El desembolso financiero ofrecido por la administración de Donald Trump no solo representa un salvavidas para la economía argentina, sino también una exigencia política insoslayable para el gobierno de Javier Milei: la necesidad de pactar con el Congreso y los gobernadores para sostener la coalición que impulse las reformas.
El crédito —valor estimado en decenas de miles de millones de dólares según fuentes oficiales y medios internacionales— llega en un momento de máxima fragilidad institucional y económica para la Argentina. Aunque el monto exacto aún es objeto de negociación, el respaldo estadounidense ha sido interpretado como una señal de confianza exterior hacia el plan de ajuste del nuevo gobierno.
Sin embargo, lo que en un primer momento podría pensarse como un auxilio casi sin condiciones, se ha convertido rápidamente en una espada de Damocles política. Distintos gobernadores provinciales advierten que no será suficiente con la llegada de fondos: exigirán modificaciones en la distribución federal y mayores garantías de autonomía para las jurisdicciones provinciales.
Ya antes de este giro externo, las relaciones entre el Ejecutivo nacional y los mandatarios provinciales estaban en tensión. El gobierno de Milei había vetado una ley de financiamiento provincial que regulaba la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que fue considerado por los gobernadores como una afrenta directa contra su autonomía fiscal. Esa medida provocó una contundente reacción legislativa: en septiembre, el Senado rechazó ese veto presidencial con 59 votos contra 9, en una demostración clara de que la mayoría de los mandatarios no estaba dispuesta a ceder sin condiciones.
Ahora la presión de los mandatarios se torna doble: por un lado, aceptan la intervención de Washington como una suerte de salvataje legitimador del plan de gobierno; por otro, no están dispuestos a avalar acuerdos donde cedan prerrogativas fundamentales sin contraprestaciones. Esa tensión arrastra inevitablemente al Congreso. Milei necesitará sumar apoyos para que las leyes que planea —más allá del ajuste fiscal— tengan viabilidad política. Y esos votos seguramente vendrán acompañados de cláusulas de redistritación, fondos discrecionales o mayores márgenes de autonomía.
Desde Casa Rosada admiten que el “próximo paso” será el diálogo con las provincias. Las negociaciones ya se habrían iniciado con gobernadores “peronistas moderados” y algunos distritos clave que pueden torcer el resultado en el Parlamento. El objetivo es claro: convertir el auxilio externo en una hoja de ruta interna, que permita sostener las reformas sin quedar presos del rechazo legislativo o de los mandatarios que lo rodean.
Pero los obstáculos no son menores. Si bien la oposición en el Senado demostró contundencia al torcer vetos presidenciales, el oficialismo todavía cuenta con herramienta para responder políticamente: presión mediática, promesas de inversiones y reparto discrecional de fondos por medio de decretos (una práctica ya criticada en la transición del gobierno).
En el fondo, el préstamo de Trump pone de manifiesto una paradoja: aunque refuerza la hoja de ruta económica del gobierno, impone una dependencia política que Milei no puede eludir. No basta con que los recursos lleguen; ahora hay que construir soportes institucionales, tejer alianzas con los gobernadores y lograr que el Congreso acompañe. Y eso exige ceder cierto control, negociar poder por poder y demostrar que la transformación no será verticalista, sino federal.
