, la orientación de las partidas y el alcance de las facultades solicitadas por el Ejecutivo. El debate sobre el presupuesto, la educación, la salud y la inversión social se transformó en un eje central de las discusiones parlamentarias.
Desde la Casa Rosada, la respuesta fue ratificar la estrategia: Milei insistió en que “el equilibrio fiscal no se negocia” y defendió el ajuste como condición indispensable para estabilizar la economía. Sin embargo, los efectos de esas medidas todavía no logran traducirse en mejoras palpables para amplios sectores de la población, lo que alimenta la protesta social y erosiona el clima político.
El escenario abre un interrogante sobre la capacidad del gobierno para sostener su hoja de ruta económica en medio de crecientes resistencias. La combinación de movilización popular y freno parlamentario configura uno de los momentos más delicados desde el inicio de la gestión, en el que el oficialismo se ve obligado a negociar, sin perder de vista que su capital político depende de mostrar resultados concretos.
