Ante el cierre de acceso a los mercados internacionales, el Ejecutivo recurre al uso creciente de letras y bonos capitalizables que no entran en los balances fiscales tradicionales. Economistas advierten que esa estrategia podría agravar las tensiones macroeconómicas y erosionar la transparencia estatal.
El Gobierno argentino enfrenta la limitación de financiamiento externo: los mercados internacionales están vetando su acceso a crédito convencional. Frente a esta restricción, según Clarín, apuesta por emitir deuda “por debajo del radar” —mediante letras y bonos capitalizables— con el fin de ocultar el verdadero tamaño del déficit fiscal.
Estas emisiones no aparecen de inmediato en los balances fiscales convencionales, lo que permite que el déficit parezca menor o “controlado”. Sin embargo, los compromisos existen y su acumulación puede generar presiones inflacionarias, costes financieros crecientes, y riesgos reputacionales para el país.
El mecanismo al que se recurre incluye bonos cuyos intereses se capitalizan, de modo que los pagos no se efectúan de forma inmediata sino que se acumulan para ser saldados en el futuro. Eso alarga las obligaciones del Estado y amplía su pasivo, aunque no impacta directamente en los ingresos y egresos actuales con la claridad que lo harían otras emisiones reconocidas públicamente.
Los críticos de la estrategia advierten que, si bien puede funcionar como un “amortiguador político” en el corto plazo —evita tener que enfrentar críticas inmediatas por déficit excesivo—, también corre el riesgo de alimentar desconfianza en inversores, acreedores externos y organismos internacionales. Aunado a eso, la acumulación de deuda no transparente aumenta la vulnerabilidad ante choques económicos externos.
Desde el Ejecutivo, la justificación gira en torno a la urgencia de mantener liquidez y evitar colapsos financieros mientras se aplican reformas. Sostienen que, sin estos instrumentos, las obligaciones del Estado no podrían sostenerse en el contexto actual de restricciones crediticias y alta tasa de interés global.
El debate ya está abierto en ámbitos técnicos y políticos: economistas solicitan mayor claridad en la forma en que se contabiliza esta deuda, así como responsabilidad del Congreso para hacer un seguimiento más transparente. Para muchos, lo que está en juego no es solo la eficacia de la política fiscal, sino la confianza pública y la institucionalidad financiera.
