La familia Menem vuelve a estar en el centro de la escena judicial argentina, esta vez vinculada a denuncias que sacuden al oficialismo libertario. La investigación sobre supuestas maniobras irregulares en la obra social de los trabajadores rurales (UATRE) expuso vínculos directos entre el interventor designado por el Gobierno y Eduardo “Lule” Menem, primo del fallecido expresidente, además de Karina Milei, hermana y mano derecha del presidente.
La denuncia de UATRE sostiene que desde la Casa Rosada se montó un “plan criminal” para controlar al gremio y direccionar beneficios. Los mensajes aportados por los denunciantes muestran que el propio interventor reconocía actuar bajo la línea de Lule Menem y Karina Milei. La revelación se sumó al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde se investiga un esquema de coimas en contrataciones con la droguería Suizo Argentina. Allí, un consultor del oficialismo aseguró ante la Justicia que el tres por ciento de las sumas desviadas estaba destinado a la Casa Rosada y que Lule Menem recibía sumas millonarias mensuales.
Los Menem, en tanto, ya aparecen mencionados en diversos expedientes federales vinculados a irregularidades en organismos como ANSES y PAMI. El avance de las pesquisas judiciales alimenta la hipótesis de un entramado político–económico operado desde el corazón del poder libertario, con Lule Menem como figura clave en la articulación.
El apellido Menem arrastra un extenso prontuario judicial. El propio expresidente enfrentó causas por venta ilegal de armas, sobresueldos y la privatización del predio ferial de Palermo. Aunque fue condenado en tres ocasiones, ninguna sentencia quedó firme antes de su muerte en 2021. Su nombre también reaparece en el expediente del encubrimiento del atentado a la AMIA, donde resultó absuelto en el segundo juicio.
Hoy, los tribunales federales buscan establecer responsabilidades sobre un esquema que, bajo el discurso del “libertarismo”, habría servido para favorecer negocios particulares. El levantamiento parcial del secreto de sumario ya permitió conocer testimonios e intercambios que comprometen a operadores del Ejecutivo, mientras las defensas apelan a nulidades procesales y a la supuesta ilegalidad en la obtención de audios.
El Gobierno, en paralelo, intenta contener el impacto político y blindar a su círculo más cercano. Pero el efecto de estas causas ya trasciende lo judicial: la sospecha sobre la trama Menem-Milei amenaza con convertirse en un factor de inestabilidad, al reavivar viejas discusiones sobre corrupción, privilegios e impunidad en las más altas esferas del poder argentino.
