El fiscal federal Franco Picardi presentó este martes ante el juez Sebastián Casanello un dictamen para rechazar el pedido de nulidad absoluta formulado por los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, implicados en la causa por presuntas coimas vinculadas con compras de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según Picardi, el planteo de la defensa busca “entorpecer” una investigación que calificó como de “especial importancia para la sociedad”, en particular para las personas con discapacidad.
La demanda de nulidad había sido presentada por el abogado Martín Magram, quien argumentó que la causa se fundamenta en audios presuntamente obtenidos de modo ilegal, que vulnerarían el derecho a la intimidad y, según su versión, que parte de los hechos implicados ya habían sido objeto de pesquisas sin irregularidades. También sostuvieron que la defensa de las claves de sus teléfonos obedece a razones de privacidad.
Picardi rechazó esas afirmaciones como “erróneas, contradictorias y carentes de sustento evidencial” y afirmó que la nulidad solicitada es un intento de obstaculizar el avance del expediente. Señaló que la denuncia original contenía “datos precisos” sobre posibles maniobras y personas involucradas, que las grabaciones difundidas son de interés público, y que el propio Poder Ejecutivo reconoció la gravedad del caso al apartar al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, y al exfuncionario Diego Garbellini.
La causa se originó a partir de audios filtrados en los que Spagnuolo, que hasta ese momento dirigía el organismo, describía un posible circuito de retornos del 3 al 8 % sobre lo facturado por la Suizo Argentina, cuyos destinatarios señalados incluían a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem. Con esas grabaciones como punto de partida, se ordenaron allanamientos, secuestros de dispositivos electrónicos y, hasta hace pocos días, la suspensión del acceso al expediente por el secreto de sumario.
El secreto de sumario fue levantado recientemente, lo que permitió a las partes acceder al contenido del expediente y profundizar la investigación. En ese tramo procesal ya se ha informado que los investigadores revisan contratos, licitaciones preadjudicadas y pagos vinculados a la Suizo Argentina, algunos de los cuales suman miles de millones de pesos.
Por su parte, Spagnuolo ya cuenta con defensor oficial: la abogada Florencia Plazas fue designada tras la renuncia de otros letrados que habían asumido su defensa.
El juez Casanello tiene ahora la potestad de decidir si hace lugar al planteo de nulidad o continúa con el proceso. Fuentes judiciales anticipan que podría seguir la línea del fiscal. En caso de rechazo, la defensa podría recurrir esa decisión ante la Cámara Federal, que evaluaría la validez de las pruebas y los argumentos esgrimidos por las partes.
El escándalo ha generado un fuerte revuelo político. La oposición exige que el Congreso investigue las compras vinculadas a discapacidad y la estrecha cercanía entre algunos de los protagonistas del caso y el núcleo del poder. Entre los pedidos presentados figura el de revisar las licitaciones preadjudicadas a la Suizo Argentina por un monto cercano a 8.823 millones de pesos.
Este episodio marca un momento crítico para el Gobierno, ya que involucra denuncias que alcanzan al círculo más cercano de la presidencia y cuestionan no solo el accionar administrativo interno, sino también la credibilidad de las promesas anticorrupción que suelen expresar los funcionarios. En la próxima etapa procesal, el cronograma judicial y las decisiones del juez Casanello serán determinantes para el destino de esta causa.
