El máximo tribunal enfrenta un escenario crítico: 28 jueces dejaron sus cargos en lo que va del año, diez más llegarán al límite constitucional de edad en 2026 y el Ejecutivo aún no envió los pliegos de reemplazo. La parálisis amenaza con desarticular el sistema judicial.
La Corte Suprema y el sistema judicial federal atraviesan un proceso de vaciamiento que alarma a magistrados y especialistas. En lo que va de 2025 ya se concretaron 28 renuncias de jueces nacionales y federales, y se proyecta que para 2026 al menos diez magistrados quedarán fuera por superar los 75 años, edad máxima para permanecer en el cargo. Con este panorama, las vacantes treparían al 38 %, un nivel que haría prácticamente inviable el funcionamiento del Poder Judicial en instancias claves.
El escenario se agrava por la inacción del Gobierno. El presidente Javier Milei no envió al Senado los pliegos de candidatos seleccionados por el Consejo de la Magistratura, a pesar de que varias ternas están listas para su tratamiento. La falta de decisión política paraliza la cobertura de juzgados y cámaras, dejando centenares de causas en suspenso y generando un cuello de botella que compromete la administración de justicia.
La fallida designación de Manuel García-Mansilla, nombrado en comisión por decreto y obligado a renunciar tras el rechazo del Senado, es el ejemplo más claro de la improvisación oficialista. Desde entonces, el Ejecutivo congeló el envío de postulaciones para evitar un nuevo revés parlamentario, aun a costa de mantener desintegrado al máximo tribunal.
Mientras tanto, en distintos fueros ya no existen conjueces disponibles para cubrir suplencias y muchas salas no logran reunir mayoría para dictar sentencia. El sistema se encuentra trabado en su propia parálisis: causas sensibles quedan sin resolución y la inseguridad jurídica se multiplica.
La crisis no es solo institucional. También golpea de lleno en la confianza de la ciudadanía. Un Poder Judicial con más de un tercio de sus cargos vacantes y un Gobierno que se niega a cubrirlos pone en jaque la división de poderes y abre un escenario de incertidumbre política y legal sin precedentes desde la recuperación democrática.
