La magistrada de Nueva York desestimó reclamos por los años 2014-2016 y rechazó acusaciones de mala fe, pero dejó abierto el debate sobre los pagos posteriores a 2016. El país aún enfrenta una demanda que podría alcanzar los US$ 6.000 millones.
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, emitió un nuevo fallo en el extenso litigio por el denominado Cupón PBI, un instrumento financiero atado al crecimiento económico que se emitió durante el canje de deuda de 2005. La resolución fue considerada un triunfo parcial para la Argentina, ya que dejó sin efecto varios de los reclamos presentados por los acreedores, aunque al mismo tiempo mantuvo abierta la posibilidad de un juicio sobre la cuestión más delicada: los pagos que se reclaman por los años posteriores a 2016.
En su dictamen, Preska rechazó las acusaciones de mala fe contra el Estado argentino y desestimó por prescripción los reclamos vinculados a los períodos 2014, 2015 y 2016. Asimismo, declaró inválidas ciertas demandas por incumplimiento de requisitos contractuales, lo que representa un alivio para la defensa del país. Sin embargo, la magistrada no dio por cerrado el litigio y sostuvo que la discusión sobre los cálculos de crecimiento económico posteriores a 2016 constituye una “cuestión de hecho” que deberá resolverse en juicio.
El Cupón PBI fue diseñado como un incentivo para los acreedores tras la reestructuración de deuda de 2005, garantizando pagos adicionales si la economía argentina crecía por encima de un umbral determinado. Los demandantes sostienen que en 2013 el Gobierno cambió la base de cálculo del Producto Bruto Interno, pasando del año base 1993 al año base 2004, con el objetivo de reducir las tasas de crecimiento y así evitar el disparo de los pagos. Desde entonces, distintos grupos de inversores iniciaron demandas en Nueva York reclamando sumas que, en conjunto, podrían superar los 6.000 millones de dólares.
La decisión de Preska se suma a otros antecedentes recientes en los tribunales estadounidenses. En agosto, la Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó un recurso de los acreedores que buscaban revertir un fallo favorable a la Argentina, que había evitado un pago potencial de unos 500 millones de dólares. Ahora, el escenario judicial se centra en determinar si los cálculos posteriores a 2016 se ajustaron a lo estipulado en los contratos originales.
Para especialistas como el analista Sebastián Maril, el fallo implica que “la serie continúa, salvo para los años de 2014 a 2016, que quedaron definitivamente cerrados”. En tanto, el abogado Sebastián Soler señaló que la jueza “no le da la razón a ninguna de las partes en los años posteriores a 2016, sino que deja la definición para el juicio, en donde deberán evaluarse las metodologías de cálculo del PBI”.
De esta forma, la Argentina logró acotar el alcance del litigio y desactivar parte de las demandas, aunque aún enfrenta el tramo más complejo del caso. El futuro del Cupón PBI dependerá de la próxima instancia judicial, en la que se discutirán peritajes económicos, contratos y bases estadísticas. Mientras tanto, el país seguirá expuesto a un reclamo multimillonario que aún no tiene resolución definitiva.
