La norma, que había sido restituida por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial, quedó en suspenso por falta de financiamiento. El Ejecutivo advirtió que no la pondrá en marcha hasta que se definan partidas presupuestarias específicas.
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero al mismo tiempo suspendió su aplicación por considerar que no existen fuentes de financiamiento suficientes para cubrir los costos que implica. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
La norma había sido vetada por el presidente Javier Milei, aunque el Congreso rechazó esa decisión y volvió a darle vigencia. Su objetivo es atender los reclamos de prestadores y familias de personas con discapacidad, que denuncian demoras en los pagos y falta de actualización de aranceles.
Entre otros puntos, la ley prevé regularizar deudas con prestadores, otorgar una compensación de emergencia, actualizar las pensiones no contributivas y destinar recursos a talleres de producción para personas con discapacidad.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo aclaró que la norma no se aplicará hasta tanto el Parlamento defina una partida específica en el Presupuesto. Según estimaciones oficiales, el costo fiscal ascendería a 2,1 billones de pesos en 2025 —equivalente al 0,26 por ciento del PBI— y a más de 4,7 billones en 2026, alrededor del 0,47 por ciento del producto.
De ese total, unos 278.000 millones serían necesarios para la compensación de emergencia a prestadores, mientras que más de 7.000 millones se destinarían a talleres de producción. El Ejecutivo sostuvo que la facultad de reasignar partidas al jefe de Gabinete no alcanza como fuente “concreta y suficiente” para afrontar los gastos.
Organizaciones de personas con discapacidad y prestadores criticaron la decisión oficial y advirtieron que la postergación mantiene en situación de vulnerabilidad a miles de familias que dependen de estos servicios. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió que la ley no será reglamentada hasta que el Congreso defina el financiamiento correspondiente.
La sanción de la norma fue considerada un avance legislativo, pero la suspensión de su aplicación dejó en suspenso las expectativas de un sector que reclama respuestas urgentes.
