El Ejecutivo prepara una reforma que apunta a reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese, limitar el derecho de huelga y flexibilizar contratos. El proyecto ingresará al Congreso en diciembre y ya genera rechazo sindical y advertencias jurídicas.
El Gobierno nacional prepara una reforma laboral de alcance estructural que promete reconfigurar de manera profunda la relación entre empleadores y trabajadores. El plan oficial, que se presentará en el Congreso el próximo 15 de diciembre, incluye la modificación de normas históricas vinculadas a despidos, contrataciones y huelgas.
Entre las principales iniciativas aparece la sustitución del actual sistema de indemnizaciones por la creación de un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo que funcionaría con aportes mensuales de las empresas administrados en productos de inversión colectiva. De esta manera, se busca reducir los costos de despido y al mismo tiempo “dar previsibilidad” al sector empresario.
El proyecto también contempla cambios en los regímenes de contratación, con la ampliación del período de prueba y la posibilidad de desvinculación laboral con menores cargas para los empleadores. A la vez, el Ejecutivo busca limitar el derecho de huelga, obligando a garantizar hasta un 75 % de la prestación de servicios en actividades consideradas esenciales, y ampliando la lista de sectores estratégicos que deberán continuar funcionando aun en medio de medidas de fuerza.
La estrategia oficial se apoya en la nueva correlación de fuerzas parlamentarias, que se consolidará a partir de diciembre. Sin embargo, el rechazo sindical no se hizo esperar. Las principales centrales obreras advirtieron que la eliminación de la indemnización tradicional implicaría un retroceso en materia de derechos laborales y anticiparon protestas en la calle.
En paralelo, juristas y constitucionalistas señalaron que las restricciones al derecho de huelga podrían colisionar con la Constitución y con convenios internacionales firmados por el país, lo que abriría la puerta a impugnaciones judiciales.
La reforma proyectada se inscribe en una línea ya ensayada por el Ejecutivo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que declaró la emergencia pública y otorgó amplias facultades para modificar regulaciones económicas y laborales. Ese antecedente, que aún genera controversia, sirve como antesala al debate legislativo que se avecina.
De esta manera, el Gobierno apuesta a consolidar un nuevo marco laboral que, según sus promotores, favorecerá la formalidad y la inversión, aunque para sus críticos constituye un intento de desmontar protecciones históricas de los trabajadores. El resultado del debate en el Congreso será clave para definir el rumbo de las relaciones laborales en la Argentina de los próximos años.
