El senador nacional por Santa Cruz, José María Carambia, volvió a quedar en el centro de la escena política tras la polémica decisión del Gobierno de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma, sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, había sido presentada como un avance histórico para garantizar derechos básicos a miles de personas con discapacidad en la Argentina. Sin embargo, el Decreto 681/2025 dispuso frenar su implementación, argumentando un costo fiscal estimado en más de 3 billones de pesos —equivalente al 0,35 % del PBI— y condicionando su entrada en vigencia a que el Congreso defina fuentes concretas de financiamiento.
Un compromiso incumplido
Carambia había advertido públicamente la semana pasada que, si el presidente Javier Milei no cumplía con la puesta en marcha de la ley, sería el primero en impulsar un juicio político en su contra. “No vamos a permitir en Santa Cruz que la gente con discapacidad siga en estas condiciones”, había declarado. Para el legislador, la suspensión constituye un incumplimiento directo a lo aprobado por el Parlamento y a lo que ya había sido promulgado por el Ejecutivo.
Escalada política y judicial
El conflicto no solo escala en el plano político. Diversos sectores sociales y familiares de personas con discapacidad recurrieron a la Justicia, y el juez federal Adrián González Charvay declaró inválido el veto presidencial que inicialmente había intentado frenar la norma. En paralelo, se presentó una denuncia penal contra el presidente Milei y varios de sus funcionarios por la demora en la reglamentación e implementación de la ley.
Carambia, en sintonía con estas acciones, advirtió que si el Ejecutivo persiste en no cumplir lo dispuesto por el Congreso, avanzará con el pedido de juicio político. Su postura, además, genera expectativa sobre el rol que jugarán las otras representantes de Santa Cruz en la Cámara Alta: la senadora Natalia Gadano y la exgobernadora Alicia Kirchner, con quienes podría articular una estrategia legislativa común.
La pulseada por la ley
Mientras tanto, miles de personas con discapacidad y sus familias siguen a la espera de medidas concretas. La ley existe, pero su aplicación quedó suspendida en medio de la disputa entre el oficialismo y la oposición. El trasfondo revela una fuerte pulseada entre el Ejecutivo, que argumenta restricciones fiscales, y un Congreso que insiste en que los derechos básicos no pueden estar supeditados a cálculos presupuestarios.
Carambia, con un discurso desafiante hacia el Gobierno, aparece como uno de los protagonistas de un debate que atraviesa no solo lo político y lo económico, sino también lo social y lo humano. El futuro de la ley y la posibilidad de un juicio político contra el presidente quedan ahora en el centro de un escenario cargado de tensión institucional.
