Se confirmó este sábado la detención en Bolivia de Lázaro Víctor Sotacuro, identificado como el quinto sospechoso vinculado al sangriento triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. El arresto se produjo en un hostal de la ciudad de Villazón, a apenas 600 metros de la frontera con Argentina, según fuentes oficiales.
Sotacuro, de nacionalidad peruana con posibles vínculos locales, aparece implicado en la causa como quien habría manejado un Volkswagen Fox que sirvió de apoyo logístico al vehículo principal utilizado para el traslado de las víctimas. Las jóvenes —identificadas como Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20)— habían sido secuestradas tras concurrir a lo que creyeron una fiesta, llevadas engañosamente hacia el sur del Gran Buenos Aires, torturadas, asesinadas y enterradas en una vivienda de Villa Vatteone.
El operativo de captura fue posible tras intensas tareas de investigación entre autoridades argentinas y bolivianas. Sotacuro había cruzado por territorio boliviano desde La Quiaca, y fue localizado en el hostal tras recorrerse alojamientos de Villazón con intervención de la policía local e Interpol. Luego de su arresto, fue trasladado primero al hospital “Dr. Jorge Uro” en La Quiaca para realizar exámenes médicos, y posteriormente derivado a la seccional policial de Jujuy, donde permanece a disposición de la justicia nacional.
Con esta detención, la causa suma cinco imputados en un expediente que ya contaba con cuatro arrestados: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27). Estos acusados permanecen alojados en la cárcel de Melchor Romero mientras avanza la instrucción.
El expediente judicial cambió recientemente de mando: la investigación ahora recae en el fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional especializada en homicidios de La Matanza, en reemplazo de Gastón Duplaá. Paralelamente, se emitió un pedido de captura internacional para Matías Agustín Ozorio, considerado la mano derecha del presunto jefe narco conocido como “Pequeño J”, quien habría ordenado las ejecuciones.
En la documentación judicial figura que el juez de Garantías de La Matanza autorizó la IPP (Investigación Penal Preparatoria) contra Ozorio y otros, imputados por homicidio agravado con concurso premeditado, alevosía, ensañamiento y violencia de género, al atacar en forma conjunta a las víctimas mujeres.
Fuentes de la fiscalía y fuerzas de seguridad estiman que el móvil del crimen está ligado al narcotráfico: se investigan hipótesis que van desde un robo de estupefacientes o plata hasta una represalia interna dentro de la banda. Se sospecha que las jóvenes cayeron en una trampa.
Mientras tanto, las familias de las víctimas emprendieron actos fúnebres y marchas exigiendo “Justicia por Brenda, Morena y Lara”, en medio del repudio social por la violencia brutal ejercida.
El avance del caso genera más preguntas que certezas: ¿lograrán las autoridades capturar a “Pequeño J”? ¿Habrá nuevos cómplices prófugos? Y, sobre todo, ¿se hará justicia para las tres jóvenes cuya muerte sacudió al conurbano bonaerense?
